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Salvatore Mancuso Gómez, exjefe paramilitar y excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es, como él mismo lo dice, un hombre libre “y sin pendientes con la justicia”. Esa afirmación es cada vez más cierta, pues los enredos y deudas judiciales que tenía en el país están día a día más claros y lo han favorecido distintas instancias. Dentro de lo más reciente está la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional que dirimió el conflicto de competencia que había entre las Salas de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ambas reclamando tener la última palabra sobre los expedientes y libertad de quien alguna vez fue aliado del temido clan Castaño.
En contexto: Salvatore Mancuso: casos contra el exparamilitar quedarán en Justicia y Paz
La decisión de la alta corte fue que los casos contra Mancuso quedarán en Justicia y Paz. La última palabra se dio en la noche del pasado jueves 8 de agosto, después de cinco meses de estar en el despacho de la magistrada Diana Constanza Fajardo. La decisión no era fácil, porque fue la primera vez en la historia judicial del país en la que dos jurisdicciones especiales, creadas a partir de procesos de paz (Justicia y Paz con paramilitares y la JEP con la guerrilla de las FARC), se disputaron los procesos contra una misma persona. Sin embargo, la Sala Plena votó. Ocho magistrados votaron dándole la razón a Justicia y Paz, mientras que solo uno se apartó de la mayoría, considerando que la JEP debía ser la encargada de llevar los procesos.
La ponencia que lideró la magistrada Fajardo se fundamentaba en que Mancuso se acogió a un proceso de paz desde 2004, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez adelantó diálogos y llegó a acuerdos con grupos paramilitares para que dejaran las armas, tal como quedó escrito en la Ley 975 de 2005. Esa postura fue respaldada por siete magistrados, quienes compartían que Justicia y Paz debe seguir siendo el juez natural del excomandante de las AUC. Sin embargo, para el magistrado Vladimir Fernández, quien fue el único que dio su voto a favor de la JEP, Mancuso debía ser procesado por la otra jurisdicción, ya que lo habían admitido y dentro de sus compromisos estaba el de aportar verdad sobre el conflicto armado.
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Hace apenas un mes, el futuro del exjefe paramilitar parecía incierto. La libertad que esperaba obtener al llegar a Colombia tras haber sido nombrado como gestor de paz por Gustavo Petro estaba enredada y, además, dos jurisdicciones especiales, en un hecho sin precedente en el país, se peleaban por adelantar los casos pendientes en su contra. Su libertad llegó el pasado 10 de julio por orden de Justicia y Paz, después de que la JEP, que había dicho que Mancuso no podía quedar libre solo por haber sido designado como gestor de paz, y que se debía esperar la decisión de la Corte, se echara para atrás y explicara que como jurisdicción no podían decidir sobre la privación de su libertad.
Ahora que Mancuso está libre y la Corte Constitucional decidió, las dudas son otras. Con lo definido por la Sala Plena del alto tribunal, se cae totalmente la aceptación del exjefe paramilitar en la JEP, otro hecho que fue controversial en su momento, pues fue acogido como “bisagra”, es decir, como articulador de la relación entre paramilitares y fuerza pública. Mancuso no solo fue el primer exparamilitar en ser aceptado en la JEP, tambien fue la primera persona en la historia de la jurisdicción en ser aceptado bajo esa figura. Esa condición lo obligaba a comparecer y aportar con verdad, lo cual, ahora, está en duda, pues, al retornar totalmente a Justicia y Paz, no tiene ninguna obligación de hablar en otra jurisdicción.
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Tras haber recuperado la libertad, Mancuso dio una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, dijo que estaba comprometido con contribuir al proyecto de paz total del actual gobierno y con aportar verdad en la JEP sobre las relaciones del paramilitarismo con la fuerza pública. Este diario consultó fuentes al interior de la JEP y manifestaron que acatarán inmediatamente la decisión de la Corte Constitucional y remitirán todos los expedientes que tengan a Justicia y Paz, jurisdicción que también podrá decidir si le permiten al exjefe paramilitar aportar verdad en la JEP, en caso de que él realmente decida hacerlo.
Lo que sí podrá hacer la JEP ahora que se quedó sin la competencia para llevar casos contra Mancuso es llamarlo en calidad de testigo. Aunque fue derrotada en la Corte Constitucional, a la jurisdicción transicional se le abrió la oportunidad de que Mancuso hable en más macrocasos, no solo el 08 —que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado en alianza con paramilitares— a través del cual había aterrizado en la JEP, sino, por ejemplo, también en el 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), en el cual desde 2021 había pedido ser escuchado como testigo.
El inconveniente que podría presentarse es que como ahora no tendrá beneficios por hablar, el exparamilitar está en todo su derecho de guardar silencio sobre todo lo que sabe, aunque, hasta ahora, no lo ha hecho y ha expuesto a empresarios, políticos y militares como supuestos cómplices del paramilitarismo.
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Lo que sí queda confirmado con la decisión de la Corte es su libertad, pues Justicia y Paz desde el 9 de mayo había ordenado que se sustituyeran cada una de las 57 medidas de aseguramiento que había en contra del antiguo líder paramilitar. Lo que hicieron fue reemplazarlas por medidas no privativas de la libertad. Ahora, queda por verse cómo adelantará su gestoría de paz, la cual le fue encomendada directamente por el presidente Petro para que ayudara a tender puentes entre grupos de origen paramilitar como el Clan del Golfo o las Autodefensas de la Sierra Nevada.
Hasta su última aparición en público, el pasado 10 de julio, aseguró que está a la espera de la llamada del jefe de Estado para iniciar sus labores. Por ahora, mientras llega la llamada de la Casa de Nariño, Mancuso está en Antioquia descansando, como lo dio a conocer él mismo.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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