El abogado y exfiscal Antonio Luis González, famoso por llevar el caso del asesinato de Andrés Colmenares, fue sancionado por la Comisión de Disciplina Judicial. Según la Comisión, el abogado habría realizado múltiples acciones para dilatar el proceso y no permitir que se realizaran audiencias en el caso en el que él defendía a Johanna Paola Bocanegra Olaya, exalcaldesa Local de Fontibón.
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De acuerdo con la Comisión, González Navarro, abusó “de las vías de derecho e injuriar al servidor público que tenía a cargo el proceso, faltas contempladas en el Código Disciplinario del Abogado”. Por dichas faltas, fue suspendido por 12 meses como abogado, es decir, no podrá ejercer la profesión durante un año.
Según el documento sancionatorio, el abogado “en total propuso 11 solicitudes de aplazamiento, cuatro nulidades de lo actuado y una quinta frente al auto que citó a una audiencia, interpuso dos recursos de reposición infundados e inclusive recusó al Personero en dos oportunidades, con lo cual logró impedir que el proceso tuviera un normal desarrollo”.
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Adicionalmente, el exfical habría irrespetado al Personero Delegado en el caso, a pesar de las peticiones de guardar mesura al referirse a él. González Navarro aseguró que el personero tenía intereses de “abusar del poder”, “tener un interés distinto a la Ley” y “seguir un procedimiento arbitrario”, lo que para la Comisión fue “una evidente intención de dañar la integridad moral del servidor, irrespetos que llevó también a la audiencia pública”.
Por estas acciones, la Comisión determinó que “el profesional tuvo la intención de dilatar el proceso, pues si la actuación del disciplinado, hubiera estado dirigida únicamente a garantizar que su defendida rindiera versión libre antes de los alegatos de conclusión, para ello no necesitaba extender el proceso por más de un año”.
Según la sanción, el exfiscal optó por tener un comportamiento “antiético”, ya que “en la medida que durante los 14 meses que actuó en defensa de la doctora Bocanegra Olaya, fue evidente su abuso, con el único fin deliberado de retardar una decisión de fondo”. Además, cuando asumió la defensa de la exalcaldesa local, “solo estaba pendiente alegar de conclusión, acto que se agotaba en la audiencia pública que fue reprogramada en múltiples oportunidades”.
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