Sancionan a fiscal por solicitar prisión domiciliaria para papá de niña abusada

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Foto: Archivo

El fiscal Luis Fernando Torres, funcionario judicial en Guaviare, fue sancionado por un mes por orden de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Lo hallaron responsable disciplinariamente por solicitar una medida de aseguramiento a todas luces injusta en medio del proceso contra el ciudadano José Otoniel Quintana, quien en agosto de 2015 fue capturado por abusar de su hija menor de 14 años.

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La historia comienza el 21 de agosto de 2015. Entonces, José Otoniel Quintana fue capturado e imputado por acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. La víctima fue su propia hija. Al fiscal Luis Fernando Torres, seccional de Puerto Inírida (Guaviare) le correspondió conocer el caso y hacerse caso de la audiencia de medida de aseguramiento. A pesar de que se trató de un abuso en las entrañas de la casa, Torres le solicitó al juez del caso que el abusador obtuviera casa por cárcel y fuese investigado desde allí.

Llama la atención en el expediente de la Comisión, que el juez primero promiscuo de Puerto Inírida, por si fuera poco, ante la petición del fiscal, dispuso que Quintana no debería tener medida de aseguramiento privativa de la libertad. Solo debía presentarse periódicamente cuando fuera requerido ante autoridades competentes. Según conoció El Espectador, una vez culminado el proceso, la investigación resultó en una condena a 26 años de prisión.

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“Las evidencias probatorias, absolutamente indicativas del compromiso de responsabilidad del imputado (Quintana), indicaban con un grado altísimo de probabilidad que el procesado en la actuación penal había cometido el punible de acceso carnal con una menor de catorce (14) años, menor que era su propia hija, y que además, respecto de su otra hija, posiblemente se había cometido el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce (14) años”, explicó la Comisión.

La Comisión no se explica la decisión del fiscal Luis Fernando Torres, pues entre el material probatorio estaba la valoración psicológica a la menor de edad Carolina*, quien informó el trato sexual recibido por parte de su propio padre. Y que ocurrió en varias oportunidades. La Fiscalía, además, contaba con la entrevista de la hermana de la niña, quien manifestó haber sido abusada también. Una perita médico legal concluyó que la víctima tenía laceraciones en su zona íntima.

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Durante el proceso disciplinario, el fiscal Torres intentó exculparse indicando que solicito medida de aseguramiento en caso, bajo el amparo de los derechos de alimentación de la víctima. Todo porque el padre, el condenado Quintana, era quien aportaba el pan a la casa. Sin embargo, los jueces disciplinarios de primera y segunda instancia concluyeron que nada tenía que hacer un probable agresor en la misma casa de una víctima de abuso sexual.

“Dicha justificación, en criterio de esa corporación judicial, no es sino una evidencia más del grave desconocimiento que tuvo el investigado (el fiscal Torres) al abstenerse de solicitar la medida de aseguramiento adecuada, como lo era aquella que se inclinara porque esta persona permaneciera en un centro de reclusión y no en el lugar de residencia que al presunto autor de semejantes delitos se le ocurriera”, concluyó la Comisión.

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