Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue sancionado por el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar al considerar que incumplió de forma injustificada un fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Cesar en mayo de este año, en el que se le ordenaba a la UNP que revaluara el riesgo al que estaba expuesta la gobernadora del Cabildo del Resguardo Sokorpa del Pueblo Yukpa, Esneda Saavedra Restrepo.
En la misma resolución también se le obliga a pagar una suma de más de ocho millones de pesos a favor del Consejo Superior de la Judicatura como multa por el desacato. Igualmente, el Juzgado solicitó a la Fiscalía que se investigue por el delito de fraude de resolución judicial en la que pudo haber incurrido el director de la Unidad.
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Así mismo, en la resolución del juzgado se le solicitó a la Procuraduría que investigue las conductas disciplinarias en las que pudo haber incurrido Campo Martínez al incumplir la orden del Tribunal Administrativo del Cesar el pasado mes de mayo. Mientras se adelantan las dos investigaciones contra el director de la UNP, él deberá, por orden del juez Jaime Alfonso Castro, cumplir lo dicho en el fallo del Tribunal.
En lo considerado por el Juzgado Primero para dictar esta decisión, está que, según dijeron, Campo buscó escudarse en el hecho de que Saavedra Restrepo cuenta con un esquema de seguridad y que, según el Juzgado, no se tuvieron en cuenta las situaciones fácticas mencionadas por ella y tampoco las mencionadas por el Tribunal Administrativo del Cesar.
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En la decisión, se le recriminó el no cumplimiento de la UNP aclarando que “no solo porque se observa la renuencia por parte de la accionada a darle cabal cumplimiento al fallo, sino porque estamos hablando de una líder social, y recuérdese que a la fecha Colombia supera los casi 100 líderes asesinados en el 2021″. A su vez afirmó el Juzgado que, “el incumplimiento de la accionada puede incluso poner en riesgo la vida de la actora, siendo así, lo que encuentra esta judicatura es la actitud reticente y de menosprecio por la justicia, por parte de Alfonso Campo Martínez”.
En enero de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requirió a Campo Martínez exigiéndole la presentación de un plan de acción y una estrategia para evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes. Esa jurisdicción aclaró que el no cumplimiento de las órdenes dadas por los magistrados conllevaría a sanciones para los altos funcionarios públicos, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Paz a través de un comunicado.