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Tras la segunda solicitud de Santiago Uribe Vélez para salir del batallón militar Juan del Corral de Rionegro (Antioquia), en el cual ha estado recluido por más de dos años, el juez del caso accedió y le sustituyó la medida de aseguramiento que tenía por una no privativa de la libertad. Los argumentos del documento, presentado por su abogado, Jaime Granados, dicen que se le estaban vulnerando sus derechos por mantenerlo recluido más del tiempo que permite la ley.
Uribe Vélez es investigado por su supuesta responsabilidad en el asesinato del conductor de un bus escalera, Camilo Barrientos, lo que, de paso, probaría también su papel en la conformación del grupo paramilitar los 12 Apóstoles en el norte de Antioquia. Fue capturado el 29 de febrero de 2016 y, en agosto de 2017, solicitó por primera vez su libertad, la cual fue rechazada por el juez.
(En contexto: Santiago Uribe se defendió frente a supuestos nexos con Los 12 Apóstoles)
Sigue a El Espectador en WhatsAppEsta vez, el documento que presentó su defensa afirmó que, “el tiempo transcurrido después de la privación de la libertad del señor Santiago Uribe Vélez obedece fundamentalmente al amplio ejercicio probatorio desplegado por la Fiscalía antes de cerrar la etapa de instrucción y al prolongado tiempo que tomó la decisión de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación contra la resolución de acusación, todo lo cual es imputable a la Fiscalía”.
En la solicitud también se lee: “No se advierte que, durante el periodo de tiempo que ha durado la detención, existan maniobras dilatorias por parte de la defensa que permitan, descontar periodos de tiempo al término máximo de la detención.”
(Lea también: El testigo sin memoria de Santiago Uribe)
En la decisión el juez especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, señaló " se concede sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad al procesado Santiago Uribe Vélez, por las medidas no privativas de la libertad. Ordena que deberá pagar una causión de 30 salarios mínimos legales vigentes".
Desde el momento de su captura, en el año 2016, la Fiscalía está convencida de poder demostrar en juicio que Uribe Vélez, junto a otros ganaderos de Yarumal y sus alrededores e integrantes de la Fuerza Pública, patrocinaron en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.
El ente investigador sostiene la tesis de que los crímenes de este grupo fueron sistemáticos y generalizados, es decir, de lesa humanidad, y que se cometieron contra tres grupos de la sociedad en específico: supuestos auxiliadores de la guerrilla, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes.