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El expresidente Álvaro Uribe renunció a su curul como senador en agosto del año pasado alegando que no sentía garantías procesales de parte de la Corte Suprema de Justicia, que era su juez natural. Su salida del Congreso, sin embargo, no ha significado de ninguna manera su fin de la vida política. Uribe, quien sigue siendo el jefe natural del partido Centro Democrático -el mismo del presidente Iván Duque-, es el protagonista del proceso judicial de la década. Antes de él, ningún exmandatario había quedado detenido por orden judicial. El caso que se sigue en su contra por supuesta manipulación de testigos está ad portas de definirse con una decisión clave y, mientras llega el día cero, las aguas están bastante agitadas.
El próximo 6 de marzo, se supone, se cumplen los 90 días que tenía la Fiscalía General de la Nación para decidir si quien fue jefe de Estado entre 2002 y 2010 -en su gobierno el Congreso cambió la Constitución para permitir que fuera reelegido- será llamado a juicio o si, por el contrario, se pide la preclusión del proceso, determinación que quedaría en manos de los jueces. Recientemente El Espectador reveló que la Fiscalía anda en una contrarreloj, practicando pruebas de todo tipo -varias de ellas ya practicadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema-. A medida que pasan los días, el tema avanza a pasos agigantados.
Por eso, los últimos días han estado llenos de eventos. El pasado 17 de febrero hubo una audiencia de control previo en la cual un juez de garantías de Bogotá autorizó a que peradores de telefonía celular entreguen a la Fiscalía toda la información relacionada con siete tarjetas SIM que guardianes del Inpec decomisaron en prisión a Juan Guillermo Monsalve. Este último ha declarado en reiteradas ocasiones que Álvaro Uribe fue promotor del bloque Metro, un grupo paramilitar que surgió en el Nordeste antioquieño, entre municipios como Yolombó y San Roque, donde la familia Uribe tuvo una hacienda de 1.400 hectáreas llamada Guacaharacas hasta 1996, cuando la vendió en medio de una accidentada situación de orden público.
El expresidente ha negado a todo pulmón que él o su hermano Santiago Uribe tuvieran que ver con los grupos paramilitares que se formaron en Antioquia y, por eso mismo, evadió la jurisdicción de la Corte Suprema sobre su caso: su versión es que aclarar su inocencia ante ese alto tribunal era imposible, porque se trataba de una corporación que actuaba con sesgos en su contra. Tanto él como su abogado, Jaime Granados, han reiterado que muestra de esa parcialidad es que la Corte Suprema no quiso oír a Juan Carlos El Tuso Sierra, un narcotraficante que se coló en el proceso de desmovilización del gobierno Uribe, que fue extraditado a EE.UU. con aval del propio Uribe y que, ahora, se ha convertido en un testigo clave para apoyar la versión del exmandatario.
El proceso contra Uribe nace en 2012 de una especie de rifirrafe entre él y el congresista Iván Cepeda. Se han denunciado mutuamente, pero cuando las denuncias avanzaron y la Corte Suprema se puso a la tarea de analizarlas, concluyó que no había evidencias para investigar a Cepeda por manipulación de testigos -Uribe aseguró que Cepeda había buscado a gente en cárceles del país ofreciéndoles prebendas para testificar en su contra- y que, en cambio, sí había motivos fundados para pensar que era Uribe quien había incurrido en delitos como soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales se le abrió un expediente. Uribe, desde entonces, asegura que la de la Corte fue una decisión política, no judicial.
Sobre El Tuso Sierra, la defensa de Uribe lleva meses asegurando que la Corte nunca quiso oírlo a pesar de que era un testigo esencial. En el documento en que la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria del expresidente, sin embargo, quedó acreditada otra versión: “El testigo Juan Carlos Sierra Ramírez citado como fue para que compareciera ante la Corte a rendir su testimonio, no lo hizo aduciendo vía correo a la Secretaría de la Sala que tenía otra diligencia que atender y que a través de su abogado debía programarse la diligencia, quedando sin corroboración lo expresado presuntamente en sus escritos del 1 de agosto y 20 de diciembre de 2018″. (El giro del “Tuso” Sierra: de acusador de los Uribe a testigo en favor del expresidente)
Esos escritos llegaron a la Corte por vía del abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, y de un abogado que trabajaba con él, Juan Felipe Amaya. En ellos se lee que Sierra, quien pagó condena por narcotráfico en Estados Unidos y gracias a sus delaciones ante la DEA consiguió quedarse en ese país con su familia, aseguró: “Estando recluido en la prisión federal de Washington correctional recibí la visita oficial de los señores Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara quienes me pidieron que rindiera una declaración contra el señor Álvaro Uribe por los presuntos vínculos de este con grupos al margen de la ley. A cambio de mis declaraciones ellos se comprometían a gestionar y conseguir asilo político para mi familia en Suiza”.
Esta semana, el Tuso Sierra por fin habló con una autoridad judicial colombiana sobre el tema. No era la Corte, que perdió competencia sobre el caso desde que el exmandatario Álvaro Uribe renunció a su fuero, sino la Fiscalía, que lo citó a declarar el pasado jueves 18 de febrero. De acuerdo con la revista Semana, Sierra habló por menos de dos horas y ratificó que Cepeda y Córdoba le hicieron ofrecimientos para que declarara en contra de Uribe a cambio de facilitarle asilo a él y a su familia en Europa. Dijo, como ya había mencionado antes, que esa fue la versión que él le contó a su amigo personal Juan Manuel Aguilar durante un partido de fútbol en Miami.
Aguilar es un personaje antioqueño bien conocido en el mundo de la política, por el que se mueve sin hacer mucho ruido, y es hermano de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, un exjefe de la Oficina de Envigado que, gracias a las gestiones de su hermana fiscal Cruz Aguilar, consiguió irse a Estados Unidos protegido por las autoridades de ese país a cambio de aportar información sobre narcotráfico. Juan Manuel Aguilar, el propio Uribe le contó a la Corte, habló con un diputado antioqueño del Centro Democrático de nombre Roque Arismendi sobre lo dicho por el Tuso Sierra y este, a su vez, se lo informó al expresidente. Así fue como Uribe se enteró de la versión del Tuso Sierra, dijo él mismo. (Gabriel Jaimes, fiscal del caso Uribe, tiene una investigación preliminar en su contra)
Diego Cadena, quien era abogado de Uribe y ahora enfrenta un llamado a juicio por los mismos delitos -soborno en actuación penal y fraude procesal-, se entrevistó con Sierra en un café en Miami. Según Semana, “(Sierra) respondió que nada tuvo que ver el expresidente con esa reunión, que se dio en un café Starbucks”. Al interceptar a Uribe, sin embargo, la Corte encontró algo distinto: que fue el propio Uribe quien gestionó esa reunión entre Sierra y su abogado. El 16 de marzo de 2018, Uribe le dijo a Cadena: “Sobre el Tuso, (...) el problema es que el señor amigo de él va a estar un mes en Europa, entonces yo acabo de escribir diciendo que deleguen otra persona y que un abogado iría de parte mía, vamos a ver si me traen eso”.
Lo que Uribe estaba buscando en ese momento era una declaración por escrito o en video del Tuso Sierra profundizando en la supuesta oferta de dádivas que le habrían hecho Piedad Córdoba e Iván Cepeda -cosa que ambos han negado en declaración bajo juramento- para enlodarlo. Al final, a la Corte Suprema no llegaron una sino dos cartas de Sierra, una luego de la reunión con Diego Cadena y otra después de que Sierra y su abogado hablaran con Lisa Ruth, una investigadora privada de Estados Unidos que fue agente de la CIA y que resultó contratada por la defensa de Uribe para buscar material probatorio en su favor en ese país.
“Cuando hablé con ellos les indiqué que cualquier testimonio que yo pudiera recopilar, tendría que ser completamente transparente (...) ellos no tuvieron problema”, le contó hace unos meses Ruth a este diario, quien cuestionó que la Corte no hubiera tomado la declaración de Sierra. Según Semana, el convicto narcotraficante Juan Carlos Sierra dejó claro que el interés de Córdoba y Cepeda era recaudar información sobre Uribe y su hermano Santiago Uribe, quien afrontó un juicio por sus supuestos nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y ahora está a la espera de que un juez determine si es culpable o si queda absuelto de todo cargo.
Además de la diligencia con Sierra, y de la audiencia para poder sacar información de las tarjetas SIM halladas en la casa fiscal de la cárcel La Picota donde está recluido Juan Guillermo Monsalve, esta semana, otro episodio se dio a conocer: que el fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de los delegados ante la Corte Suprema, mano derecha del fiscal general Francisco Barbosa y funcionario a cargo del expediente Uribe, ha recibido amenazas. “Quiero decirles a los colombianos que no vamos a permitir que se pretenda alterar el curso normal y objetivo de la justicia, a través de amenazas, intimidaciones o presiones de cualquier tipo contra la acción constitucional y legal que lidera la Fiscalía”, expresó el fiscal Barbosa.
Muchos son los ojos puestos sobre el actuar de la Fiscalía en este caso, organismo que hasta ahora, en cada etapa del proceso desde que lo tiene en su poder, ha estado de acuerdo con todo lo que ha planteado la defensa de Uribe. Antes de que se conociera de las amenazas contra Jaimes, trascendió que 1.290 personas y organizaciones, que incluye a académicos, políticos y fundaciones de todo tipo, conformaron una veeduría ciudadana con un solo fin: pedirle al organismo investigativo que actúe “bajo el principio de no impunidad”.
Así termina una semana en la que el caso Uribe ha estado bastante movido. Lo último que se supo, por publicación del diario El Tiempo, es que hay una testigo clave que no aparece: María Mercedes Arroyave, una abogada de 71 años que habría acompañado a Iván Cepeda a las cárceles en las que habló con Juan Guillermo Monsalve o Pablo Hernán Sierra, otro exparamilitar que ha declarado contra Uribe. Diego Cadena ha asegurado a la justicia que Arroyave intervino para manipular testigos y “causar perjuicio injusto” al expresidente Uribe. Cepeda dice que Arroyave está bajo amenaza de muerte. En este controversial y extenso expediente, son muchos los temas aún por aclarar.