Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia citara a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, al margen del intenso debate político en el país, también está al rojo vivo la guerra jurídica. Con anuncios de nuevas acciones legales, denuncias penales y aclaraciones públicas, desde ambos frentes de la discusión, el senador Uribe y su círculo, y el senador Iván Cepeda desde el suyo, agregan nuevas piezas al laberinto judicial.
Inicialmente, el senador Iván Cepeda y su abogado Reinaldo Villalba anunciaron que emprenderán nuevas acciones penales para neutralizar lo que han llamado una “campaña orquestada por el uribismo” para desacreditar las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia. En concreto, Cepeda señaló que denunciará por calumnia al exministro Fernando Londoño Hoyos y al periodista Gustavo Rugeles, por supuestas falsas informaciones sobre su actuación en el caso contra el expresidente Uribe.
(Le puede interesar: El expediente contra Uribe)
Además, en la perspectiva de que, en su criterio, la estrategia de Uribe ha sido emprender una persecución contra los magistrados de la Corte, el senador Iván Cepeda anunció que no solo denunciará a quienes animan esa “campaña de desprestigio”, sino que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir protección para los magistrados y los denunciantes. Así mismo, solicitará que un relator de las Naciones Unidas visite a Colombia para constatar los actos de persecución contra la Corte.
En contraste, mientras el congresista del Polo Democrático apela a la denuncia y también pide extremar las medias de protección a los testigos del caso, desde la otra orilla, léase el uribismo, tampoco hay tregua jurídica. La evidencia fue la denuncia interpuesta por el abogado Jaime Lombana contra la exdirectora del programa Señal Memoria del Sistema de Radio y Televisión Pública de Colombia (RTVC), la historiadora Tatiana Duplat. La denuncia es por el presunto delito de prevaricato por omisión.
(Le puede interesar: Denuncian a Tatiana Duplat por caso Uribe)
Según el abogado Lombana, la historiadora Duplat no tenía por qué atender un requerimiento de la Corte Suprema de Justicia para mejorar la calidad de unos audios incluidos en la investigación contra el expresidente Uribe. Lombana, que también deberá aportar declaración ante la Corte, recalcó en su acción que Tatiana Duplat debe explicar por qué el director de RTVC, Jorge Dangond, nunca se enteró de la solicitud de la Corte y por qué atendió un requerimiento de la Policía judicial que nada tenía que ver con su misión.
La historiadora Tatiana Duplat le dijo a este diario que su único rol en el caso fue cumplir un requerimiento del máximo tribunal de la justicia en Colombia, y que nunca se enteró del contenido de los audios. “Nos llegó la solicitud por escrito. Nos pidieron poner a disposición un técnico de audio; lo hicimos. Atendimos a la magistrada auxiliar y a su investigadora, y ellos todo el tiempo manejaron el audio”, indicó Duplat, quien resaltó que siempre se le insistió en la reserva que tenía la investigación.
(Le puede interesar: Iván Cepeda iniciará nuevas acciones legales en caso Uribe)
En medio de las denuncias cruzadas de los sectores en disputa, y a raíz de versiones que señalaron al exmagistrado de la Corte Suprema Fernando Arboleda como supuesto anfitrión de una reunión para pactar la toma de decisiones judiciales contra el expresidente Uribe a cambio de una gruesa suma de dinero, el jurista tuvo que expedir un comunicado de aclaración. Arboleda manifestó que no conoce a Iván Cepeda, no mantiene relaciones con magistrados de la Corte y todo se trata de un engaño, porque no hay prueba alguna de que esa supuesta reunión hubiera existido.
Los rumores salieron de asociar el nombre del magistrado José Luis Barceló con el de Arboleda, porque el primero fue magistrado auxiliar del segundo. Sin embargo, Arboleda aclaró que, como lo han divulgado los medios de comunicación, lo cierto es que no se entendieron y por eso Barceló desistió de esa misión en la Corte. Las mismas versiones asocian al exmagistrado Arboleda con la actual magistrada auxiliar que adelanta la pesquisa contra los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada. El exmagistrado Arboleda señaló que esa magistrada auxiliar nunca estuvo en su despacho.
(Más información: Las conversaciones claves para la investigación que se adelanta en contra de Álvaro Uribe)
Testigo clave a la JEP
Al tiempo que en el capítulo Álvaro Uribe-Iván Cepeda y la Corte Suprema de Justicia se sigue agitando la acción judicial, en otro frente paralelo se promovieron ayer determinaciones de trascendencia. En concreto, se supo que Juan Carlos Meneses, mayor retirado de la Policía y testigo determinante en el proceso que se adelanta contra el ganadero Santiago Uribe Vélez por presunta participación en el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, fue admitido por la Justicia Especial de Paz (JEP), pero este organismo no le concedió, por ahora, la libertad.
En el documento conocido por El Espectador, la JEP confirmó que Meneses Quintero, condenado a 27 años de prisión por un homicidio en el municipio de Yarumal (Antioquia) en 1994, lleva cuatro años, once meses y doce días privado de la libertad, por lo cual no satisface las exigencias de la Ley 1820 de 2016, que exige que el beneficiario haya estado preso un tiempo igual o superior a cinco años. Aunque Meneses pidió que fuera tenido su tiempo de descuento por trabajo y estudio, matemáticamente aún no le da para la libertad, pero es claro que esta es inminente.
(Le puede interesar: Testigo clave en caso contra Santiago Uribe fue admitido en la JEP)
De todos modos, su abogado precisó que insistirá en breve en la concesión de la libertad transitoria y condicionada de su cliente, tal como lo establece la ley de amnistía y trato diferenciado. En su decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz reiteró que, según las normas acordadas, en el caso de Meneses todavía no se satisfacen las exigencias para ser beneficiario de la libertad, aunque el análisis de su caso sí puede ser evaluado por este organismo. La JEP no se pronunció sobre un cambio de centro penitenciario para Meneses.
Y mientras la suerte de este testigo avanza por otro derrotero judicial, en Medellín se sigue desarrollando el juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Uribe. En este momento continúan compareciendo los testigos requeridos por la defensa, para tratar de desvirtuar la presencia del ganadero en la Hacienda La Carolina en Yarumal para la fecha en que se desarrollaron las acciones el grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles en los años 90. De cualquier modo, en círculos allegados al proceso trascendió que el juicio se prolongará al menos hasta diciembre.
(Le puede interesar: Condenan a 27 años de prisión al mayor (r) Juan Carlos Meneses)
Por Redacción Judicial
