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11 Jun 2022 - 7:51 p. m.

Senador Mario Castaño será trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá

La decisión es de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que, entre este viernes y sábado lo escuchó en indagatoria por los delitos de concierto para delinquir, estafa, interés indebida en la celebración de contratos, peculado y concusión.
Mario Castaño fue la octava votación más alta del Partido Liberal en las elecciones de 2022. Hoy está capturado.
Mario Castaño fue la octava votación más alta del Partido Liberal en las elecciones de 2022. Hoy está capturado.
Foto: Twitter

Este sábado, el senador liberal Mario Castaño será trasladado a la cárcel Picota de Bogotá mientras se resuelve su situación jurídica por el entramado de corrupción del que, supuestamente, hace parte. El congresista fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, en la noche del martes pasado, en las afueras del Congreso de la República. En su expediente reposa que sería el líder de una organización criminal dedicada a amañar contratos para sacar beneficio propio. Por estos hechos hay 10 personas judicializadas y tras las rejas.

La decisión de enviarlo a un centro carcelario lo tomó el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, quien en marzo de este año abrió la investigación en su contra luego de que la Fiscalía compulsó copias que dan cuenta de la posible responsabilidad en actuaciones ilegales. El político que fue representante a la cámara entre 2014 y 2018, deberá posicionarse en su curul al Senado el próximo 20 de julio tras la ser la octava votación más alta del Partido Liberal en los comicios que se llevaron a cabo el 13 de marzo.

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Aunque Castaño logró llegar por segunda vez al Congreso, su panorama político tampoco está muy resuelto. Una vez se conoció el expediente judicial en su contra, el Partido Liberal no escatimó en analizar su situación y verificar si aún debe hacer parte de esa colectividad, pues los señalamientos en su contra no son menores: hay, según las autoridades, corrupción de por medio.

En concreto, lo que ha dicho la Fiscalía, y que ahora reposa en el despacho de la Corte Suprema es que, el político sería el líder de una “red delincuencial” conformada para apropiarse de recursos oficiales, en el marco de contrataciones estatales. Según la investigación, por parte de Castaño y sus cómplices, hubo una intervención puntual en la viabilización de proyectos formulados por alcaldías municipales. Asímismo, supuestamente, existió manipulación de convenios con el fin de apropiarse de gran parte de recursos del Estado.

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Así las cosas, la Corte investiga el rol de Castaño en los proyectos de Sacúdete al Parque, específicamente, en los municipios de Armero Guayabal (Tolima) y Villamaría (Caldas). Existe evidencia de que el político habría intervenido para que varias personas, entre ellas, Lorena Cañón y Pablo Gómez, ambos procesados, lograran la viabilización y ejecución del proyecto. En este caso, la finalidad era que una vez se registrara la adjudicación habría una apropiación de dineros del cual el senador también saldría favorecido. Según reposa en el expediente, los alcaldes de los municipios habrían participado en esa acción.

Además de los Sacúdete al Parque, el senador también es señalado de tener las mismas maniobras en proyectos que vinculan canchas sintéticas en los municipios de Piendamó, Suárez y Samaná, en el departamento de Caldas. En el radar de las autoridades está que, la intervención se presentó frente a la selección del contratista. Es decir, habrían direccionado la selección del contratista para favorecer a la red que, supuestamente, lideraba el senador.

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La misma modalidad, según el expediente, se habría registrado con las obras de construcción de canchas en los municipios de Piendamó y Balboa. Al parecer, la red pretendía que una vez los contratos fuesen adjudicados, se repartieran parte de los recursos a diferentes miembros de la organización, entre ellos, al senador Castaño. De otro lado, sus acciones habrían llegado también a un contrato de obra que vincula la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el consorcio San Miguel.

En este caso, reposa en la investigación que los miembros de la red habrían instigado a los socios del consorcio para que se apropiaran de una suma superior a los $1.500 millones. Por estos hechos, el senador liberal rindió indagatoria durante este viernes y sábado por los delitos de concierto para delinquir, estafa, interés indebido en la celebración de contratos, concusión y peculado.

El senador, quien está a la espera de que se resuelva en cinco días hábiles su situación jurídica, deberá permanecer recluido en la cárcel la Picota de Bogotá desde este sábado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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