Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La financiación y manejo de recursos de la salud en Colombia han sido temas centrales de la agenda pública esta semana. Además de que en el Congreso se hundiera la iniciativa con la que el gobierno de Gustavo Petro buscaba reformar el Sistema de Salud, dos de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con más afiliados en el país fueron intervenidas por orden de la Superintendencia de Salud —la Nueva EPS y Sanitas—, precisamente por, supuestamente, no cumplir los requisitos y condiciones para administrar los recursos y prestar el servicio. La crisis coincidió con una audiencia pública que había convocado hace meses la Corte Constitucional para aclarar dudas sobre la financiación de ese sector.
A la cita acudieron desde funcionarios públicos, entidades de investigación, hasta expertos en la material. En medio de un ambiente cordial y técnico, lo opuesto a lo sucedido durante los últimos días en el Congreso, la Corte Constitucional le jaló las orejas al Gobierno y a los entes de control por un trabajo que, aparentemente, ha sido insuficiente contra la corrupción en el sistema y la claridad en la información. El alto tribunal convocó al Ejecutivo, liderado en este caso por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; a la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y a representantes de EPS para poner sobre la mesa las cifras y argumentos con los que en este momento se está distribuyendo el dinero del Estado para las EPS.
Para la Corte, no es claro cómo el Gobierno hace sus cálculos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la que definen el dinero que reparten para atender la salud de los colombianos. Aunque el Ejecutivo insiste en que el dinero alcanza para prestar el servicio y que el problema ha sido la administración de esos recursos por parte de las EPS, el ministro Jaramillo le dio la razón al alto tribunal de que es necesario que se revise la UPC e insistió en que los recursos estatales han sido destinados de manera correcta. Un tema que se le ha criticado duramente al gobierno, pues el propio presidente Gustavo Petro ha dicho que no es necesario “recalibrar” esos cálculos.
La mesa técnica fue liderada por el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes; y por los magistrados Antonio José Lizarazo y Vladimir Fernández. El objetivo, era hacer el seguimiento de qué tanta información se ha podido recopilar en este Gobierno para calcular, precisamente, cuál debía ser la UPC de este año, que quedó en $1,444.086 por paciente. Es decir, ese es el dinero que entrega el Estado para la atención de cada persona en una anualidad. Sin embargo, para los miembros de este alto tribunal, la administración actual “no ha demostrado que el valor de la UPC sea suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías en salud”.
Para la Corte, el gobierno Petro tampoco entregó la información requerida para efectuar el cálculo de esta prima, punto que podría afectar la entrega “oportuna, completa y con la calidad requerida” de cualquier tipo de servicio de salud. Durante la audiencia en el Palacio de Justicia, en la que el ministro Jaramillo dijo estar de acuerdo en “que se revise la UPC”, la Corte dijo que el Gobierno, además, no ha presentado la información precisa que exige para que el cálculo sea claro. Ante este reclamo, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, explicó a los magistrados que hay “limitaciones de la información disponible para el cálculo de la UPC”.
León Martínez aseguró que “las EPS se constituyen en la única fuente de información disponible en la práctica para realizar la regulación del sistema de aseguramiento en salud, lo que en términos analíticos no brinda la posibilidad de contrastación empírica”. Sin embargo, el centro de la discusión de este viernes en la Corte fue el regaño del magistrado Reyes al Gobierno y a los entes de control. Para el presidente del alto tribunal, el Ejecutivo, aparentemente, estaría incumpliendo con las sentencias de la Corte Constitucional y, al no presentar una información clara, pareciera que con los cálculos del Gobierno se estaría desfinanciando el sistema de salud del país, aunque el ministro Jaramillo reiteró que “no le estamos retirando un solo centavo a las EPS”.
Además, el magistrado Reyes aseguró que la Fiscalía y la Contraloría no estarían haciendo bien su trabajo a la hora de investigar irregularidades y posibles hechos de corrupción dentro del sistema, un problema que, según Reyes, es de vieja data. “Todo muestra que usted no investiga, no hay ni una sola persona imputada por corrupción en el sistema de salud”, dijo Reyes al ente investigador. Asimismo, el presidente de la Corte señaló que las fallas que estarían teniendo los dos entes de control (Fiscalía y Contraloría) se verían reflejadas en que no haya avances judiciales que castiguen los posibles actos de corrupción que podrían estar desangrando el patrimonio del país.
“Me sorprende que no presente esas conclusiones”, aseveró Reyes al representante de la Fiscalía este viernes. El jalón de orejas continuó: “A mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía. No hay un solo proceso que esté, siquiera en etapa de imputación. Todas están en estado inactivo o en indagación, es decir, no hay una persona sometida a un proceso. A mí me asombra”, reiteró el presidente del alto tribunal. La Corte, además, aterrizó el regaño por la falta de claridad en las cifras del Gobierno y de la aparente falta de investigación por parte de los entes de control, con la situación que atraviesa el país.
El magistrado Reyes resaltó que las quejas sobre el servicio de salud en el país, que ya eran altas, aumentaron recientemente con las decisiones gubernamentales de intervenir algunas EPS. Para la Corte, es comprensible que “nos quedemos de manos cruzadas”. Por su parte, la Fiscalía manifestó, después del jalón de orejas, que conformará un grupo especializado en la investigación de corrupción en el sistema de salud, el cual contará con la participación de la Procuraduría y la Contraloría. Esta última se defendió diciendo que “la Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos $3 billones en contra de las EPS que han tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud”.
Durante la mesa técnica, los pacientes de las EPS también tuvieron voz. Daniel Silva, quien participó del encuentro, señaló ante el alto tribunal que con las decisiones que está tomando el gobierno en este momento “todo el mundo está perdiendo plata y, si no hay plata, nadie va a atender a los pacientes y hoy se está poniendo en peligro la estabilidad de muchas organizaciones y la vida de los pacientes”. Asimismo, la religiosa María Inés Delgado, quien representó a los pacientes renales de Colombia ante la Corte, señaló que “el señor ministro no nos recibe a los pacientes, recibe a los que piensan como ellos, a los del mismo grupo político. Y la salud no tiene color político ni tiene ninguna condición, la salud es para todos los colombianos”.
Por otra parte, este diario habló con Luis Ramiro Escandón, procurador delegado para la Conciliación Administrativa, quien estuvo en la Superintendencia de Salud, misma que tomará control de Sanitas y Nueva EPS. En entrevista, el funcionario explicó que las decisiones que está tomando el Gobierno sobre el sistema de Salud no tienen un fundamento claro y que no están bien sustentadas. El funcionario del Ministerio Público estuvo el pasado 4 de abril en la Superintendencia para inspeccionarla y conocer los documentos en los que se soporta la decisión gubernamental. Sin embargo, pasaron cinco horas para que, a la final, la Superintendencia entregara documentos sueltos que hacen las veces de expediente.
“Se supone que, si usted tomó una determinación de tan alto calado, pues tiene el soporte a la mano. Además, porque lo acababa de tomar hace dos días. Los documentos que lo soportan deben estar disponibles”, dijo Escandón a este diario. Igualmente, el procurador señaló que están analizando la documentación entregada para verificar “si las decisiones de la Superintendencia se soportan con lo entregado. En dado caso de que no sea así, haremos las actuaciones judiciales que correspondan para poder tramitar acciones contenciosas o constitucionales”. Por ahora, dice, están “cumpliendo con las funciones de intervención administrativa y de prevención”.
En caso de encontrar irregularidades en las decisiones, tomar acción le corresponderá a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría. Por ahora, el Gobierno tendrá que poner orden sobre las decisiones que ha tomado en lo relacionado con los dineros destinados al sistema de salud. Ante la Corte Constitucional, aún tiene pendiente aclarar las cuentas que ha hecho para definir la UPC de este año y comprobar que, con sus acciones sobre las EPS, no estaría desfinanciándolas y poniendo en riesgo la atención de los pacientes. Por otra parte, ante la Procuraduría, tendrá que sustentar sus argumentos para intervenir dos de las EPS con más afiliados en el país, tiene los cimientos necesarios y legales y que su manejo estará mejor en manos del Estado que en las de las propias empresas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más