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La exconsejera presidencial para las regiones del gobierno de Gustavo Petro, Sandra Ortiz, se quedó sin quién la defienda en la investigación adelantada en su contra por la presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Oswaldo Medina, el jurista que estaba al frente de su defensa, renunció el mismo día en el que la exfuncionaria fue acusada por dos delitos.
Durante la diligencia, que se desarrolló en la tarde del 1 de septiembre, el abogado Medina expresó su deseo de no seguir representando a la exconsejera Ortiz. La jueza del caso le preguntó a la exfuncionaria si estaba de acuerdo con la renuncia de su abogado defensor y ella aceptó la decisión. Dijo además que su nuevo abogado presentaría esta misma semana el poder para asumir su representación, pero aún no se ha confirmado quién sería esa persona.
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“Concluida la audiencia de acusación, consideré que es bueno que el proceso que se sigue contra ella tenga nuevas ideas, quedamos en buenos términos, y espero que pueda salir adelante”, dijo el abogado a medios de comunicación, después de la audiencia del pasado lunes, en la que la Fiscalía acusó de manera formal a Ortiz por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Ese día, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia sustentaron ante el despacho de la jueza penal especializada que avaló la acusación, la forma en la que la exconsejera Ortiz habría servido como puente para entregar coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
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“El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, indicó la Fiscalía sobre el presunto rol de la exfuncionaria.
A renglón seguido, el ente investigador señaló que al día siguiente, en el mismo sitio en el que se habría entregado el primer soborno, Pinilla Álvarez le habría entregado de nuevo la maleta a la exconsejera Ortiz, cargada con $1.500 millones más, “que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”. Para la Fiscalía, la exfuncionaria “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”.
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Agregó, además, que Ortiz tendría conocimiento de que ese dinero estaría destinado al pago de coimas “por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”. Por su presunta participación en el desfalco a la entidad pública, desde diciembre de 2024 Ortiz está recluida en una guarnición policial de Bogotá, mientras avanza el proceso penal.
Pese a que Ortiz, como otros de los implicados en el escándalo de corrupción, ha intentado negociar con la justicia, en abril de este año la Fiscalía le cerró la puerta a la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad y dejó como único camino un posible preacuerdo. En su momento, la fiscal María Cristina Patiño señaló que las pruebas entregadas por Ortiz no eran suficientes para convencer al juez del caso sobre la veracidad de sus aportes.
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