Un acto administrativo de 2024 cambió la forma en la que funcionaban las Fuerzas Militares en Colombia y le puso de frente, especialmente al Ejército, el reto de reorganizar sus métodos para atender la acción de los grupos al margen de la ley en distintos sitios del país. Han pasado poco más de seis meses de esa decisión y las cifras muestran que, pese al recrudecimiento de la violencia, la reorganización decretada el año pasado ha dado resultados.
Primero, el origen de la modificación. El 1 de noviembre de 2024, cuando el exministro Iván Velásquez Gómez estaba aún al frente de la cartera de Defensa, se conoció una decisión que, para expertos en seguridad e incluso militares, representaba un “revolcón” en el funcionamiento institucional. Se trató de la Resolución 4760, que aprobaba una decisión tomada el 4 de octubre del mismo año, por el Comando General de las Fuerzas Militares.
Esa resolución ordenó, a grandes rasgos, “suprimir” administrativamente las Fuerzas de Tarea Conjuntas Titán, Hércules, Marte, Quirón y Omega. Esta última, creada hace más de 20 años, durante las operaciones contra la antigua guerrilla de las Farc en la región de los Llanos Orientales. También suprimió los comandos específicos de Caguán, Oriente y Cauca; y modificó los comandos conjuntos 1, 2, 3, 4 y 5.
La nueva estructura de las Fuerzas Militares
La decisión de esa reestructuración estuvo motivada en análisis hechos por el Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, de cara a un giro en los intereses de los grupos armados, que pasaron de la lucha política a la guerra por el control del narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas. Un cambio de paradigma que, según expertos consultados en su momento por El Espectador, implicaba modificar también las estrategias de respuesta.
El general Juan Carlos Correa, subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, sustentó es razón, en diálogo con este diario. “Tenemos que estar mirando permanentemente nuestra estrategia, reorientándola y reestructurándonos. Este cambio se da porque vimos un cambio en la amenaza”, dijo en su momento. De las tres fuerzas, el cambio representaba un revolcón administrativo de mayor dimensión en el Ejército.
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“Las tropas de Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial que estaban en las Fuerzas de Tarea Conjuntas continúan en las mismas jurisdicciones. Solo cambia su mando directo, pero siguen con la misma tarea y propósito de siempre”, dijo para entonces el general Correa. Esa decisión llevó al necesario fortalecimiento de otro tipo de organización propia del Ejército, conocida como Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra).
Las Fudra funcionan bajo tres condiciones importantes. Primero, son más autónomas en cuanto a la jerarquía de mando y evitan el trámite burocrático que debían surtir las Fuerzas de Tarea. Segundo, no tienen jurisdicción estática o permanente, por lo que se pueden desplegar en distintos sitios del país. Y tercero, siguen respondiendo al principio de “conjuntez”, lo que les permite seguir trabajando con la Armada y la Fuerza Aérea.
El mapa de la Fuerza Pública
Actualmente, el Ejército tiene ocho nuevas Fudra, con 2.809 uniformados extra. Cuatro de las antiguas están en reorganización y se espera que al cierre de 2025 sean 12 activas. Una de las creadas recientemente es la Fudra 9, que tiene sede de mando en Santa Rosa del Sur (Bolívar) y fortalece el control en zonas estratégicas del sur del Magdalena Medio. Una zona clave para la acción de la Fuerza Pública, por ser de amplia incidencia criminal de organizaciones como el Clan del Golfo.
La Fudra 3 opera en los departamentos de Santander y Norte de Santander; allí tienen un doble reto. Por un lado, atacar a las organizaciones internacionales y de crimen transfronterizo que operan en los límites entre Colombia y Venezuela. Por el otro, enfrentar al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a las disidencias de las Farc; dos grupos que desde el 16 de enero lideran una sangrienta guerra en la región del Catatumbo, que ha dejado a 68.347 personas desplazadas, 11.490 confinadas y 135 civiles muertos.
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Las Fudra 2 y 4 están centradas en el suroccidente del país, se despliegan en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos calificados por el Ejército como “áreas con alta conflictividad y corredores del narcotráfico hacia el Pacífico”. Solo en Cauca y Valle del Cauca, entre el 10 y el 12 de junio pasados, las disidencias de las Farc perpetraron 27 acciones terroristas, que dejaron 28 heridos, cinco civiles y dos policías muertos.
En Meta, Guaviare y Vichada, donde la situación de seguridad y orden público también ha sido crítica por los paros armados, las emboscadas al Ejército y las disputas entre las facciones disidentes comandadas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”, hay despliegue de la Fudra número 10. Cerca de allí, en Caquetá y Putumayo, funciona la Fudra 6, que atiende acciones de los grupos armados relacionadas con cultivos de uso ilícito y narcotráfico.
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En los departamentos de Huila y Tolima, considerados por las autoridades como “zona de movilidad de estructuras ilegales”, hay presencia de la Fudra 5. La Fudra 8, con incidencia en Arauca y Casanare, se enfrenta a un reto similar al de la Fudra 3, custodiando una parte importante del corredor limítrofe entre Colombia y Venezuela. Una frontera porosa, en una zona en la que además hay incidencia de organizaciones como los carteles mexicanos de narcotráfico.
Finalmente, la Fudra 7 se centra en los departamentos de Antioquia y Chocó, una región clave por ser corredor que conecta al centro del país con el océano Pacífico, una salida importante para el tráfico de drogas. Esa es una de las regiones en las que se cumple el principio de “conjuntez”, por la articulación entre Ejército y Armada, para controlar los corredores fluviales de la región del Atrato, sobre los cuales el Eln ha decretado tres paros armados este año.
Balance de resultados
Tras conocerse la resolución de noviembre de 2024, expertos en seguridad, políticos y exministros, como la senadora Paloma Valencia y el exmindefensa Juan Carlos Pinzón, dijeron que el camino de esa decisión era poco claro. Incluso desde dentro de las Fuerzas Militares señalaron que los resultados serían relativos e impredecibles, en términos de cifras. Sin embargo, el balance a la fecha muestra resultados positivos.
Datos del Ejército conocidos por este diario indican que entre el 1 de enero y el 19 de junio de 2025, acciones adelantadas por las Fudra permitieron la captura de 1.523 integrantes de organizaciones al margen de la ley, 244 más que en el mismo período de 2024. Parte de esas capturas se han dado tras combates, que también han tenido un incremento del 45%, pasando de 115 en los primeros seis meses de 2024, a 167 en el mismo lapso de 2025.
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Además de los capturados y muertos en operaciones, 149 exintegrantes de organizaciones armadas se han sometido a la justicia (19 más que en el año anterior). A esa cifra se suma la incautación de 280.000 municiones (154.00 más que en 2024) y 203 armas largas (64 más que el año pasado). Las incautaciones de droga también han crecido: 44 toneladas de cocaína y 1.445 kilogramos de pasta base de coca, cerca de 3.000 kilogramos más que en el primer semestre de 2024.
Pese a que las cifras muestran por el momento un balance positivo, el comportamiento de las mismas sigue siendo impredecible para los analistas, pues dependerá de la dinámica del conflicto armado interno. Especialmente en momentos como el actual, con departamentos como Guaviare, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde la acción de las autoridades persigue porque la guerra parece no dar tregua.
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