El dirigente político de Arauca y exsenador José Vicente Carreño Castro tiene buena suerte. Tras haberse quemado en las elecciones parlamentarias de marzo pasado, fue designado como secretario de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el 29 de julio de 2026. Es decir, solo estuvo nueve días sin puesto. Las investigaciones que adelanta la justicia en su contra por presunta corrupción y desaparición forzada no impidieron que aterrizara en la célula legislativa encargada de tramitar temas tan sensibles como los conflictos de tierras, asuntos de agua, minería y energía. Hace un mes, El Espectador reconstruyó el expediente en el que Carreño Castro terminó vinculado por la presunta desaparición del ciudadano Alejandro Santiesteban, ocurrida en febrero de 2003, luego de una sangrienta incursión paramilitar en Tame (Arauca). Para esa época, el exsenador era patrullero de la Policía y, según varios testimonios de exparamilitares, habría permitido el crimen.
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Aunque la magistrada ponente en esta investigación, Cristina Lombana, pidió el archivo del caso en febrero pasado al sostener que no había evidencia clara en su contra, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó esa ponencia y le pidió seguir investigando. El problema es que, tras perder su fuero como congresista, el caso deberá ser remitido en los próximos días a la Fiscalía. Un expediente en el que Carreño Castro terminó salpicado en el año 2017, luego de que varios exjefes paramilitares lo señalaran de haber tenido vínculos con el Bloque Vencedores y de haber permitido la incursión al barrio La Unión, donde fue desaparecido Santiesteban. Más allá del desenlace de este proceso, existe otra investigación que también tiene bajo sospecha al dirigente del Centro Democrático. Se le acusa, presuntamente, de tráfico de influencias y cohecho para tratar de favorecer a una unión temporal que tenía intereses en un contrato en la Policía.
Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2024 y el denunciante es un general de la república: Nicolás Alejandro Zapata, entonces subdirector de la Policía y, en ese momento, encargado de la dirección de esa entidad. Según su relato, ese día Julián Camilo Forero Agudelo, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de José Vicente Carreño, le habría ofrecido al alto oficial una dádiva de COP 3.500 millones a cambio de beneficiar a la Unión Temporal Positiva Previsora, que estaba detrás de un contrato por cerca de COP 118.000 millones para tramitar pólizas de seguro de vida para los integrantes de la Policía. Por este caso ya fue acusado por la Fiscalía Julián Camilo Forero Agudelo y, en junio de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana, le abrió investigación formal a José Vicente Carreño Castro.
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No obstante, el magistrado Misael Rodríguez, uno de los integrantes de esa Sala, dejó constancia de posibles lagunas en esa investigación. En un documento de 16 páginas conocido por El Espectador dio detalles de episodios que reposan en el expediente y que siguen sin aclararse. Por ejemplo, sostuvo que se abrió investigación formal contra el exsenador Carreño –hoy secretario de la Comisión Quinta de la Cámara– sin que el general (r) Nicolás Zapata y la también generala (r) Olga Salazar, que tenía una posición directiva en la Policía, fueran escuchados en diligencia por el despacho de la magistrada Lombana. Aunque ese despacho los citó para que rindieran testimonio en diciembre de 2024 y enero de 2025, dichas declaraciones no pudieron llevarse a cabo por las ocupaciones propias de los oficiales, quienes insistieron en dar su testimonio a través de certificación jurada.
“En el expediente queda claro que dos generales de la República han expresado su disposición de rendir su testimonio por certificación jurada pero que, a pesar de ello, se les ha insistido en que deben presentarse ante el despacho instructor (...) No encuentro argumento que explique que aún no se practiquen un par de testimonios ordenados desde el inicio de la investigación previa y que resultan trascendentales para la evaluación de los señalamientos que están en el núcleo de la noticia criminal. Uno de los generales que estaba en servicio activo en el periodo relevante (Nicolás Zapata), es testigo de su propia experiencia como destinatario del presunto ofrecimiento”, se quejó el magistrado Rodríguez. Este diario pudo establecer que, después de junio de 2025, el general Zapata envió a la Corte las respuestas a un cuestionario sobre los hechos que dieron lugar a estas pesquisas.
En la aclaración del voto del magistrado Misael Rodríguez hay más información relevante del caso. Allí el jurista hizo énfasis en unas interceptaciones de una oficial de la Policía en las que, en diálogo con otro subalterno, le dice que el general Zapata no tenía conocimiento del negocio que presuntamente fue a “presionar” Julián Camilo Forero, entonces asesor del congresista José Vicente Carreño. En la transcripción de esa conversación se lee: “Él (general Zapata) se entera, o la situación de él se da, es por el ofrecimiento que le hacen”. Esta referencia resulta clave en la investigación, pues demostraría, tal como lo ha declarado el general Zapata, que él no tenía idea hasta ese 14 de noviembre de 2024 de ese contrato de pólizas. El Espectador conoció detalles de lo que Zapata le ha narrado a la Fiscalía, entidad que logró acusar ante un juez, en mayo de 2025, al exmiembro de la UTL, Julián Forero.
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En el escrito de acusación en su contra, el ente investigador dejó claro que en la reunión con el exalto oficial de la Policía, Julián Camilo Forero actuó como miembro de la UTL del exsenador. Es más, se documentó que fue el propio senador Carreño quien le pidió al general Zapata una reunión urgente con su entonces asesor. Esa petición fue hecha a través de mensajes de WhatsApp que hacen parte del expediente. La Fiscalía expresó: “Julián Camilo Forero Agudelo no solo se presentó como asesor jurídico y miembro de la UTL del senador de la República, sino además como emisario o en representación de la empresa Positiva de Seguros. En la reunión, Forero Agudelo ofreció al brigadier general Zapata la suma de COP 3.500 millones a cambio de que se colaborara al señor Forero Agudelo y a la empresa Positiva” en el contrato para los seguros de vida de miembros de la Policía.
Dicha cifra, se lee en el escrito de acusación, fue ofrecida por Forero Agudelo no solo en voz alta durante la reunión, sino que también la escribió en un papel que le entregó el alto oficial, “de manera corroborativa al ofrecimiento inicial”. La Fiscalía dejó otro asunto claro en la acusación: que es posible que el exasesor de la UTL actuara de esa forma en “coparticipación criminal”, porque no solo se presentó como representante de la empresa Positiva de Seguros, sino porque la reunión con el general Zapata se concretó por “interpuesta persona, esto es, el senador José Vicente Carreño, lo que permite inferir, por lo menos en principio, que la idea criminal no solamente nació de su querer (el de Julián Forero) sino que en la misma intervienen otras personas que estarían interesadas en que el brigadier general Zapata recibiera ese dinero y favoreciera el proceso contractual”, señala la acusación.
Pero quizá lo más llamativo de la constancia que dejó el magistrado Misael Rodríguez se relaciona con un análisis que hizo de las interceptaciones que reposan en el expediente. Dice el documento: “Hay conversaciones que connotan eventuales influencias del senador Carreño Castro en la determinación de traslados dentro de la Policía Nacional”. Por ejemplo, según los audios, el 1 de febrero de 2025 Carreño Castro se comunicó con la patrullera Ángela López, a quien le preguntó en qué grupo de la institución “la dejaron”, a lo que ella le contesta que el lunes le dirían. En el informe de la transliteración se lee que Carreño le pregunta para dónde se quiere ir y “que él puede hablar”. Tres días después se registraron dos conversaciones con la misma interlocutora, quien le confirma que la trasladaron a la Dijín y le pide el favor de que, después de que haga el curso, la muevan a otro lugar.
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“Yo me quedo en la Dijín, pero usted después me ayuda para no quedar en la Dijín de Bogotá, sino en un departamento en otro lado, ¿me entiende? En Bogotá no me pagan plata ni nada, yo no tengo plata”, le dice la patrullera, a lo que Carreño le contesta: “Bueno, mami, ahí hablamos entonces, claro que sí. Cuando esté en Bogotá me busca”. No es todo. El magistrado Misael Rodríguez sostuvo que entre el 16 de diciembre de 2024 y el 28 de mayo de 2025 se ordenó interceptar varias líneas telefónicas que revelaron varios hechos de relevancia penal, pero que no tienen conexión con el caso principal. “Hay conversaciones que se refieren a posibles retaliaciones en contra de dos testigos citados en este radicado”, señala el documento. Una de las patrulleras que rindió su testimonio ante la Corte el 25 de enero de 2025 fue trasladada al día siguiente a la Policía Metropolitana de Bogotá.
De acuerdo con una conversación interceptada, la testigo fue removida de su lugar de trabajo y textualmente dijo en el audio: “El inocente siempre es el que paga”. Otro intendente de la Policía, cuyo nombre se reserva este diario, también declaró ante la Corte para esa época. Y, tres semanas después, fue trasladado a Cundinamarca. Para el magistrado Rodríguez, la Corte debió pedir que se investigara si como consecuencia de las declaraciones de estos suboficiales pudieron generarse esos traslados injustificados. “Tanto las eventuales retaliaciones a una patrullera y a un intendente, luego de cumplir con su deber de rendir testimonio, así como las situaciones que denotarían presuntas influencias indebidas del senador en los movimientos de personal de la Policía, son hechos que no tienen ninguna conexidad con lo que se investiga en el presente radicado”, dice la aclaración de voto.
Por último, el magistrado Rodríguez señaló que no comprende por qué el despacho de su colega Lombana pidió investigar a los propios denunciantes del posible soborno, esto es, a los generales Nicolás Zapata y la generala Olga Patricia Salazar, así como a la patrullera y al intendente que después sufrieron presuntas retaliaciones. “Una lectura del expediente no me muestra, por ahora, una razón suficiente que justifique la compulsa (de copias). Por el contrario, plantea varias preguntas: ¿La actividad probatoria permitió entrever la posible participación de la persona que afirmó haber recibido un ofrecimiento corruptor? De ser así, ¿cómo podría la Sala atribuir provisionalmente una conducta de cohecho si quien habría recibido el ofrecimiento corruptor también estaría en alguna medida implicado en el presunto acto de corrupción?”, se preguntó entonces el magistrado Misael Rodríguez.
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Al margen de estos cuestionamientos, el proceso contra el hoy secretario de la Comisión Quinta de la Cámara sigue en la Corte. Así mismo, el otro caso por presunta desaparición forzada, ocurrido hace 23 años. Entre tanto, el exsenador Carreño Castro siempre ha defendido su inocencia. Consultado por El Espectador, manifestó: “A mí me llegó una persona con una información reservada y eso fue lo que quise transmitirle al general Zapata. Yo no pude asistir (a la reunión) y como Forero hacía parte de mi equipo, por eso lo envié. Esa información quedó en manos del órgano investigador, pero no tiene nada que ver con lo que denunció el alto oficial. Él mintió”. Sobre cuáles serían las pruebas que tendría para afirmar eso, respondió: “No puedo decirlas. Sobre ellas tendrá que pronunciarse la autoridad competente. Conozco de primera mano los hechos, pero debo responder ante la autoridad”.
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