Sobrino de "Iván Márquez" no aceptó haberse apropiado de recursos del posconflicto

La Fiscalía le imputó cargos a Marlon Marín Marín, sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez, este jueves por su supuesta participación en una red de corrupción, que habría entregado de forma irregular la construcción de vías terciarias en municipios golpeados por el conflicto y la implementación de proyectos productivos definidos en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Marín no aceptó los señalamientos del ente investigador.

Con Marín desde una celda en Estados Unidos, donde está como testigo de la DEA después de haber sido capturado en abril 2018 por cargos de narcotráfico, se realizó la audiencia de imputación de cargos por el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, con el agravante de haber sido el organizador de dicho concierto, por lo que podría pagar una pena entre 12 y 27 años en prisión y de 4050 a 45000 salarios mínimos mensuales.

(Lea aquí: Las pruebas contra la red que buscaba quedarse con recursos del posconflicto).

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía señaló que, en sus pesquisas, “se detectaron actuaciones irregulares en tres frentes: a través de la búsqueda de adjudicación de contractos de la malla vial terciaria, la estructuración de proyectos productivos, y la intermediación irregular para la adjudicación de proyectos que serían financiados con los recursos destinados para el posconflicto (Fondo Colombia Paz, Fondo de Programas Especiales para la Paz y Fondo de Inversiones para la Paz)”.

Marín habría aprovechado su cercanía con Márquez para “generar relaciones de negocios”. Para esto, asistió a varias conversaciones sobre la estructuración de proyectos productivos a desarrollarse en La Habana (Cuba), durante el proceso de paz con las Farc. Además, viajó varias veces a zonas veredales para caracterizar las necesidades básicas de las personas que viven allí, con el fin de estructurar las propuestas de proyectos.

De acuerdo con las indagaciones previas del ente investigador, al tiempo que adquiría esta información de primera mano, Marín se habría dedicado a gestionar proyectos de manera irregular ante entidades del Estado. Esta organización en la que habría participado se encargaba de entregar irregularmente proyectos productivos y de construcción de las vías terciarias.

(También: A juicio investigados por irregularidades en manejo de recursos para la paz).

En ese sentido, el ente investigador, durante la audiencia de imputación de cargos, explicó que en este proceso consiguió la adjudicación de varios contratos irregulares, entre los que se encuentran: dos proyectos productivos (uno de piscicultura y otro de reforestación en la Amazonía) y 58 contratos para el mantenimiento y la reparación de vías terciarias en 18 departamentos, así como los contratos de interventorías de esa malla vial, entre otras.

En el caso de la construcción de las vías terciarias, la Fiscalía señaló que Marín cobraba el 11 % del valor de la obra adjudicada y que, adicionalmente, cobraba –siempre–  otros $20 millones por cada departamento, ejerciendo presión para obtener el pago; con esta práctica, habría recibido alrededor de $100 millones. El ente acusador también expuso que, en varias ocasiones, “los pactos ilegales también cobijaron las interventorías que ejercerían el control sobre dichas obras”.

Por este mismo caso, también se les imputó cargos, el año pasado, a María Elvira Valencia Gómez, abogada y experta en contratación estatal; José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro (Santander), y Bibiana Marleny Arias Garzón. Los tres fueron llamados a juicio por la Fiscalía este miércoles.

La Fiscalía le imputó cargos a Marlon Marín Marín, sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez, este jueves por su supuesta participación en una red de corrupción, que habría entregado de forma irregular la construcción de vías terciarias en municipios golpeados por el conflicto y la implementación de proyectos productivos definidos en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Marín no aceptó los señalamientos del ente investigador.

Con Marín desde una celda en Estados Unidos, donde está como testigo de la DEA después de haber sido capturado en abril 2018 por cargos de narcotráfico, se realizó la audiencia de imputación de cargos por el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, con el agravante de haber sido el organizador de dicho concierto, por lo que podría pagar una pena entre 12 y 27 años en prisión y de 4050 a 45000 salarios mínimos mensuales.

(Lea aquí: Las pruebas contra la red que buscaba quedarse con recursos del posconflicto).

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía señaló que, en sus pesquisas, “se detectaron actuaciones irregulares en tres frentes: a través de la búsqueda de adjudicación de contractos de la malla vial terciaria, la estructuración de proyectos productivos, y la intermediación irregular para la adjudicación de proyectos que serían financiados con los recursos destinados para el posconflicto (Fondo Colombia Paz, Fondo de Programas Especiales para la Paz y Fondo de Inversiones para la Paz)”.

Marín habría aprovechado su cercanía con Márquez para “generar relaciones de negocios”. Para esto, asistió a varias conversaciones sobre la estructuración de proyectos productivos a desarrollarse en La Habana (Cuba), durante el proceso de paz con las Farc. Además, viajó varias veces a zonas veredales para caracterizar las necesidades básicas de las personas que viven allí, con el fin de estructurar las propuestas de proyectos.

De acuerdo con las indagaciones previas del ente investigador, al tiempo que adquiría esta información de primera mano, Marín se habría dedicado a gestionar proyectos de manera irregular ante entidades del Estado. Esta organización en la que habría participado se encargaba de entregar irregularmente proyectos productivos y de construcción de las vías terciarias.

(También: A juicio investigados por irregularidades en manejo de recursos para la paz).

En ese sentido, el ente investigador, durante la audiencia de imputación de cargos, explicó que en este proceso consiguió la adjudicación de varios contratos irregulares, entre los que se encuentran: dos proyectos productivos (uno de piscicultura y otro de reforestación en la Amazonía) y 58 contratos para el mantenimiento y la reparación de vías terciarias en 18 departamentos, así como los contratos de interventorías de esa malla vial, entre otras.

En el caso de la construcción de las vías terciarias, la Fiscalía señaló que Marín cobraba el 11 % del valor de la obra adjudicada y que, adicionalmente, cobraba –siempre–  otros $20 millones por cada departamento, ejerciendo presión para obtener el pago; con esta práctica, habría recibido alrededor de $100 millones. El ente acusador también expuso que, en varias ocasiones, “los pactos ilegales también cobijaron las interventorías que ejercerían el control sobre dichas obras”.

Por este mismo caso, también se les imputó cargos, el año pasado, a María Elvira Valencia Gómez, abogada y experta en contratación estatal; José Domingo Ardila Neira, exdiputado de Santander y exconcejal de Socorro (Santander), y Bibiana Marleny Arias Garzón. Los tres fueron llamados a juicio por la Fiscalía este miércoles.