En el marco del escándalo de corrupción por los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) para La Guajira, la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción a la empresa Impoamericana Roger S.A.S. por sus nexos con esa polémica.
Según detalló la SuperSociedades en un reciente comunicado, la sanción se hizo efectiva el pasado 19 de febrero partiendo de la investigación por actos de corrupción, con fundamento en la Ley 2195 de 2022. Asimismo, la entidad explicó que la actuación se originó en el suministro de 40 vehículos tipo carrotanque a la Ungrd en octubre de 2023, por un valor de COP 46.800 millones.
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Las actuaciones de la sociedad se dieron en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica declarada en La Guajira. Por eso, al revisar el caso, la Superintendencia estableció la responsabilidad de la empresa por la “transgresión de disposiciones relacionadas con actos de corrupción”.
Por la sanción, la empresa Impoamericana Roger S.A.S. tendrá que saldar una multa por COP 1.298 millones, no podrá contratar con el Estado y se le prohibió recibir subsidios del Gobierno por los próximos diez años. “La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial”, explicó el superintendente Billy Escobar Pérez.
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La empresa involucrada en estos hechos, Impoamericana Roger SAS, sería una empresa de papel, pues se encontró que la sede física, que reportaba en los contratos, no existía, y que esta no había reportado facturaciones a la DIAN antes de la firma de los contratos con la Unidad.
Además de esto, la empresa habría hecho, según la W Radio, la compra de los primeros carrotanques con consignaciones de 900 millones de pesos en efectivo desde Pasto (Nariño), a pesar de que la empresa estaba radicada en Cúcuta. Por esta razón, la UNGRD le pidió acciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) para estudiar este caso.
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