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Por decisión de un juez, quedó suspendido temporalmente el proceso de selección para contratar nuevos escoltas para la Unidad Nacional de Protección (UNP), que contaba con un presupuesto superior a los COP 78.000 millones. La medida fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, luego de que se presentaran seis acciones de tutela contra el proceso. En esas demandas se solicitó, como medida provisional, suspender la contratación.
Una de las tutelas fue presentada por un escolta que aseguró que las reglas del proceso de selección fueron modificadas sin justificación. Según explicó, la contratación quedó limitada a las zonas 1 y 2, mientras que las zonas 3 a la 10 fueron excluidas, pese a que, a su juicio, todas cumplen las mismas condiciones técnicas y jurídicas.
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Para el juzgado, esta modificación podría poner en riesgo la estabilidad laboral de los escoltas que pertenecen a las zonas incluidas en el proceso de selección y contratación. Según el despacho, mientras los escoltas de otras regiones conservarían la continuidad de su trabajo mediante otros mecanismos, quienes laboran en las zonas 1 y 2 podrían perder su empleo si el contrato es adjudicado a otra empresa.
A través de un pronunciamiento, el equipo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, afirmó que considera pertinente la suspensión temporal del proceso de selección. “Desde que tuvo conocimiento de este proceso, el mandatario electo advirtió que su adjudicación antes del cambio de Gobierno podía comprometer la seguridad del próximo jefe de Estado, de su gabinete y el manejo responsable de los recursos públicos”, señala el documento.
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Línea seguida, señala: “Con absoluto respeto por la independencia judicial y sin anticipar conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela, el Gobierno entrante solicita a la UNP cumplir integralmente la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y garantizar el acceso a toda la información relacionada con esta contratación”.
Asimismo, el presidente electo aseguró que se mantendrá vigilante sobre los contratos y nombramientos “de última hora”. Según concluye el documento, “la transición no puede utilizarse para acelerar decisiones que comprometan la seguridad institucional, los recursos de los colombianos o la capacidad de actuación del nuevo Gobierno”.
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