Terror en el Cauca: carro-bomba, combates armados y crimen de investigador del CTI
Los últimos días han sido de pesadilla en el Cauca. El pasado 26 de marzo, un carro-bomba estalló cerca de la Alcaldía de Corinto. En Argelia, al mismo tiempo, 2.000 personas salieron desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados. Y en Caloto, además, fue encontrado el cuerpo sin vida de un funcionario de la Fiscalía, el investigador del CTI Mario Fernando Herrera.
La situación de orden público en el departamento del Cauca está en alerta máxima. Durante los últimos días, en diferentes municipios, la violencia armada ha sitiado a los habitantes de un departamento que, según denuncias de líderes sociales, está bajo el control del grupo armado organizado de turno. Al carro bomba contra la Alcandía de Corinto, atentado perpetrado el pasado 26 de marzo, se suma el desplazamiento de 2.000 personas de Argelia y el asesinato contra el investigador del CTI de la Fiscalía Mario Fernando Herrera.
En contexto: Gobierno ofrece recompensa de hasta $200 millones por responsables de atentado en Corinto.
De acuerdo con el asesor de la Alcaldía de Corinto, Guido Hurtado, el carro-bomba contra el edificio estalló el pasado viernes a eso de las 3:30 de la tarde. Las autoridades confirmaron que hubo un saldo de 43 heridos, de los cuales 11 son funcionarios públicos. Según Martha Cecilia Velasco, alcaldesa de Corinto, durante los últimos días la disidencia de las Farc Dagoberto Ramos y la Fuerza Pública tuvieron una serie de enfrentamientos en la vereda La Secreta, sin embargo, no se esperaba un ataque de tamaña crudeza.
Una vez conocido el ataque, Diego Molano, ministro de Defensa, se desplazó a Cali, donde organizó un consejo extraordinario de seguridad, acompañado de la cúpula militar de la región. El jefe de esa cartera ofreció una recompensa de $200 millones por quien entregue información sobre los posibles autores y, además, aseguró que le siguen la pista a alias Cejas, líder de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. A esa hipótesis investigativa llegó el general Ricardo Alarcón, comandante en el Cauca de la Policía.
Mientras las autoridades avanzaban con el consejo extraordinario de seguridad, al mismo tiempo 2.000 personas del corregimiento El Plateado del municipio de Argelia (Cauca) se vieron obligados a desplazarse por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. De acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, los combates iniciaron el pasado 26 de marzo y, por tanto, pidió una intervención inmediata del Estado. Además, la institución solicitó colchonetas, cobijas e implementos de aseo para atender a las víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con el líder social Walter Aldana, quien ha participado activamente en el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en la región, en el municipio de Argelia operan, principalmente, la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y el Ejercito de Liberación Nacional (Eln). Entre ambos bandos se disputan las rutas de narcotráfico, pues esa zona del Cauca conecta con los puertos en el Pacífico. Además, el defensor asegura que las comunidades han confrontado esa pesadilla desde hace años.
En contexto: Por enfrentamientos entre grupos armados, más de 2.000 personas salieron desplazadas en Cauca.
“Lo que hay al día de hoy en el departamento del Cauca es la presencia de ocho o diez grupos armados ilegales que en los territorios manejan un ejercicio de poder y de dominio. Se pelean entre ellos ese dominio territorial. Pero quien está en el tiempo que esté, es la autoridad en el territorio. Tenemos desde hace más de un año, desde antes de la pandemia, toque de queda desde las 7 de la noche. Dependiendo del grupo armado y como quiera manejar la cosa”, explicó Aldana en entrevista con El Espectador.
Por otro lado, el defensor asegura que en el territorio tenían la esperanza de que la situación cambiara con la firma de los Acuerdos de Paz den 2016, sin embargo, el panorama, en sus palabras, se le salió de las manos al Gobierno. “Desde esa época señalamos que era necesario hacer dos cosas: Uno, pagar la deuda social que tiene con las regiones más abandonadas, como el caso del Cauca, en términos de inversión social, oportunidades para el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Dos, en la medida en que salieran los hombres armados de las Farc, debía coparse esos territorios por parte de la fuerza pública. Ninguna de las dos cosas se dio”, explicó Aldana.
De acuerdo con Camilo González-Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las operaciones de los grupos armados que se juegan el control de la zona y los intentos de la fuerza pública por contrarrestar el terror, sitúan a la población civil en medio del fuego cruzado. “Los campesinos tradicionales están en medio de unas dictaduras violentas de unos grupos armados y de la desesperanza, porque proponen y proponen al Gobierno soluciones como Zonas de Reserva Campesina, pero no tienen la audiencia”, le dijo Gonzalez a Noticias Caracol.
Al atentado en Corinto y a los enfrentamientos en zona rural se sumó, el pasado 27 de marzo, el descubrimiento del crimen contra el investigador del CTI de la Fiscalía Mario Fernando Herrera, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de Caloto (Cauca). El funcionario había sido secuestrado el pasado viernes, día del carro-bomba, en un reten ilegal sobre la vía que comunica a Santander de Quilichao con Corinto. De acuerdo con la prensa local, habitantes de la vereda La Trampa vieron como hombres armados lanzaron su cuerpo desde un vehículo en plena vía pública.
Lea también: Encuentran sin vida a funcionario del CTI de la Fiscalía secuestrado en Cauca.
El fiscal general Francisco Barbosa, al igual que el ministro Diego Molano, aterrizó en Cali para atender el consejo de seguridad. Tras rechazar el asesinato contra el investigador Herrera, quien llevaba ocho años en la Fiscalía, el vocero del ente investigador indicó que tras el crimen estaría la disidencia Dagoberto Ramos. “Queremos decirles que esta investigación es una investigación priorizada por la entidad para efecto de poder traer a los responsables rápidamente ante las autoridades judiciales. En la Fiscalía, si se meten con uno, se meten con toda la entidad”, dijo Barbosa.
La situación de orden público en el departamento del Cauca está en alerta máxima. Durante los últimos días, en diferentes municipios, la violencia armada ha sitiado a los habitantes de un departamento que, según denuncias de líderes sociales, está bajo el control del grupo armado organizado de turno. Al carro bomba contra la Alcandía de Corinto, atentado perpetrado el pasado 26 de marzo, se suma el desplazamiento de 2.000 personas de Argelia y el asesinato contra el investigador del CTI de la Fiscalía Mario Fernando Herrera.
En contexto: Gobierno ofrece recompensa de hasta $200 millones por responsables de atentado en Corinto.
De acuerdo con el asesor de la Alcaldía de Corinto, Guido Hurtado, el carro-bomba contra el edificio estalló el pasado viernes a eso de las 3:30 de la tarde. Las autoridades confirmaron que hubo un saldo de 43 heridos, de los cuales 11 son funcionarios públicos. Según Martha Cecilia Velasco, alcaldesa de Corinto, durante los últimos días la disidencia de las Farc Dagoberto Ramos y la Fuerza Pública tuvieron una serie de enfrentamientos en la vereda La Secreta, sin embargo, no se esperaba un ataque de tamaña crudeza.
Una vez conocido el ataque, Diego Molano, ministro de Defensa, se desplazó a Cali, donde organizó un consejo extraordinario de seguridad, acompañado de la cúpula militar de la región. El jefe de esa cartera ofreció una recompensa de $200 millones por quien entregue información sobre los posibles autores y, además, aseguró que le siguen la pista a alias Cejas, líder de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. A esa hipótesis investigativa llegó el general Ricardo Alarcón, comandante en el Cauca de la Policía.
Mientras las autoridades avanzaban con el consejo extraordinario de seguridad, al mismo tiempo 2.000 personas del corregimiento El Plateado del municipio de Argelia (Cauca) se vieron obligados a desplazarse por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. De acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, los combates iniciaron el pasado 26 de marzo y, por tanto, pidió una intervención inmediata del Estado. Además, la institución solicitó colchonetas, cobijas e implementos de aseo para atender a las víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con el líder social Walter Aldana, quien ha participado activamente en el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en la región, en el municipio de Argelia operan, principalmente, la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y el Ejercito de Liberación Nacional (Eln). Entre ambos bandos se disputan las rutas de narcotráfico, pues esa zona del Cauca conecta con los puertos en el Pacífico. Además, el defensor asegura que las comunidades han confrontado esa pesadilla desde hace años.
En contexto: Por enfrentamientos entre grupos armados, más de 2.000 personas salieron desplazadas en Cauca.
“Lo que hay al día de hoy en el departamento del Cauca es la presencia de ocho o diez grupos armados ilegales que en los territorios manejan un ejercicio de poder y de dominio. Se pelean entre ellos ese dominio territorial. Pero quien está en el tiempo que esté, es la autoridad en el territorio. Tenemos desde hace más de un año, desde antes de la pandemia, toque de queda desde las 7 de la noche. Dependiendo del grupo armado y como quiera manejar la cosa”, explicó Aldana en entrevista con El Espectador.
Por otro lado, el defensor asegura que en el territorio tenían la esperanza de que la situación cambiara con la firma de los Acuerdos de Paz den 2016, sin embargo, el panorama, en sus palabras, se le salió de las manos al Gobierno. “Desde esa época señalamos que era necesario hacer dos cosas: Uno, pagar la deuda social que tiene con las regiones más abandonadas, como el caso del Cauca, en términos de inversión social, oportunidades para el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Dos, en la medida en que salieran los hombres armados de las Farc, debía coparse esos territorios por parte de la fuerza pública. Ninguna de las dos cosas se dio”, explicó Aldana.
De acuerdo con Camilo González-Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las operaciones de los grupos armados que se juegan el control de la zona y los intentos de la fuerza pública por contrarrestar el terror, sitúan a la población civil en medio del fuego cruzado. “Los campesinos tradicionales están en medio de unas dictaduras violentas de unos grupos armados y de la desesperanza, porque proponen y proponen al Gobierno soluciones como Zonas de Reserva Campesina, pero no tienen la audiencia”, le dijo Gonzalez a Noticias Caracol.
Al atentado en Corinto y a los enfrentamientos en zona rural se sumó, el pasado 27 de marzo, el descubrimiento del crimen contra el investigador del CTI de la Fiscalía Mario Fernando Herrera, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de Caloto (Cauca). El funcionario había sido secuestrado el pasado viernes, día del carro-bomba, en un reten ilegal sobre la vía que comunica a Santander de Quilichao con Corinto. De acuerdo con la prensa local, habitantes de la vereda La Trampa vieron como hombres armados lanzaron su cuerpo desde un vehículo en plena vía pública.
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El fiscal general Francisco Barbosa, al igual que el ministro Diego Molano, aterrizó en Cali para atender el consejo de seguridad. Tras rechazar el asesinato contra el investigador Herrera, quien llevaba ocho años en la Fiscalía, el vocero del ente investigador indicó que tras el crimen estaría la disidencia Dagoberto Ramos. “Queremos decirles que esta investigación es una investigación priorizada por la entidad para efecto de poder traer a los responsables rápidamente ante las autoridades judiciales. En la Fiscalía, si se meten con uno, se meten con toda la entidad”, dijo Barbosa.