:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/J6OMdzyg9fYOEhLh-0n_8yiygOM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WZCIWIXQUFDDBGQ2LPOPEXXEZY.jpg)
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) radicó en la Fiscalía dos denuncias sobre reclutamiento forzado de menores de edad a manos de la guerrilla del Eln y otros grupos armados organizados. Los informes fueron elaborados con los testimonios de niños y niñas que se desvincularon de estos grupos desde noviembre de 2016, y la entidad pide ahora que los máximos jefes de las organizaciones criminales respondan por los delitos de reclutamiento, lesiones personales, tortura y violencia sexual.
(Lea también: Las dificultades del caso de reclutamiento forzado en la JEP)
Este lunes, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, se reunió personalmente con la vicefisal Martha Mancera para entregarle el informe, en compañía de las consejeras presidenciales para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y para la niñez, Carolina Salgado.” Con el documento se busca restablecer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de 465 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de estos dos grupos entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021″, dijo la entidad en un comunicado.
Un segundo informe entregado por el ICBF este lunes “le ayudará a la Fiscalía a esclarecer el proceso frente a los más de 1.288 casos denunciados que tiene por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del Eln, de 1999 a la fecha”, añadió la entidad. Asimismo, se entregará un tercero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contiene “material probatorio que servirá para nutrir los expedientes del llamado Caso 007 sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, abierto el 1º de marzo de 2019 por Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP”, dijo el ICBF.
(Le puede interesar: Reclutamiento forzado, un cáncer que está avanzando)
Todos los menores de edad en cuestión fueron atendidos en un programa especializado que tiene el ICBF para manejar reclutamiento forzado y sus testimonios ahora serán pieza clave en los procesos contra los jefes máximos del Eln, reunidos en el llamado Comando Central (Coce). Según la vicefiscal Mancera, a partir de este informe del ICBF, “se generará una nueva ruta para analizar los contextos donde ocurrieron los hechos, poder escuchar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de esta actividad atroz que es el reclutamiento, y poder continuar atribuyéndoles a los comandantes y al Coce los hechos victimizantes de los menores de edad”.
El proceso que sigue, explicó la Fiscalía, es, primero, escuchar a las víctimas, que a su vez son testigos de excepción de este delito; segundo, asociar los casos a macro-investigaciones enfocadas en la persecución de los máximos responsables; y, por último, priorizarlos y asignarlos especialmente a fiscales de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada (Daiaco). En esta unidad, aseguró el ente investigador, hay fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a estos temas.
(Vea: Día de las Manos Rojas: 12.481 menores de edad fueron víctimas de grupos armados en 2020)
Precisamente es por eso, añadió Mancera, “que ya existen resultados contundentes como la judicialización, en calidad de persona ausente, de alias Pablito, alias Gabino, alias Antonio García y alias Pablo Beltrán, miembros del Comando Central (Coce) del Eln, por 258 hechos de reclutamiento que han cometido los diferentes frentes de ese grupo armado en el territorio colombiano, así como de otros 11 comandantes de frente”. Asimismo, a las disidencias de las Farc se les han atribuido 100 reclutamientos desde 2016 y otros 316 hechos han sido vinculados con personas de la extinta guerrilla que se rearmaron después del proceso de paz y ya fueron excluidos de la JEP.