La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe anual con respecto a 2022. Dio a conocer las fortalezas y los desafíos de los diferentes Estados miembros del sistema interamericano, entre ellos Colombia. Aunque la comisión destacó el avance nacional en cuanto a las acciones de justicia y verdad contenidas en el Acuerdo de Paz, en la mayoría de los fenómenos que componen la defensa de los derechos humanos, el país se rajó.
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Para empezar, la CIDH expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados en el contexto de la campaña electoral de 2022, en especial sobre las amenazas contra los candidatos al Congreso y a la Presidencia. Le reprochó al Estado la demora en poner en funcionamiento las “Curules de Paz”, que fueron una promesa para las víctimas contenida en el Acuerdo de Paz de 2016 y que recién tuvo sus primeras votaciones el año pasado. La CIDH también puso de presente que hubo inconsistencias en el proceso de conteo de votos durante las elecciones al Congreso, lo que generó desconfianza en las instituciones.
“Por otra parte, la CIDH tomó nota de la información de sociedad civil respecto del estado de las investigaciones sobre los hechos sucedidos en el marco de las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020, dónde se registraron personas asesinadas y heridas por el presunto uso ilícito de la fuerza por parte de la Policía Nacional. De acuerdo con información pública, no se registran avances en las investigaciones, ni en la clarificación de lo sucedido. Asimismo, las instituciones no habrían brindado información de calidad respecto del estado de las investigaciones”, agregó la CIDH.
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El órgano del sistema interamericano destacó el proyecto de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, que busca la desarticulación de bandas criminales y grupos armados sin estatus político. No obstante, la CIDH señaló que los niveles de violencia siguen siendo preocupantes, sobre todo en los departamentos del pacífico y en Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Arauca. Este último merece especial atención de las autoridades, pues en 2022 se presentaron un total de 341 homicidios, entre ellos 12 con liderazgo social y tres con liderazgo político.
La violencia contra los pueblos indígenas no se detuvo. La CIDH recordó el asesinato del adolescente Breiner Cucuñame y el integrante de la Guardia Indígena Guillermo Chicame, ambos del Pueblo Nasa. Un crimen perpetrado en Buenos Aires, Cauca, donde solo días después fue asesinado el excoordinador zonal de la Guardia Indígena Albeiro Camayo. Su hijo fue secuestrado. En el radar también quedó la operación militar en Puerto Leguizamo (Putumayo), tras la cual perdieron la vida 11 personas, entre ellas tres autoridades indígenas y comunales. No hay investigación penal por ello.
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“Por último, la CIDH señaló las graves violaciones a los derechos humanos del Pueblo Wayuu, en particular, sobre el derecho al agua, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, a la educación, a los derechos culturales, derechos territoriales, así como, respecto de la ausencia de consultas previas, libres e informadas, y el derecho a la libre determinación, entre otros”, agregó la comisión. Y reportó la muerte de 60 niños, niñas y adolescentes Wayuu por causas asociadas a la desnutrición.
Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Defensoría, el año pasado se registraron 199 homicidios contra personas con liderazgo social y defensores de derechos humanos. La Fiscalía respondió que cuenta con un grupo de 10 fiscales para investigar las amenazas en su contra. Hasta octubre del año pasado, la Fiscalía logró solo 11 condenas y ha llevado a imputación y acusación en 55 casos.
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La Comisión Interamericana, además, quedó alarmada por las cifras de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes identificadas en varias ciudades del país, pero particularmente en Cartagena. De enero a octubre de 2022, la Policía Nacional reportó 24.149 víctimas de pedofilia a nivel nacional. Según el ICBF, en el mismo periodo, se han abierto más de 16.221 procesos para restablecer los derechos de los menores de edad víctimas de violencia sexual. Se encontraron 235 casos de explotación sexual comercial.
Las buenas noticias para Colombia llegaron por parte de la Defensoría del Pueblo, la cual fue felicitada por emitir 22 alertas de riesgo inminente y estructural de violaciones de derechos humanos durante 2022. Una cifra que, por supuesto, corresponde a la magnitud de la violencia en el territorio nacional. También se felicitó al Estado por publicar los informes de la Comisión de la Verdad, que contaron con una amplia investigación del conflicto armado y que era un compromiso del Acuerdo de Paz.
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