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El exgobernador y exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), Benito Osorio, entregó unas declaraciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que vincularían al reconocido ganadero José Félix Lafaurie con la punta de lanza de las Autodefensas: Salvatore Mancuso. Horas después del registro mediático, el líder paramilitar señaló que tales afirmaciones son ciertas y agregó que el país ya está preparado para escuchar “todo lo que le han impedido conocer”.
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“De la misma manera, debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del exfiscal Mario Iguarán y el papel de José Félix Lafaurie. Todo fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz. Incluso, algunos detalles anecdóticos que ejemplifican dicha cercanía, como fue el discurso pronunciado por el señor Lafaurie en Cartagena y que cuenta Benito Osorio que ayudé a redactar, fueron ciertos y se había quedado rezagados en mi memoria”, señaló Mancuso.
De acuerdo con Osorio, Lafaurie, quien no se ha pronunciado, le habría pedido en 2005 al exjefe paramilitar que financiara la campaña de Mario Iguarán para que llegara a la Fiscalía General, cargo que obtuvo por cuatro años. En las declaraciones reveladas por Noticias Caracol, Osorio les dijo a los magistrados que Lafaurie le pidió que lo recogiera en un aeropuerto de Montería, pues el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) tenía una cita con Mancuso.
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Según declaró Osorio, quien se comprometió a colaborar en la JEP, el ganadero le dijo a Mancuso que iba de parte del Gobierno, específicamente de parte de Sabas Pretelt de la Vega, quien entonces era ministro del Interior. El encuentro entre Lafaurie y Mancuso habría tenido como finalidad convencer al exjefe paramilitar de que financiara la campaña de Iguarán, pues sería mucho más benéfico para las autodefensas durante el proceso desmovilización y sanción bajo la Ley de Justicia y Paz.
Mancuso, por su parte, explicó que Justicia y Paz al final no cumplió con su objetivo. “Estas declaraciones (de Osorio) y su repercusión en el proceso judicial que adelanta la JEP comprueba una vez más que Justicia y Paz se quedó corta para juzgar de manera integral los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que su diseño ha conllevado a que gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias judiciales, termine engavetada para comodidad de una parte del poder político y económico de Colombia”, señaló.
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El exjefe paramilitar, preso en Estados Unidos y a la espera de su extradición a Colombia o Italia -donde tiene ciudadanía-, referenció que un “importante sector empresarial” participó activamente en la creación y apoyo a las Auc. Explicó que el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió sin duda de la región de Tulapas, que va desde el Golfo de Urabá hasta la zona baja del departamento de Córdoba. Mancuso aseguró tener los nombres de ganaderos, empresarios, políticos y militares, quienes se articularon con los paramilitares durante su comandancia.
“La verdad aportada por Benito Osorio ilustra con gallardía, pero también con dolor y vergüenza solo una parte de todo lo que subyace a esos años de conflicto, verdades que pese a haber sido uno de sus protagonistas, hoy escucho y estremecen, aunque quiera pensar que son salidas de un cuento producto de la prolija imaginación del hombre creador de Macondo. Aun así, estoy convencido que el país está preparado para escuchar todo lo que le han impedido conocer y han querido silenciar”, concluyó Mancuso.
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Hace un par de semanas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada al exgobernador de Córdoba. Osorio fue condenado el 30 de abril de 2015 a la pena de 19 años de prisión, así como a una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, equivalentes que debían ser pagados a la Unidad de Víctimas (UARIV).
Osorio fue encontrado responsable de los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir. Todo, por los nexos con paramilitares sobre los que hoy está encendiendo el ventilador.
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