20 Apr 2021 - 2:50 a. m.

¿Torturaron a Fauner Barahona (testigo a favor de Uribe), como se denunció en Twitter?

Un abogado penalista llamado Andrés Caballero, exdefensor de la hija de Aída Merlano, prendió las alarmas desde su cuenta de Twitter. El Inpec envió a funcionarios de inmediato a verificar el estado del exparamilitar Fauner Barahona, más conocido como Racumín, quien ha declarado a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. “Él está bien”, aseguraron fuentes de la entidad.

Un alarmante mensaje escribió hoy a las 7:01 p.m. el penalista Andrés Felipe Caballero desde su cuenta de Twitter. Tras plasmar un encabezado de “urgente” en su mensaje, escrito en letras mayúsculas, el abogado aseguró que “Fauner Barahona, testigo de los encuentros de un Senador con Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para fraguar falsos testimonios, está siendo torturado por personal” del Inpec.

Fauner Barahona, también conocido como Racumín, es un exparamilitar que hoy se encuentra en la cárcel de Girón (Santander). Su importancia radica en que, en 2018, fue uno de los testigos que los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar consiguieron a favor del expresidente Álvaro Uribe. Ese año, Barahona envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que manifestó: “Me consta, el día o fin de mes, de noviembre de 2016, donde se encontraba el señor Pablo Sierra, alias Alberto o Pipintá, y el señor Iván Cepeda y el señor Carlos Enrique Vélez, donde se encontraban discutiendo para que el señor Carlos Enrique Vélez hablara en contra de Álvaro Uribe y de su hermano [Santiago] Uribe”.

(Caso Uribe: las versiones de tres exparamilitares, sus señalamientos e inconsistencias)

Para la Corte Suprema, que avanzó la investigación contra el expresidente Uribe a punto de ordenar su detención en agosto pasado, las palabras de Racumín resultaban “incoherentes” y por eso no les dio validez. Pero el fiscal Gabriel Jaimes (quien maneja el caso contra Uribe por presunta manipulación de testigos desde que el exmandatario renunció al Senado y su proceso pasó de la Corte a la Fiscalía) pidió escucharlo y así se hizo el pasado 10 de febrero, bajo juramento, tal como reveló El Espectador. En esa diligencia, Racumín se mantuvo en su versión y dijo que vio al exparamilitar Pablo Hernán Sierra -quien ha testificado contra Uribe-, alias Alberto Guerrero, y a Juan Guillermo Monsalve, buscar a potenciales declarantes para enlodar al expresidente Uribe.

Racumín le dijo al fiscal que lo interrogó que alias Alberto Guerrero llegó a ofrecer dinero y beneficios a quienes se animaran a declarar contra Uribe. Guerrero fue jefe del frente paramilitar Cacique Pipintá y ha asegurado, al igual que Juan Guillermo Monsalve, que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe tuvieron que ver con el surgimiento del bloque Metro en el nordeste de Antioquia, región donde se encontraba la hacienda Guacharaca, propiedad de los Uribe hasta 1996. Carlos Enrique Vélez, el exparamilitar que -según dijo Racumín- fue presionado para salpicar a Uribe, ha declarado que el abogado Diego Cadena -exdefensor de Uribe- le ofreció $200 millones por enlodar a Iván Cepeda.

Racumín dijo que alias Alberto Guerrero ofrecía dinero y beneficios en las cárceles a quien declarara contra Álvaro Uribe. “¿Estamos hablando de cuánto dinero?”, preguntó el fiscal en la declaración juramentada de febrero de este año. El expara contestó que no sabía. Carlos Enrique Vélez, en cambio, ha dicho que Racumín fue uno de los paramilitares que estaba en camino a recibir $200 millones de parte de Diego Cadena por decir ante la justicia cosas en contra de Iván Cepeda y a favor del expresidente Uribe. “Lo que dijo Diego (Cadena) es que cada uno iba a recibir de a $200 millones si uno colaboraba, lo mismo le dije a Diana, a Racumín y a Fosforito”, declaró Vélez, quien, de paso, negó haberse reunido con Cepeda.

(Alias “Diana” sobre abogado de Uribe: “No me ofrecieron plata ni ningún beneficio”)

Es por todo ese contexto que el trino del abogado Andrés Felipe Caballero, quien empezó a hacerse conocido en 2019 cuando fungió como defensor de Aída Victoria Merlano, la hija de la excongresista Aída Merlano, resultaba tan inquietante. El Espectador contactó de inmediato a fuentes del Inpec, quienes contestaron: “Sin novedad”. Al leer el mensaje de Caballero, en la cárcel de Girón se dio la orden de que algunos guardias fueran hasta la celda de Racumín para saber si estaba pasando algo tan grave como lo que Caballero había denunciado. “Ya fueron hasta allá -dijeron del Inpec a este diario-. (Fauner Barahona) está bien”.

El proceso contra el expresidente Uribe, mientras tanto, está en manos del Tribunal Superior de Bogotá temporalmente. Uribe, por decisión de un juez de la República del pasado 6 de noviembre, quedó en calidad de imputado cuando su proceso salió de la Corte y llegó a la Fiscalía, y por eso la Fiscalía quedó con un plazo de 120 días para decidir si lo llamaba a juicio o pedía la preclusión de su expediente. El 5 de marzo pasado, el fiscal Gabriel Jaimes anunció que se inclinaba por la segunda opción. Cuando la audiencia de solicitud de preclusión comenzó, dos personas pidieron ser acreditadas como víctimas: Deyanira Gómez, la esposa de Juan Guillermo Monsalve, y el periodista Gonzalo Guillén.

El Juzgado 28 de Conocimiento admitió temporalmente a Gómez, quien hoy está en el exilio -amenazada desde que empezó a involucrarse con este proceso para ayudar a quien era su pareja, ha dicho ella-, y rechazó a Guillén. Las apelaciones de uno y otro lado enviaron el caso al Tribunal Superior de Bogotá, el cual deberá tomar una decisión para que por fin en la audiencia pase lo que se estaba esperando: que el fiscal Jaimes exponga los argumentos que soportan su idea de que, en este episodio de supuesta manipulación de testigos, el expresidente Uribe no cometió delitos.

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