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Todos los trabajadores de la Rama Judicial que recibieron su reajuste salarial de 2000 únicamente en el mes de diciembre podrán exigir el pago de los montos que dejaron de percibir los restantes 11 meses del año, según lo dispuso el Tribunal Administrativo del Meta.
Así respondió la Corporación a una acción de grupo a la que acudieron algunos ciudadanos que prestaron sus servicios laborales a la Fiscalía General de la Nación durante la época, pues el incremento en la paga que les fue autorizado para ese año terminó siendo inferior al del Índice de Precios al Consumidor, IPC, por cuanto consideraban que era necesario que se efectuara la indexación.
El Tribunal no sólo ordenó al Ministerio de Hacienda el reconocimiento de estos de derechos sino también el pago de los intereses moratorios que a la fecha se han acumulado con la existencia de la deuda.
Adicionalmente, el Juez consideró que todos los trabajadores de la Rama Judicial que no hubiesen acudido a la acción y que acreditaran haber padecido idéntica problemática podrán hacerse al cobro del dinero.
Los valores, que en muchos casos superan los 2,5 millones de pesos para cada trabajador, serán recaudados en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
Por El Espectador
