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9 Nov 2022 - 9:53 p. m.

Transmilenio no será condenada por cuestionado contrato de recaudo en 2011

La empresa Angelcom, antigua recaudadora, buscaba que Transmilenio fuera condenada por supuestamente violar los derechos colectivos de los bogotanos. Aseguró que la licitación de 2011 para el recaudo tuvo irregularidades, así como se lee en el expediente contra los hermanos Ríos Velilla.
Antigua tarjeta cliente fiel de Transmilenio en las taquillas "TuLlave", en 2014.
Antigua tarjeta cliente fiel de Transmilenio en las taquillas "TuLlave", en 2014.
Foto: Oscar Perez

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de saldar una confrontación entre la empresa Transmilenio SA y un antiguo contratista encargado del recaudo, Angelcom SA. Se trata de un proceso de acción popular impulsado por el ciudadano Carlos Paz, y luego defendido por Angelcom, que buscaba condenar a Transmilenio por supuestamente vulnerar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público de los bogotanos. Al final, la empresa de transportes capitalina resultó inocente de todo.

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El ciudadano Paz buscaba que se declarara la responsabilidad de Transmilenio por las supuestas irregularidades alrededor del contrato de concesión, de 2011, que permitió a la empresa Recaudo Bogotá quedarse con la administración del dinero que llega a las arcas del sistema. La acción popular mencionaba que, supuestamente, hubo una manipulación para que el contrato quedara en manos de Recaudo Bogotá, que entre sus representantes tenía a los hermanos Carlos y Javier Ríos Velilla, quienes hoy están en juicio por un expediente distinto.

Sin embargo, en julio de 2019, en Juzgado de Bogotá falló a favor de Transmilenio y Recaudo Bogotá. El despacho judicial consideró que el proceso de licitación estuvo ajustado a la ley y que la empresa de transporte escogió al oferente que le hizo llegar la mejor propuesta. No obstante, la empresa Angelcom SA, que también se había presentado a la licitación, apeló la decisión del Juzgado y llevó el caso a segunda instancia, explicando que hizo falta valorar una prueba que, a su juicio, sería reina.

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Se trata del informe técnico de un profesor de la Universidad Nacional, así como su aclaración y complementación, en el cual se establecería una presunta manipulación en las fórmulas presentadas en el pliego de condiciones de la licitación. Es decir, en los requisitos a los cuales las empresas oferentes se someten para intentar quedarse con el contrato público. Según esa investigación, el pliego de condiciones habría resultado extrañamente favorable para la empresa Recaudo Bogotá.

En segunda instancia, el Tribunal de Cundinamarca de nuevo le dio la razón a Transmilenio y a Recaudo Bogotá. No le otorgó credibilidad al informe técnico del profesor universitario, dado que este último hizo la salvedad de que se demostraría la manipulación “bajo ciertas hipótesis”. De tal forma que, como lo explicó el Tribunal, “se parte de una suposición, lo cual tiene un carácter incierto que no permite comprobar que efectivamente existieron los errores que alega el apelante (Angelcom) y que lo llevan a concluir que está acreditada la manipulación de la fórmula económica de escogencia de las propuestas”.

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Y continuó con sus consideraciones: “No se logró probar que, al estructurarse la licitación pública de 2011, haya existido una acción u omisión por parte de los funcionarios que participaron en la misma que se aparte del incumplimiento del interés general en su propio beneficio, puesto que lo que se observa es que la administración distrital cumplió con el deber de satisfacer los intereses de los usuarios del servicio público del Distrito Capital”.

Sin embargo, esa licitación no está del toda impoluta. El pasado 13 de octubre, la Fiscalía acusó formalmente a los hermanos Ríos Velilla y al exconcejal Felipe Ríos Londoño por presuntamente haber incurrido en delitos contra la administración pública. Para la fiscal Angelica Monsalve, la empresa Recaudo Bogotá no podía quedarse con el millonario contrato, pues sus dueños eran familiares del concejal de Bogotá, Ríos Londoño, que estaba activo para el momento de la adjudicación.

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Lo que debía ocurrir es que los empresarios debían aclarar que tenían una inhabilidad por tener a un sobrino en el Concejo de Bogotá, situación que nunca ocurrió. Por esta razón, la Fiscalía los llamó a juicio por los delitos de violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En cuando al exconcejal, la fiscal señaló que, como cabildante, no podía no participar de las plenarias en las que se analizó el convenio que se iba a celebrar con la empresa de transporte público. Cabe recordar que la fiscal Monsalve los pudo acusar, luego de denunciar en televisión nacional que, en medio del avance del proceso, la Fiscalía quiso enviarla de traslado a Putumayo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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