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25 Apr 2022 - 5:25 p. m.

Los Ríos Velilla se declararon inocentes por corrupción en contrato con Transmilenio

Este lunes, finalmente la Fiscalía le imputó al exconcejal Felipe Ríos Londoño y los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla el delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por la supuesta suscripción irregular de un millonario contrato con Transmilenio.
Los Ríos Velilla se declararon inocentes por corrupción en contrato con Transmilenio
Los Ríos Velilla se declararon inocentes por corrupción en contrato con Transmilenio

Pese a recusaciones, supuestos planes de acabar con su vida y posibles traslados a otros territorios contra la fiscal Angélica Monsalve, la audiencia de imputación de cargos en contra del exconcejal Felipe Ríos Londoño y los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla, quedó en firme este lunes. Las tres personas están bajo la lupa de las autoridades por un supuesto caso de corrupción que vincula un millonario contrato que se adjudicó en agosto de 2011 y relacionaba el recaudo de los pasajes de transporte público en la capital del país.

Aunque la audiencia parecía no tener mayor relevancia para la fiscal Monsalve puesto que estaba acostumbrada a tratar esa serie de casos: corrupción en la administración pública, el proceso trascendió cuando intentaron retirar el expediente de su despacho y enviarla a Putumayo. Lo que denunció en su momento la delegada del búnker es que esa serie de advertencias llegaron luego de anunciar que llevaría ante los estrados judiciales a miembros de la familia Ríos Velilla.

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Finalmente, Monsalve, contra todo pronostico les endilgó el delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades porque, a su juicio, intervinieron de manera irregular en un proceso de licitación que se llevó a cabo en agosto de 2011. El convenio tenía como objetivo realizar el diseño, suministro, implementación y mantenimiento del sistema de recaudo de información del servicio al usuario del transporte público de Bogotá. La fiscal reseñó que el contrato se celebró entre Transmilenio y Recaudo Bogotá, entidad de la que hacen parte los hermanos Javier y Carlos Ríos Velilla.

El reproche de la delegada del búnker es que para la época, el exconcejal Felipe Ríos hacía parte del Concejo de Bogotá y debía dejar claro que su parentesco (sobrino de los hermanos Ríos Velilla) en cuarto grado de consanguinidad no les permitía avanzar con el objeto de contrato ni tampoco postularse para la adjudicación del mismo. Por el contrario, la fiscal consignó que siguieron adelante con el trámite. “Ustedes por medio de la empresa Recaudo Bogotá S.A.S enviaron carta remisoria suscrita por la representante legal Nohora Patricia Acero en la cual señalaron que Recaudo Bogotá no estaba incurso en ninguna causal de inhabilidad establecidas en la ley”, dijo la fiscal en la audiencia.

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Monsalve resaltó que las irregularidades por parte de los Ríos Velilla quedaron en evidencia al analizar la información de las empresas socias de Recaudo Bogotá, pues, a su juicio, hay pruebas que la entidad está compuesta por Citymovil Colombia S.A.S con una participación de un 60%, y Landebelo y LGCNS Compañía Ltda, en un 20% de participación respectivamente. “De las actividades investigativas realizadas por la Fiscalía se corroboró que los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá son ustedes Carlos y Javier Ríos Velilla”, le explicó la fiscal a la juez 42 de garantías y añadió que el 100% de la sociedad es de los hombres que llevó ante los estrados judiciales.

Para Monsalve está claro que Recaudo Bogotá y sus filiales tenían en común contadores legales, representantes legales, revisores fiscales y miembros de juntas directivas que los llevaba a ser una sola organización. “La participación de ustedes a través del grupo Ríos no se limitó solamente a actuar indirectamente por medio de sus sociedades, sino a intervenir de manera directa a favor de Recaudo Bogotá S.A.S en el proceso licitatorio a sabiendas que estaban incursos en prohibiciones legales para contratar con el Estado colombiano, pues siendo ustedes contratistas del distrito de Bogotá, su sobrino Felipe Ríos Londoño era paralelamente concejal de Bogotá hasta el 31 de diciembre de 2011. Ustedes sabían que existía una incompatibilidad manifiesta si intervenían como proponentes”, dijo la delegada.

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Sobre el exconcejal, la fiscal dijo que como cabildante su deber era no participar de las plenarias en las que se analizó el convenio que se iba a celebrar con la empresa de transporte público y algunos oferentes, entre ellos, la entidad que presidían sus tíos. En la investigación de Monsalve está claro que Ríos Londoño no se declaró impedido ante las plenarias adelantadas en el Concejo de Bogotá ni tampoco advirtió que tenía alguna inhabilidad o incompatibilidad frente al tema de discusión.

“Usted sabía que la empresa Transmilenio estaba celebrando un contrato con la empresa Recaudo Bogotá y sabía que sus tíos eran los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá, situación que incluso fue puesta de presente por usted mismo en el año 2009 al contralor de Bogotá, antes que se diera el trámite de la licitación, de allí pues que esta manifestación debió realizarla ante la corporación para la cual laboraba que era el Concejo de Bogotá, debido a que el conflicto de interés que usted debía manifestar era una situación que impedía a la entidad y al proponente tomar una decisión imparcial en cuanto a la adjudicación del contrato”, resaltó la funcionaria del búnker que ha estado en la palestra pública por sus denuncias en medio del actual proceso judicial.

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La diligencia en contra de los hermanos Ríos Velilla y su sobrino, el exconcejal Felipe, no tardó más de 40 minutos. La juez 42 de garantías de Bogotá les dio la calidad de imputados y, ellos, quienes estaban acompañados de sus abogados decidieron no aceptar los señalamientos que les endilgó Monsalve. La delegada del búnker no solicitó medida de aseguramiento preventiva por lo que el proceso judicial seguirá su curso con los procesados en libertad.

Respecto del escándalo que se suscitó por su traslado, la fiscal no volvió a referirse sobre al tema. Lo último que se conoció fue de un posible plan de parte del Clan del Golfo para acabar con su vida. Las denuncias llegaron al búnker por cuenta del general Fernando Murillo, director de la Dijín, quien aseguró que en medio de las investigaciones que adelanta para erradicar la estructura criminal hubo indicios de posibles hostigamientos contra la funcionaria.

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En su momento, el Clan del Golfo desmintió esas aseveraciones, y Monsalve, por su parte, dijo que la estructura ilegal no tendría porque atentar en su contra teniendo en cuenta que ella no tiene procesos que la liguen directamente con la organización. Dejó claro que su experiencia en la Fiscalía ha sido perseguir delitos que atentan contra la administración pública. La fiscal aún no ha sido trasladada a Putumayo hasta tanto no se defina su situación de seguridad.

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