La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió enviar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el proceso contra el general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, señalado por su presunta participación en el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima en mayo de 2000 y por hechos relacionados con la violencia en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003.
La decisión se tomó luego de que el oficial retirado negara cualquier responsabilidad en los hechos durante su versión voluntaria ante el tribunal. La Sala de Reconocimiento de Verdad tomó la decisión tras evaluar el material probatorio y los avances de la justicia ordinaria. Al considerar que existen indicios que podrían comprometer su responsabilidad y que Gallego no reconoció, el caso pasará a un proceso adversarial ante la UIA, también conocida como la Fiscalía de la JEP.
Si la UIA decide presentar acusación, el proceso continuará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, el escenario judicial de la JEP para quienes no aceptan responsabilidad. En ese caso, si el general retirado es hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. La decisión se tomó de manera conjunta entre las subsalas del Caso 11, que investiga violencias basadas en género, y del Caso 08, que analiza crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en alianza con paramilitares o terceros civiles.
La investigación del caso Jineth Bedoya
La JEP basó su decisión en el material recopilado por la Fiscalía. En septiembre de 2025, tras 25 años de impunidad, el general (r) Gallego fue vinculado al caso mediante indagatoria por su presunta participación en delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado contra Bedoya.
Sin embargo, el exoficial solicitó suspender esa actuación de la justicia ordinaria argumentando que estaba compareciendo ante la JEP. Por ello fue citado a rendir versión voluntaria el 3 de febrero y el 5 de marzo de 2026, diligencias en las que negó cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, en su contra hay más de siete testigos que le han contado a la justicia que sí participó de los crímes de los que Bedoya fue víctima cuando trabajaba como periodista judicial de El Espectador.
Según testimonios recopilados por la justicia ordinaria, Gallego Castrillón habría favorecido a internos paramilitares de la cárcel La Modelo mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos, lo que habría contribuido al fortalecimiento de estos grupos dentro del penal. Esos abusos de autoridad y alianzas criminales eran, precisamente, los objetivos de las investigaciones de Bedoya.
Para mayo de 2000, la periodista de este diario había publicado cerca de 36 artículos sobre las redes criminales, el tráfico de armas en el penal y la situación de derechos humanos dentro de penal. El 25 de ese mes, cuando esperaba autorización para ingresar a la cárcel para realizar una entrevista, fue secuestrada en la puerta de La Modelo, trasladada a una bodega cercana y luego llevada por la vía Bogotá hacia Villavicencio, donde fue víctima de torturas y violencia sexual.
Por estos hechos, entre 2016 y 2019, la justicia ordinaria condenó a los paramilitares Alejandro Cárdenas Orozco, alias “JJ”, Mario Jaimes Mejía alias “El Panadero” y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevo de Pisca”. Sin embargo, el caso cayó en la impunidad sobre los funcionarios públicos relacionados con su caso. Por eso, y entre otras cosas, el caso fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el crimen no pudo haberse cometido sin la aquiescencia, colaboración o tolerancia del Estado colombiano y por eso lo condenó a pedirle perdón a la periodista y a avanzar en la investigación judicial. En medio de estos recientes avances es que la JEP decide enviar el caso de Gallego a la UIA para que avance el juicio en su contra.
El contexto de violencia en la cárcel La Modelo
A finales de los años 90, la cárcel La Modelo se convirtió en escenario de una disputa entre internos vinculados a las guerrillas de las Farc y el Eln y reclusos pertenecientes a grupos paramilitares trasladados desde otras cárceles. De acuerdo con lo documentado por la JEP, esa confrontación derivó en masacres, homicidios selectivos, torturas y desapariciones forzadas que dejaron al menos 101 víctimas entre 1999 y 2001.
Entre los hechos más graves se registran las masacres del 8 de diciembre de 1999, del 27 de abril de 2000 y de julio de 2001. Testigos también han señalado que el entonces coronel Gallego, quien para la época dirigía la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín) en Bogotá, habría tenido vínculos con redes que permitieron el fortalecimiento paramilitar dentro de la cárcel e incluso habría sostenido reuniones con jefes de ese grupo armado.
“Al menos cinco testigos indican haber visto en varias oportunidades a Gallego Castrillón ingresar de manera irregular al pabellón de alta seguridad de la cárcel, un espacio habitado por líderes paramilitares y que contaba con estrictas medidas de seguridad. Según lo dicho, la finalidad de esos ingresos era reunirse con Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha (jefes paramilitares presos) para, presuntamente, acordar o coordinar acciones delictivas”, señaló la JEP.
Lo que viene en la JEP
Con el envío del expediente a la UIA, la JEP busca que el caso avance hacia un escenario judicial que permita esclarecer la responsabilidad penal del general retirado y garantizar un recurso efectivo para las víctimas. Esta es la primera vez que el caso 11 y el caso 08 remiten conjuntamente a un compareciente a la UIA dentro de las investigaciones sobre violencias de género y crímenes cometidos por agentes del Estado durante el conflicto armado.
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