Este miércoles, en rueda de prensa, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas entregó los primeros avances por un supuesto caso de corrupción que sacude el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM). Una de las primeras medidas es una restructuración del comando general y es, específicamente, la eliminación de dos dependencias claves: el Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI) y la Regional de Inteligencia.
Estos dos departamentos, según Villegas, están pendientes de un acto administrativo para que desaparezcan jurídica y administrativamente del organigrama del CGFM, sin embargo, confirmó que desde hace ocho días dejaron de funcionar. En sus declaraciones, el ministro también anunció que varias personas han sido identificadas, aceptaron su responsabilidad y fueron separadas de su cargo, aunque no mencionó quiénes ni cuántas personas son.
Pero, además, como lo solicitó la Procuraduría, suspendió por un término de 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec). Solicitud efectuada, según Villegas, mediante el oficio 34605 del 16 de abril de 2018 al comandante general de las Fuerzas Militares.
Todo sucedió porque el pasado domingo la revista Semana publico una segunda parte de una investigación que viene realizando hace un par de meses. Según este medio, argumentando gastos reservados y de seguridad nacional, miles de millones de pesos del CGFM habría terminado en los bolsillos de suboficiales, oficiales e incluso generales de la República. (En contexto: Escándalo de corrupción sacude a las Fuerzas Militares)
De acuerdo con la investigación, entre 2013 y 2017, la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec) recolectó más de $20.000 millones a través de cuatro compañías de ciberdefensa y ciberataque llamadas Huila, Neiva, Espinal y Villavicencio. Ese dinero, al parecer, tenía como destino un fondo bautizado “El ahorro”, del cual habrían salido recursos para bolsillos privados.
Al parecer, este esquema de corrupción se aprovechó de la dinámica para recolectar información en la que se basa el trabajo de inteligencia: las fuentes humanas. Y el ejemplo fue el caso de un capitán llamado Harold Parra, quien sería un hombre de confianza del general (r) Martín Nieto, uno de los cinco oficiales que apoyó al Gobierno en las negociaciones de La Habana mientras estaban activos. Semana sostuvo que Parra reclutaba fuentes humanas con una capacidad tan asombrosa que al final resultó sospechosa.
Como ejemplo, la revista menciona el caso de una hija de un militar venezolano, a la cual se le giraban, supuestamente, entre $10 y $15 millones cada vez que aportaba información. Sin embargo, Semana aseguró que con el tiempo la fuente no existía y que los documentos que presentaba era de un hacker que los sacaba de internet. Otra de las denuncias en la investigación es que hay varios altos oficiales involucrados en el desfalco y que pedían dinero cuando tenían que hacer viajes en representación del Estado. Es decir, exigían dinero para rubros que el propio Estado cubre.
Los generales en retiro que salen comprometidos con la publicación son Juan Pablo Rodríguez, excomandante de las Fuerzas Militares, y Martín Nieto. En el caso de Rodríguez, la publicación periodística evidenció que autorizó un viaje con la plata de “El ahorro” para que miembros de inteligencia fueran a Las Vegas y compraran unos aparatos llamados “piñas” para contrarrestar los tuits que había emitido José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, alertando que algunos oficiales estaban en el radar de la Corte Penal Internacional (CPI). (Lea también: Procuraduría asume investigación por presunto desvío de plata en las FF.MM)
Los dispositivos, se supone, servirían para trabajar desde las redes sociales en una estrategia en contra de los tuits de Vivanco. Los aparatos, cuenta la revista, se facturaron por $20 millones cada uno, a pesar de que habían costado entre US$50 y US$100 (de $150.000 a $300.000). Pero lo más grave que estos aparatos, al parecer, no se utilizaron para labores justificadas sino para un supuesto monitoreo de altos oficiales, miembros del propio gobierno y algunos políticos.
Las actuaciones del Ministerio de Defensa
En la rueda de prensa, Luis Carlos Villegas informó las acciones que ha realizado por cuenta de este caso. El ministro dice que, desde diciembre de 2017, cuando Semana público la primera parte de esta investigación, ordenó verificar estos hechos, tarea que se cumplió la Oficina de Control Interno Sectorial (OCIS) en conjunto con la Inspección general de las Fuerzas Militares.
Por orden del ministro, la OCIS entregó un informe a la Procuraduría el 12 de marzo de 2018 y a la Fiscalía tres días más tarde. Al ente investigador, explicó Villegas, se entregó varios documentos reservados sobre posibles responsables, procedimientos para cometer las irregularidades y la documentación de soporte. Misma información fue puesta en conocimiento de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia. (Le sugerimos: Ecuador requiere al general (r) Óscar Naranjo y a la cúpula militar de 2008 para juicio)
El CGFM, según el ministro, ha buscado los controles al interior del área de inteligencia, y dijo que se ha cuidado para asegurar la permanencia de un personal confiable y calificado. “Estos controles, especialmente la supervisión de tareas, uso de recursos y resultados, deberán ser estrictamente vigilados por la Inspección General de las Fuerzas Militares y por la Oficina de Control Interno Sectorial, sin perjuicio de la intervención de la Contraloría General de la Nación en lo que atañe a los asuntos fiscales”, señala el comunicado de prensa.
Por Redacción Judicial
