Por lo menos tres años les tomaría a los magistrados del Consejo de Estado el estudio de las demandas relacionadas con las elecciones del pasado 14 de marzo, sostuvo el presidente de esa colegiatura, Luis Frenando Álvarez.
El magistrado señaló que aspiran a contar con la ayuda del Gobierno Nacional y del Consejo Superior de la Judicatura para reducir los términos en por lo menos 12 meses el estudio de las acciones.
Agregó que la labor se dificulta por la composición que actualmente tiene la Corporación, ante la cual fueron interpuestas 50 acciones que buscan que se decrete la nulidad de los comicios parlamentarios.
“Si no existe ninguna ayuda, con la escasísima infraestructura de la Sección Quinta del Consejo de Estado, lamentablemente, nos vamos a demorar otra vez los tres años que nos demoramos la última vez”, advirtió Fernando Álvarez.
Señaló que al sistema democrático le urge contar con la mayor colaboración en ese sentido, pues resulta contraproducente para los intereses del electorado que este tipo de procesos solo sea resuelto cuando los congresistas estén próximos a cumplir su período, como ocurrió durante la recién culminada vigencia legislativa.
Para el magistrado es imposible que el Consejo de Estado cumpla con los seis meses de plazo que concede la Ley para la dimisión de procesos de esta naturaleza.