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Felipe Rodríguez Mariano, exgerente de la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Fonade, y los particulares Richard Kamal Náder Ordosgoitia y Ronald Rafael Ruiz de León fueron enviados a la cárcel por orden del juzgado 18 de garantías de Bogotá. La Fiscalía los investiga por la supuesta manipulación de un contrato de más de $16.000 millones para realizar interventoría en la construcción de más de 4.300 viviendas de interés prioritario en los departamentos de Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila. (Le sugerimos: Los convenios enredados en Fonade)
En la misma decisión, el despacho les concedió casa por cárcel a Juan Felipe Morales Tabares y Amaury Segundo García de La Espriella, socios del Consorcio Interviviendas, y a Antonio María Sánchez Lozano y Jorge Eliécer Córdoba Quintero, funcionarios del Fonade. Estas personas, quienes aceptaron su responsabilidad por las irregularidades que encontró el ente investigador –excepto Felipe Rodríguez Mariano, quien se declaró inocente–, tendrán que permanecer detenidos mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, recibirán una rebaja en su pena por aceptar su responsabilidad.
El ente investigador encontró que estas personas habrían participado de manera irregular con el objetivo de lograr que el contrato de interventoría quedara en manos de un solo proponente: el Consorcio Interviviendas, compuesto por las empresas Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión S.A.S. (Tecniconsulta), Isoam S.A.S y el Grupo Orión. A este proceso de convocatoria privada, Fonade invitó a tres empresas, pero en el proceso de contratación quedaron dos: Técnicas Territoriales y Urbanas TTU y el Consorcio Interviviendas. Esta última empresa fue contactada por Náder Ordosgoitia y Ruiz de León, cercanos al exsenador Musa Besaile –quien se encuentra detenido por cuenta de otra investigación–, para adjudicar el mencionado contrato de interventoría. (Lea también: Las pruebas de la Fiscalía en el caso de corrupción del Fonade)
Este contacto irregular se adjudicó luego de que se pactara el 25 % para los congresistas y un 10 % para el director de la “torre negra”, como se le dice al edificio de la Calle 26 donde quedan Fonade y el DNP. Richard Náder y Ronald Ruiz de León fueron los emisarios para que los contratistas pagaran las coimas que les aseguraban el contrato. Asimismo, se encargaron de pagar a funcionarios del Comité de Evaluación del Fonade para que emitieran conceptos técnicos a favor de la propuesta del Consorcio Interviviendas.
“En Fonade, para ese proceso de convocatoria privada, no hay reglas claras y, al parecer, quedan al libre albedrío de la entidad, que de manera unilateral determina a cuáles empresas van a invitar sin la consideración de criterios objetivos. Esto limita la participación de oferentes, aprovechando el vacío en esta materia”, comentó la Fiscalía al juzgado en el curso de las audiencias desarrolladas en los juzgados de Paloquemao. No hay duda para el ente investigador de que esto se trató de una “organización criminal” dedicada a buscar la adjudicación de contratos en Fonade. Una entidad que, de acuerdo con los expuesto en el proceso, fue entregada por el Gobierno Nacional a varios congresistas como cuota burocrática. (Le podría interesar: Fiscalía pide investigar a Musa Besaile y al representante Eduardo Tous de la Ossa)
Jorge Eliecer Córdoba Quintero, Juan Felipe Morales Tabares, Amaury Segundo García de La Espriella y Antonio María Sánchez Lozano solicitaron, a través de sus abogados, la posibilidad de trabajar, pero la petición fue negada por la jueza.
Por Redacción Judicial
