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20 Aug 2021 - 11:00 a. m.

Tribunal admite demanda para restitución de tierras al Consejo del Río Guajuí

El Consejo Comunitario del Río Guajuí, en Guapi (Cauca), podrá recuperar casi 6.000 hectáreas de una tierra que, como indica la demanda, perdieron por desplazamiento forzado y el fuego cruzado entre grupos criminales. El 78% de la población del municipio ha sido víctima del conflicto armado.
Mujer del Consejo Comunitario del Río Guajuí.
Mujer del Consejo Comunitario del Río Guajuí.
Foto: Ministerio del Interior

El Tribunal Superior de Antioquia acaba de dar una noticia que significa una luz de esperanza para el Consejo Comunitario del Río Guajuí, en el municipio de Guapi (Cuaca). El despacho judicial admitió la demanda, presentada por la Unidad de Restitución de Tierras, con la cual un total de 3.672 personas podrán recuperar un terreno de 5.735 hectáreas, arrebatado hace décadas durante el conflicto armado.

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Con la demanda se busca resarcir los daños sufridos por las comunidades afro e indígena del suroccidente del país, quienes durante años quedaron envueltos en el fuego cruzado entre actores armados y la disputa por el control de las economías ilegales como la siembra de coca, el tráfico de armas o la minería ilegal. “El cumplimiento de todas las disposiciones de ley a la hora de presentar una demanda nos permite garantizar con oportunidad el proceso para restablecer los derechos territoriales de las comunidades étnicas”, dijo Sally Mahecha, delegada de la Unidad.

Según se explica en la demanda, el Consejo Comunitario del Río Guajuí es víctima acreditada de desplazamiento forzado y, a su vez, del confinamiento recurrente por la incursión de grupos armados ilegales. Como lo explicó el Ministerio del Interior, en su plan de caracterización del consejo, en el Cauca han estado las Farc, el Eln, el Epl, el M-19, el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman, el Comando Ricardo Franco y el Comando Pedro León Arboleda.

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“Las acciones de los violentos en la zona han sido evidentes con siembra de minas antipersona, la presencia en el territorio a través de campamentos temporales, enfrentamientos entre los actores armados, extorsiones, homicidios selectivos e intimidaciones con la que se ha visto afectada la pervivencia de esta comunidad, quienes por estos hechos ha sufrido afectaciones a su gobierno propio, la ruptura del tejido social, el quebrantamiento de las prácticas culturales, tanto religiosas como recreativas que se realizan de manera comunitaria en el territorio”, agrega la Unidad.

El trabajo de las autoridades con el Consejo inició en 2015 y finalizó, en su primera fase, con la presentación de la demanda en mayo pasado. Dentro de las pretensiones de la comunidad afectada están promover planes de fortalecimiento para el ejercicio de gobierno propio, poner en marcha el plan retorno de los desplazados, reubicar a las víctimas del conflicto e implementar medidas de protección colectiva. Asimismo, piden a la Fuerza Pública ponerle la lupa a las actividades de minería ilegal y la tala indiscriminada de bosques.

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El Ministerio del Interior ha realizado un balance claro sobre la situación en Guapí. En la caracterización se explicó que el Cauca ha sido un corredor estratégico de movilidad de armas y droga. Además, que Buenaventura ha sido un punto de consolidación del contrabando. Los grupos armados ilegales han creado unidades militares para la protección de proyectos mineros ilegales, que han afectado territorios indígenas.

“Otro factor generador de diferencias (…) es la erradicación manual forzosa de cultivos de uso ilícito, donde el Ejército Nacional y los erradicadores manuales, entran a zonas con débil presencia del estado, cuyas condiciones de pobreza y estancia de actores armados, han incidido en el territorio, creando una cultura de ‘la coca como el único medio de vida y subsistencia’”, agrega el Ministerio. Tal es la economía de la droga, que se han presentado alianzas anormales como entre guerrilleros y criminales del Clan del Golfo para resistir al Ejército y otros grupos armados.

De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información, entre 1985 y 2017, Guapí registró un total de 21.975 personas a quienes les ocurrió un hecho victimizante. Si se tiene en cuenta el promedio de habitantes del DANE, de alrededor de 28.000, se podría decir que más del 78% de la población ha sufrido el conflicto armado. Los hechos más recurrentes son el desplazamiento, con 19.317 víctimas, la amenaza con 1.722 víctimas y el homicidio con 345 víctimas. Además, el 70% de los afectados se reconoce como afro.

Se tienen casos como el de la Comunidad de San Antonio, en el Consejo, en el cual se relata que para 2005 los grupos armados recurrieron a tácticas de “enamoramiento de mujeres”, para luego esclavizarlas y amenazar a la población usándolas como carne de cañón. Los criminales ocupaban instalaciones comunitarias como escuelas y puestos de salud. Para ese mismo año, ingresaron los paramilitares, quienes realizaron controles de movilidad a la población y amenazaron con que, para trasportarse, debían pedir permiso.

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“Los actores armados también provocaron el desplazamiento inicial de algunos miembros de la comunidad, por enfrentamientos por parte de dos grupos armados. Muchas familias se desplazaron por el reclutamiento forzado, además en el mismo año 2008, también ocurrió el desplazamiento masivo de la comunidad del Carmelo. En el año 2014 también se presentaron más hechos de desplazamiento forzado de algunas familias que hasta la fecha no han retornado, luego de esto los actores armados le prohibieron a la comunidad que se desplazara del territorio en ese mismo año”, agregó el Ministerio sobre la Comunidad El Carmelo y San José, del Consejo del Rio Guajuí.

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