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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a pagar millonarias sumas de dinero a la Unión Temporal Seguridad Total. Esto, al determinar que la entidad incumplió dos contratos para la prestación de servicios de protección y aplicó descuentos sin sustento técnico o contractual.
El caso se originó en 2015, cuando la UNP firmó los contratos 629 y 630 con la Unión Temporal Seguridad Total. Estos consistían en proveer, implementar y operar esquemas de protección con escoltas para el Programa de Protección de la entidad. El primer contrato, suscrito por un valor inicial de COP 19.153 millones, debía encargarse de cubrir los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés.
Por su parte, el contrato 630, suscrito por COP 16.311 millones, cubriría los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Tolima, Quindío y Risaralda. En un inicio, ambos contratos tenían como plazo de ejecución el 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, debido a la necesidad del servicio, el plazo se amplió mediante prórrogas hasta el 29 de febrero de 2016 y se adicionaron recursos.
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Con estos cambios, el contrato 629 quedó en COP 28.438 millones y el 630 en COP 23.625 millones. Sin embargo, la UNP empezó a descontar COP 2.530 millones de esos pagos y pidió a Seguridad Total emitir notas crédito sobre facturas que ya habían sido presentadas. Además, la empresa encontró que la fórmula usada por la UNP para calcular los intereses de cesantías de los escoltas tenía un error matemático, por lo que a los trabajadores se les estaba pagando menos de lo que correspondía.
La UNP también ordenaba a los escoltas desplazarse durante varios días al mes. Según el tribunal, cuando estos viajes habituales superaban los tres días, debían tenerse en cuenta para calcular sus prestaciones laborales. Sin embargo, la UNP estableció que solo reconocería ese pago adicional cuando los escoltas viajaran más de 15 días al mes. Esto significaba que los desplazamientos de entre 3 y 14 días quedaban por fuera de ese reconocimiento.
Teniendo esto en cuenta, el 23 de diciembre de 2016 las partes se reunieron para firmar las actas de liquidación bilateral. Aunque la UNP marcó como satisfactorio el cumplimiento de los contratos, la Unión Temporal Seguridad Total se negó a firmar un paz y salvo absoluto. La entidad dejó constancia de que la Unidad Nacional de Protección les debía COP 2.780,8 millones por el contrato 629 y COP 2.838,7 millones por el 630.
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Aunque en las actas de liquidación la UNP reconoció algunos saldos pendientes por los contratos, estos no fueron pagados de inmediato. Por esa razón, Seguridad Total acudió a la justicia en 2017 para reclamar esos recursos. El proceso terminó ese mismo año con un acuerdo de pago, en el que la empresa renunció a los intereses de mora y la UNP se comprometió a pagar el capital adeudado, obligación que finalmente cumplió.
Sin embargo, ese acuerdo no resolvió los otros reclamos de Seguridad Total. Entre ellos, los descuentos aplicados a varias facturas, las diferencias en el cálculo de los intereses de las cesantías de los escoltas y el pago relacionado con los desplazamientos que realizaban durante la prestación del servicio.
Por esto, Seguridad Total presentó en marzo de 2019 una demanda por controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Durante el proceso, la UNP argumentó que la demanda se había presentado fuera de tiempo y que las obligaciones ya habían sido pagadas mediante el acuerdo de 2017.
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Sin embargo, el pasado 15 de mayo, el Tribunal concluyó que ese pago correspondía a conceptos diferentes de los que se discutían en la nueva demanda. En ese sentido, condenó a la UNP a pagar más de COP 5.766 millones a Seguridad Total, al concluir que la entidad incumplió con el pago de múltiples facturas. Sumado a esto, a este monto se le deberá sumar los intereses de mora acumulados desde hace más de una década y los costos del proceso judicial.
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