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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió el amparo constitucional a favor de Andrea Valdés Contreras, una mujer privada de la libertad que denunció haber sido víctima de violación en la cárcel El Pedregal de Medellín (Antioquia). El fallo, que tuvo ponencia de la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, ordena a las autoridades penitenciarias y judiciales adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones dignas y seguras tanto para ella como para su hijo por nacer.
Valdés Contreras denunció ante la Fiscalía haber sido víctima de una doble violación por parte de dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mientras se encontraba recluida en la cárcel de Medellín. Según la defensa, la mujer, hoy embarazada como resultado de esos hechos, ha sufrido además de tortura, actos de discriminación, amenazas de muerte y la administración de sustancias abortivas sin su consentimiento. Actualmente, Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, pero su abogado alertó que todavía persisten riesgos para su integridad física y emocional.
El pasado 27 de marzo, la defensa de Valdés interpuso una tutela contra el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá por la presunta demora injustificada en responder una solicitud de sustitución de medida de aseguramiento carcelaria por detención domiciliaria. Dicha solicitud fue radicada el pasado 4 de marzo, sin que hasta el momento la autoridad judicial hubiera emitido pronunciamiento alguno.
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Inicialmente, el Tribunal dispuso como medida provisional el traslado de Andrea Valdés a un establecimiento penitenciario fuera de la jurisdicción del Inpec. No obstante, la propia Valdés “manifestó de forma libre y voluntaria su decisión de permanecer en El Buen Pastor, donde actualmente cuenta con atención médica, celda individual y dieta especial, circunstancias que fueron verificadas”, señaló el alto tribunal.
La magistrada ponente se desplazó personalmente a la cárcel El Buen Pastor para escuchar la versión de Valdés, en una diligencia que se llevó a cabo con la presencia de su abogado y una delegada del Ministerio Público. Como parte de las órdenes emitidas, el Tribunal instruyó al director del Inpec y a la directora de la cárcel El Buen Pastor a garantizar un entorno seguro y digno para la reclusa y su hijo por nacer.
Asimismo, le exigió al Juzgado 13 de Ejecución de Penas que, si no lo ha hecho, resuelva la solicitud de sustitución de medida presentada el 4 de marzo en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación del fallo. Además, se le ordenó a la Fiscalía 23 Especializada contra la Corrupción, que adelanta la investigación por los hechos denunciados, realizar en un plazo no mayor a 48 horas una valoración exhaustiva de la situación de seguridad de Valdés, con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad.
El caso de abuso en El Pedregal
Andrea Esperanza Valdés Contreras, una mujer de 30 años privada de la libertad, denunció haber sido víctima de dos agresiones sexuales por parte de dos guardias del Inpec, mientras se encontraba recluida en la cárcel El Pedregal, en Medellín (Antioquia). Según su testimonio, los abusos derivaron en un embarazo y en un posterior intento de aborto forzado sin su consentimiento.
Los hechos habrían comenzado el 29 de agosto de 2024, cuando, de acuerdo con la denuncia, un hombre sin uniforme ingresó en horas de la noche a su celda y la atacó sexualmente. Pese a sus gritos de auxilio, fue silenciada bajo amenazas de muerte. Una semana más tarde, el 5 de septiembre, habría sido agredida nuevamente por otro dragoneante, quien la insultó y la sometió con violencia. Valdés identificó a los presuntos responsables como los funcionarios del Inpec Cristian Camilo Torres y Diego Stiven Castaño.
El caso adquirió mayor gravedad en noviembre, cuando Valdés perdió el conocimiento y fue llevada al área de sanidad. Allí, según relató, se enteró de su embarazo, aunque nunca recibió formalmente los resultados médicos. Días después, una guardiana le realizó una prueba de embarazo casera que confirmó su estado de gestación.
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La interna también señaló que el director del centro penitenciario de El Pedregal, Pablo Yamid Ramírez, mostró mayor preocupación por el impacto mediático del caso que por su situación personal. Además, aseguró que el subdirector Carlos Arturo Yepes le insistió en que debía abortar y le ofreció apoyo de Profamilia para hacerlo.
Pese a su negativa, relató que en noviembre sufrió un fuerte dolor abdominal tras ingerir su almuerzo y comenzó a sangrar. Al ser trasladada a una clínica, los médicos hallaron en su organismo rastros de Cytotec, un medicamento utilizado comúnmente para interrumpir embarazos.
Tras la denuncia, Valdés habría recibido amenazas de muerte dentro del penal. A finales de diciembre, fue advertida de que si hablaba, sería silenciada. A pesar de haber reportado riesgos contra su vida, se ordenó su traslado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué (Tolima). Posteriormente, el 10 de enero de 2025, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde reside su familia. En su testimonio, Valdés advirtió que los abusos sexuales en El Pedregal son una práctica sistemática y que otras internas también han sido víctimas, aunque no se atreven a denunciar por miedo a represalias.
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