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En la tarde de este miércoles 14 de enero, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada del Ejército, fueron atacadas con drones equipados con explosivos. El atentado habría sido perpetrado por integrantes del frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Según las autoridades, el ataque ocurrió en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar (Chocó), “dejando como resultado un suboficial y nueve soldados heridos, quienes presentan lesiones y aturdimiento por esquirlas a causa de la explosión de un explosivo artesanal”.
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El Ejército señaló que, tras conocerse el estado de salud de los uniformados, y en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se dispuso de dos aeronaves para su evacuación. “A nuestros soldados se les brindó atención inmediata por parte de enfermeros de combate, para su traslado a los centros médicos donde recibirán la respectiva atención”, indicó la institución.
Asimismo, indicaron que el Ejército rechaza esta acción criminal y recordó que este tipo de atentados terroristas “violan los derechos humanos e infringen el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y con ellos se pone en grave riesgo a las poblaciones”.
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El último ataque con drones contra la fuerza pública ocurrió el pasado 18 de diciembre, cuando se registró un atentado con explosivos contra la base militar de la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar). El ataque dejó un saldo de siete militares muertos y 30 heridos.
Las primeras pesquisas de las autoridades señalaron que los responsables del ataque serían integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del Eln. En su momento, el Ejército indicó que: “En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, tipo tatuco”.
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Tras el atentado, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X y señaló que el hecho se habría presentado “por faltas de sistemas antidrones priorizados”. Por ello, según indicó el primer mandatario, ordenó la compra inmediata de estos sistemas, cuyo costo asciende a COP 1 billón.
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