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19 Aug 2020 - 11:47 p. m.

“Tutelatón” en favor del expresidente Álvaro Uribe no rinde frutos aún

A la Corte Suprema han llegado más de 400 tutelas para pedir la libertad del exsenador del Centro Democrático. La Sala Civil acaba de tomar decisión sobre 177 de ellas, señalando que ninguna fue radicada por alguna de las partes del proceso, requisito indispensable para un recurso de esta naturaleza (que protege derechos fundamentales e individuales).
Este martes 18 de agosto, Álvaro Uribe presentó su renuncia al Senado y fue admitida casi de inmediato. / EFE
Este martes 18 de agosto, Álvaro Uribe presentó su renuncia al Senado y fue admitida casi de inmediato. / EFE

A hoy, a la Corte Suprema de Justicia han llegado cuando menos 420 tutelas solicitando una sola cosa: que se revocara la decisión de mantener en detención domiciliaria al exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta “tutelatón” se compone de formatos similares, en las que ciudadanos que votaron por Uribe para el Senado en marzo de 2018 -elecciones en las que quedó como el congresista de mayor votación en el país- han alegado que la casa por cárcel para Uribe cercena los derechos políticos del exmandatario y de quienes lo eligieron. Un argumento que ya no tiene piso ahora que Uribe presentó su renuncia al Senado y esta instancia se la aceptó en cuestión de horas.

Hace un momento, la Sala Civil de la Corte Suprema notificó su decisión sobre las primeras 177 tutelas de esta oleada de recursos legales radicados en favor de Uribe: fueron denegadas. Según explicó el alto tribunal en un mensaje enviado por sus redes sociales, quienes presentaron las tutelas no tenían legitimación. Es decir, que no hacían parte del proceso y, por ende, no estaban en posición de alegar que sus derechos políticos se han violado. La defensa del exsenador, además, ha manifestado su desacuerdo con la “tutelatón”. (Corte Suprema o Fiscalía: ¿quién se quedará con el caso Uribe?)

Esta es la segunda decisión judicial que se conoce hoy en referencia con el exsenador, quien está detenido en su finca El Ubérrimo (Córdoba) desde el pasado 12 de agosto. En la mañana trascendió que el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería resolvió el habeas corpus que, en favor de Uribe, presentó el congresista Santiago Valencia. El habeas corpus es el recurso a quienes apelan las personas que se creen privadas de la libertad injustamente, y se tiene que resolver en un plazo máximo de 36 horas. El juez a cargo de evaluar la petición no solo la negó sino que, de paso, plasmó un regaño para el senador Valencia por recurrir a recursos no idóneos para atacar decisiones judiciales, lo que implica un desgaste para el sistema judicial.

“No se puede pretender a través de la acción de Habeas Corpus atacar decisiones judiciales que cuentan con recursos ordinarios establecidos y los cuales son garantía para el procesado en los casos que considere que no existen fundamentos para la adopción de una decisión judicial y más aún en el presente caso, que según lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en su informe, la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez se abstuvo de presentar recurso alguno contra el auto de 03 de agosto de esta anualidad”. El juez, además, agregó que “carece de actualidad el reclamo en tanto que Dr Álvaro Uribe Vélez renunció al cargo de Senador, la cual le fue aceptada por el Congreso en la tarde del día de hoy”, pues el recurso se presentó ayer martes 18 de agosto. (Seis principios y derechos que se le violaron al expresidente Uribe, según su defensa)

El expresidente Uribe está detenido por un proceso en su contra en relación con dos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. Según los argumentos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Uribe fue “determinador y beneficiario” de un esquema para “comprar” testigos en su favor, lo que incluyó presiones múltiples e indebidas en contra de Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez fueron promotores del Bloque Metro de las autodefensas. Uribe, por su parte, insiste en su inocencia y reclama falta de garantías en su proceso, al punto que su estrategia de defensa incluyó su renuncia al Congreso, por lo que su expediente podría pasar ahora a manos de la Fiscalía y, si va a juicio, de un juez penal del Circuito.

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