El Tribunal Administrativo de San Andrés envío un ultimátum a las autoridades encargadas para emprender acciones para proteger los recursos naturales del archipiélago los cuales están en riesgo ante las embarcaciones que se encuentran abandonadas y que contaminan la isla.
En la decisión se señala que se deben ejecutar acciones para proteger los recursos naturales en el marco de la defensa de los derechos de los habitantes a gozar de un ambiente sano, puesto que no los organismos estatales no han tomado cartas en el asunto para solucionar dichos problemas.
El pronunciamiento fue emitido en respuesta a una acción popular en la que se reclamaba atención del Estado para evitar que las embarcaciones siniestradas, abandonadas, decomisadas o retenidas no sólo en la bahía, sino en todo el archipiélago, y que se encuentran en mal estado, contaminen o destruyan el ambiente marino del área donde están ubicadas por falta de mantenimiento.
“Están degradando o contaminando los ecosistemas de manglares, pastos marinos, arrecifes coralinos del área, habida cuenta que para destruir, desequilibrar y amenazar gravemente el equilibrio del ambiente marino o los recursos naturales de una zona específica del mar, basta con la presencia de tan solo una embarcación”, puntualiza la sentencia.
Para el Tribunal es deber de la Dirección Nacional de Estupefacientes velar por la conservación de la embarcaciones que se encuentran a su disposición, lo cual implica prevenir que sean fondeadas en el mar sin el mantenimiento debido.
Así mismo, la Corporación encuentra responsabilidad en los servidores judiciales porque es obligación de los auxiliares de la justicia presentar un informe periódico al titular de cada despacho sobre el estado y conservación de los bienes en custodia.
El Tribunal advierte que la Armada Nacional no está cumpliendo con su deber de exigirle a los propietarios, depositarios, secuestres o administradores el mantenimiento adecuado de dichas naves.
“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, lo cual es correlativo al derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, pues el mar y sus recursos son de carácter público y por lo tanto, su protección vigilancia y protección le compete al Estado”, indica el fallo.
El Tribunal Administrativo de San Andrés le dio un mes a la Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago y a la Dirección General Marítima para que elaboren un informe sobre el estado de cada una de las embarcaciones ubicadas en la bahía o zonas marítimas aledañas a la isla, con el fin de establecer cuáles deben ser retiradas del mar por constituir una amenaza para el ambiente marino.