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Una Corte Constitucional para la paz

Alejandro Linares, Catalina Botero y Magdalena Correa son los candidatos del presidente Juan Manuel Santos a nuevo magistrado de la Corte.

Juan Sebastián Jiménez Herrera 
08 de octubre de 2015 - 03:38 a. m.
Ahora, el Senado debe elegir al reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González.
Ahora, el Senado debe elegir al reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González.

No es exagerado decir que la elección del reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo va a ser de vital importancia para el futuro de un posible acuerdo de paz con las Farc. Ante una Corte dividida entre un bloque liberal y otro conservador, quien quede podría desequilibrar las cargas en una Corte que tiene una tarea determinante: estudiar las iniciativas que apruebe el Congreso para blindar el proceso de paz, entre ellos el Acto Legislativo para la Paz y todas las normas que se promulguen para implementar los acuerdos.

Y eso lo sabe el presidente Juan Manuel Santos, quien ayer dio a conocer a los tres candidatos de los que el Senado va a elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se trata de los abogados Alejandro Linares Cantillo, Catalina Botero y Magdalena Correa (ver perfiles). Mientras el Senado elige, González, quien acaba su período hoy, será reemplazado por la magistrada auxiliar Miryam Ávila Roldán.

La Corte Constitucional ha sido determinante durante este proceso, aunque su labor haya sido menos visible que la del Congreso y el Gobierno. Esta corporación fue clave, por ejemplo, a la hora de avalar el Marco Jurídico para la Paz. Por ello, la importancia de esta vacante que deja González Cuervo. El mismo presidente lo reconoció, al anunciar la apertura de una convocatoria pública para reemplazar al expresidente de la Corte Constitucional, a la que se presentaron 72 candidatos. “Estamos definiendo cosas muy importantes. Entonces la persona que se escoja va a cumplir un papel determinante, pero que es apenas un primer paso”, dijo el primer mandatario.

Y es que no es sólo la oportunidad de que el Senado elija a un candidato que avale lo que resulte de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, es, igualmente, una posibilidad para que el presidente Santos reemplace a un magistrado ternado por su antecesor y hoy opositor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con un candidato suyo. Santos no va a tener una oportunidad igual, sino hasta abril de 2017, cuando se les acabe el período a los magistrados María Victoria Calle Correa y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ambos ternados por Uribe, en 2009. A menos de que Pretelt salga antes del cargo, en virtud de un posible proceso en su contra por el caso Fidupetrol.

Ahora el Senado debe elegir al nuevo magistrado. Santos cuenta con los votos suficientes, ante la eventual oposición de los partidos que no forman parte de la Unidad Nacional. Se viene una elección clave para Santos y el proceso de paz.

* * *

Magdalena Correa 
La actual directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado es abogada de esa misma universidad, doctora en derecho constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y máster en administración y gestión pública de la Universidad de Amberes. Es, igualmente, investigadora registrada en Colciencias y en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.

Alejandro Linares
El vicepresidente Jurídico de Ecopetrol es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en derecho de la Universidad de Harvard. Ha sido viceministro de Agricultura, consejero presidencial para la Política Social, director del Plan Nacional de Rehabilitación y del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. Ha sido, igualmente, miembro del consejo directivo de Fedesarrollo y profesor universitario. 

Catalina Botero
Botero, hoy conjuez de la Corte Constitucional, es abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en derecho constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido magistrada auxiliar y encargada de la Corte Constitucional, relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, asesora del despacho del procurador general de la Nación. Es igualmente socia fundadora de la ONG Dejusticia. 

Por Juan Sebastián Jiménez Herrera 

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