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En la tarde de este lunes 1 de septiembre, ante una jueza de Bogotá, la Fiscalía acusó formalmente a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno Petro, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria tendrá que responder por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia sustentaron ante el de despacho de la jueza penal especializada que avaló la acusación, la forma en la que la exconsejera Ortiz habría servido como puente para entregar coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
“El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, indicó la Fiscalía por medio de un comunicado.
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A renglón seguido, el ente investigador señaló que al día siguiente, en el mismo sitio en el que se habría entregado el primer soborno, Pinilla Álvarez le habría entregado de nuevo la maleta a la exconsejera Ortiz, cargada con $1.500 millones más, “que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”. Para la Físcalía, la exfuncionaria “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la Ungrd”.
Agregó, además, que Ortiz tendría conocimiento de que ese dinero estaría destinado al pago de coimas “por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira”. Por su presunta participación en el desfalco a la entidad pública, desde diciembre de 2024 Ortiz está recluida en una guarnición policial de Bogotá, mientras avanza el proceso.
Pese a que Ortiz, como otros de los implicados en el escándalo de corrupción, ha intentado negociar con la justicia a cambio de colaborar con la investigación, en abril de este año la Fiscalía le cerró la puerta a la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad y dejó como único camino un posibe preacuerdo. En su momento, la fiscal María Cristina Patiño señaló que las pruebas entregadas por Ortiz no eran suficientes para convencer al juez del caso sobre la veracidad de sus aportes.
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La acusación a Ortiz se da en medio de movimientos importantes en la investigación por el entramado de corrupción. El pasado 29 de agosto, tras una audiencia que se extendió hasta la madrugada del sábado, el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, logró que una jueza de Bogotá le diera luz verde a un principio de oportunidad, a cambio de entregar información para seguir adelante con la investigación del entramado de corrupción.
Una semana antes, el 20 de agosto, otra jueza de la capital había aprobado el mismo recurso para Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad encargada de atender desastres y emergencias en Colombia y quien con sus declaraciones ha salpicado a altos funcionarios del gobierno y congresistas. No en vano se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía en la investigación.
En la misma semana, un juez preacuerdo que buscaba el exdirectivo Luis Carlos Barreto y la oficina de Interpol emitió circular roja en contra de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo para la Función Pública y también señalado por el caso. Pese a que ya fue imputado y tiene orden de captura, desde hace dos meses no hay noticias de su paradero.
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