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El vehículo de Hugo Escobar Fernández, auxiliar del magistrado Alejandro Ramelli de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue impactado, al parecer, con arma de fuego. Hace un mes el magistrado Ramelli fue amenazado por el Clan del Golfo. Con un mensaje enviado directamente a su número de WhastApp fue declarado objetivo militar. La Unidad Nacional de Protección (UNP) investiga los hechos.
El hecho ocurrió la noche del pasado jueves 8 de junio en el sector el Poblado en Medellín. De acuerdo con información de la UNP, el vehículo hace parte del esquema de protección del magistrado, que minutos antes había sido dejado en su domicilio. “Esta acción, por fortuna, no deja personas afectadas, pero sí exige extremar medidas”, se lee en la información de la unidad.
A raíz del hecho violento, la Fiscalía anunció que investiga sobre los responsables de este hecho violento. “A través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones”, comunicó el ente acusador.
En contexto: Alarmas encendidas por amenazas a magistrados de la JEP
Tras la firma final del Acuerdo de Paz, la JEP se convirtió en el mecanismo más importante para encontrar verdad, justicia y reparación. Junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) conforma el Sistema Integral para la Paz. Aunque desde su creación ha tenido detractores, nunca la habían atacado frontalmente como, al parecer, lo hizo el Clan del Golfo con la amenaza a Ramelli. Por lo pronto, las autoridades no han dado información sobre quiénes podrían haber atacado el vehículo del magistrado auxiliar.
“A partir de la fecha ustedes se les declara objetivo militar, ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado”, es un fragmento del mensaje que firmó el Clan del Golfo y fue enviado vía WhatsApp a Ramelli. Él, junto a Escobar, su magistrado auxiliar, investigan el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.
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El jurista ha realizado varias intervenciones en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia) que produjeron el hallazgo de fosas comunes con víctimas de desaparición forzada. La labor, que la adelanta con un grupo forense, ha estado marcada por los testimonios de exmiembros de la fuerza pública que han revelado información. El suceso resulta importante porque, además, se investiga la responsabilidad de altos mandos del Ejército que no han sido llevados ante la justicia.
Ante el grave hecho, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, rechazó la situación. “Rechazo este hecho violento dirigido contra funcionarios de la JEP que ya habían recibido amenazas. Espero que las autoridades competentes esclarezcan las responsabilidades y que cese el hostigamiento a quienes desde allí están encontrando verdad y justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.
Antecedente: UBPD denunció que funcionarios fueron amenazados en Saravena, Arauca
Esta no es la primera vez que el Sistema Integral para la Paz se ve amenazado. En septiembre de 2021, la Unidad de Búsqueda informó que en el municipio de Saravena (Arauca), una servidora y un conductor de esa entidad fueron abordados por personas armadas que exigieron la entrega del vehículo, el cual contaba con logos de la UBPD y sería utilizado para realizar una acción humanitaria de pedagogía en el marco de la conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada.
Asimismo, comisionados de la verdad han sido amenazados. Leyner Palacios, por ejemplo, recibió el más reciente mensaje intimidante en febrero de este año, cuando le advirtieron que tenía 12 horas para abandonar su tierra natal, la costa del Pacífico de Colombia, para que “no volviera nunca más”. Un año antes, en marzo de 2020, uno de sus guardaespaldas fue asesinado.
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