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El 2023 ha sido un año alarmante para los jueces, fiscales y abogados en el Valle del Cauca, quienes han sido víctimas de distintas violencias en su contra, pues han sido amenazados en audiencias, con panfletos y han sus lugares de trabajo han sido atacados con explosivos. Por esta ola de violencia, la Fiscalía asegura que ha venido adelantando acciones para hacerle frente a estos casos.
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De acuerdo con el ente investigador, en casos de violencia contra funcionarios judiciales y abogados, se “ha logrado la judicialización de 40 personas que estarían involucradas en estos hechos delincuenciales”. Según la Fiscalía, la mayoría de los procesados “son presuntos integrantes de estructuras criminales, con injerencia delictiva en este municipio. De estas, 12 fueron judicializadas por homicidio, 26 por concierto para delinquir y 2 por amenazas a un juez y un fiscal”.
La estrategia, asegura la Fiscalía, incluyó cinco líneas de acción dirigidas hacia los delitos de homicidio y tentativa de homicidio doloso; hechos de terrorismo urbano y conductas asociadas; amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos; lavado de activos y extinción del derecho de dominio; y delitos contra la administración pública.
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Asimismo, manifiesta el ente investigador, sobre las finanzas criminales de los señalados de estos hechos, se declaró extinción de dominio de cinco bienes inmuebles, tres vehículos y dos títulos valores, avaluados en aproximadamente $2.000 millones, que, según la Fiscalía, pertenecían a una organización criminal dedicada a la extorsión, el homicidio y el microtráfico en Tuluá.
La iniciativa para reducir las acciones violentas contra estas personas, dice la Fiscalía, “se adelanta de manera articulada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Nivel Central y de la Seccional Valle del Cauca, la Delegada para la Seguridad Territorial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio; además de la Sijín, Dijín, Sipol y el Gaula de la Policía Nacional”.
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A pesar de las acciones de la Fiscalía, este diario conoció que, según las cifras entregadas por el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL) —que le ha hecho seguimiento a los casos de violencia contra servidores judiciales— en 2023 se han recibido 53 denuncias en todo el país y, de esas, 10 se originaron en el Valle del Cauca.
Los hechos de violencia contra los funcionarios judiciales en esa zona del país se agravan por la presencia de distintos grupos armados. De acuerdo con FASOL, solamente en Tuluá hacen presencia La Oficina de Tuluá (o La Inmaculada) y el grupo Los Cancerberos, autores de panfletos que han circulado por la ciudad en contra de los servidores de la justicia. Asimismo, el Fondo resalta que en Buenaventura hay presencia del Cartel de Jalisco, cuyos integrantes aparecieron en un video difundido por redes sociales patrullando las calles del municipio con armas de alto calibre.
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