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4 Aug 2020 - 1:47 a. m.

Víctimas piden a la Corte Constitucional revisar debate sobre mural de falsos positivos

En dos instancias, jueces ordenaron retirar una pieza gráfica denominada “¿Quién dio la orden?” sobre ejecucionex extrajudiciales de todas las redes sociales y medios de comunicación.
Víctimas piden a la Corte Constitucional revisar debate sobre mural de falsos positivos
Víctimas piden a la Corte Constitucional revisar debate sobre mural de falsos positivos

Organizaciones de víctimas le solicitaron a la Corte Constitucional que seleccione para revisión de una tutela que ordenó, en dos instancias, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) que retire la imagen del mural “¿Quién dio la orden?” sobre falsos positivos de todas las redes sociales y medios de comunicación en los que ha sido difundido. El mural, cabe recordar, muestra los rostros los generales del Ejército Nacional, Nicacio Martínez (r), Mario Montoya Uribe (r), Adolfo León Hernández Martínez, Marcos Pinto Lizarazo y Juan Carlos Barrera (r), con un número encima de ellos, que representa casos de ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido bajo su mando por las tropas.

El general Pinto Evangelista presentó la tutela que fue fallada a su favor, en segunda instancia, el pasado 21 de febrero, y ordenó retirar la imagen. Las víctimas le piden ahora a la Corte Constitucional que seleccione el caso para su estudio al considerar que la orden desconoce sus derechos y los de la sociedad en general a la verdad, la libertad de expresión y la memoria. La petición la hizo el Movice, como movimiento en el que confluyen miles de personas, más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos.

(En contexto: Tutelas enfrentan a víctimas y generales por mural sobre “falsos positivos”)

Luz Marina Hache, vocera del Movice, dijo a El Espectador que la Corte Constitucional debe revisar la tutela “porque están en juego la verdad y la memoria de las victimas frente a lo que está diciendo el general que es el derecho al buen nombre. Nosotros queremos que la Corte sopese esos dos derechos. Consideramos que es mucho más importante el derecho a la verdad de las victimas que el derecho al buen nombre de una persona. Para las victimas es muy importante su derecho a la memoria y el derecho a la verdad. El mural es una pregunta: ¿Quién dio la orden? Y a nosotros ningún juez nos puede decir: no pueden preguntar”.

Las organizaciones explicaron que la Campaña por la Verdad busca con acciones de movilización social, generar conciencia entre la ciudadanía sobre la necesidad de conocer a los máximos responsables de los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia por el Ejército Nacional. Sus denuncias y acciones están fundamentadas en expedientes judiciales y testimonios de víctimas que han sido documentados en informes entregados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.

Además, explicaron que el 18 de octubre de 2019, cuando varios artistas de Bogotá se encontraban realizando el señalado mural, al menos 30 integrantes del Ejército llegaron a la zona en carros particulares y vehículos oficiales y armados, “lo que intimidó a los artistas, ciudadanos/as y personas de organizaciones de derechos humanos presentes”. Tras el retiro de las personas del lugar, integrantes del Ejército borraron el mural en su totalidad y la pared fue pintada de blanco.

(En contexto: FLIP pide anular fallo que ordenó retirar mural sobre falsos positivos)

En este caso, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha considerado que la difusión masiva del mural hace la orden imposible de cumplir, además de ser dispendioso, porque implicaría involucrar en el trámite de la tutela a todas aquellas personas que hayan reproducido la imagen. “La orden va en contra del debido proceso y la legítima defensa porque ninguno de los medios y personas que publicaron la imagen fueron vinculados al proceso de tutela, por lo que no tuvieron la oportunidad de defenderse en el proceso o aportar sus propias pruebas. La FLIP recuerda que el juez debe vincular al trámite de tutela a todas las personas que puedan verse afectadas por la decisión”, señaló.

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