23 Apr 2020 - 11:00 a. m.

Violencia y control social: lo que ha dejado la cuarentena en regiones, según la JEP

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz se puso en la tarea de revisar qué ha pasado en territorios que son de su interés desde que el presidente Iván Duque ordenó el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia por el COVID-19. Estos fueron sus cuatro hallazgos.

Redacción Judicial

¿Cómo ha funcionado la cuarentena en los territorios más golpeados por el conflicto? Esa pregunta se la hizo la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con un propósito en mente: “Advertir  de manera oportuna a las autoridades competentes y la comunidad internacional, sobre el surgimiento o la  prolongación de algunas situaciones de riesgo en los sectores poblacionales y los territorios que son de interés para la Jurisdicción Especial para la Paz”. Por esa razón, este organismo se puso en la tarea de indagar si los grupos ilegales se han aprovechado de la cuarentena decretada a raíz del nuevo coronavirus para afectar a la población civil. (Lo que falta para no seguir repitiendo el asesinato de líderes sociales)

En un informe de 35 páginas, conocido por El Espectador, la UIA condensó cuatro hallazgos con respecto a la información que encontró del 25 de marzo al 9 de abril de este año, los cuales comparó con el mismo periodo en 2019: los enfrentamientos que han protagonizado los actores armados, la violencia contra líderes sociales, métodos de control social y homicidios de desmovilizados de la guerrilla de las Farc. Para tener datos se remitieron a noticias de medios de comunicaciones, entrevistaron a investigadores de observatorios de derechos humanos y tuvieron en cuenta reportes de organizaciones de la sociedad civil, además de comunicados de oficinas de la ONU y de la fuerza pública.

“De acuerdo con los informes publicados por la Policía Nacional, la gran mayoría de indicadores de seguridad en todo el país han mejorado. Sin embargo, en ciertos territorios de interés para la JEP, se han prolongado, y a la vez se han creado nuevas situaciones riesgo en el contexto temporal de la cuarentena decretada por el Gobierno para contener el coronavirus”, señala el documento. Estos fueron los hallazgos de la UIA, también conocida como la Fiscalía de la jurisdicción especial.

Acciones del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias

El primer hallazgo que resalta este informe de la UIA es que, mientras los enfrentamientos y actos terroristas del Eln disminuyeron en esta cuarentena -su comandancia anunció cese el fuego unilateral el pasado 30 de marzo-, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc aumentaron “sus confrontaciones bélicas con la Fuerza Pública y otros actores ilegales”. De acuerdo con la información recopilada, Eln y Clan del Golfo no han cometido acciones terroristas en este tiempo y las disidencias han cometido dos, en contraste con 13 que llevaron a cabo el año pasado en el mismo periodo. Pero los exguerrilleros de las Farc, sobre todo, pasaron de tres a siete enfrentamientos armados, un aumento de 133 %. (Asesinatos a líderes sociales son una amenaza a la democracia: Iglesia)

Uno de los dos enfrentamientos armados del Clan del Golfo se registró el pasado 27 de marzo en Riosucio (Chocó), contra el Ejército, “afectando los derechos de libre movilidad del resguardo indígena Jagual Chintadó”. Por su parte, la columna móvil Dagoberto Ramos -a la cual la Fiscalía le atribuyó, entre otros, la masacre de cinco indígenas paeces en zona rural de Toribío en octubre del año pasado-, protagonizó enfrentamientos un mismo día (26 de marzo) con la fuerza pública en Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Toribío, Totoró y Caldono (Cauca). Y, al tiempo, el grupo de alias Gentil Duarte hizo lo propio en La Macarena, tras lanzar una falsa alarma de un caso de coronavirus para emboscar a unos policías.

En Chocó y en Cauca, señaló la Unidad, “persisten intensas disputas por el control del territorio”.

Un líder social ejecutado cada 64 horas

Entre el 25 de marzo y el 9 de abril de este año, según registros de prensa y datos de Indepaz, se cometieron seis asesinatos de “personas que ejercen un rol de liderazgo” en su comunidad. Lo que esa cifra indica, en realidad, es que este tipo de hechos violentos contra líderes sociales se redujeron en comparación con el mismo periodo de 2019. El año pasado, nueve líderes fueron asesinados; ocho hombres y una mujer ubicados en Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Arauca, Meta y Chocó. Este año, durante las dos semanas en cuestión, fueron seis las víctimas: dos en Valle del Cauca, una en Bolívar, una en Norte de Santander, una en Córdoba y la última, en Cauca. (Sistematicidad, un hecho probado en el asesinato de líderes sociales)

El 25 de marzo, primer día en que el país experimentó el aislamiento obligatorio decretado por el presidente Iván Duque, ha sido el más violento hasta ahora: se cometieron tres asesinatos. Los hermanos Ómar y Ernesto Guisurama, líderes indígenas emberá de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, fueron acribillado en el municipio de Bolívar (Valle); dos de sus hermanos resultaron heridos en el atentado. Al tiempo, Carlota Salinas Pérez, integrante de la Organización Femenina Popular, sucumbió a las balas en San Pablo, sur del departamento de Bolívar: hombres armados llegaron hasta su casa, la obligaron a salir y le dispararon.

Las tres víctimas restantes murieron en puntos distantes del país. Alejandro Carvajal, un campesino que participaba en protestas contra las erradicaciones forzadas de coca, fue asesinado en Sardinata (Norte de Santander). Luis Soto, exconcejal de La Apartada (Córdoba), fue acribillado en Puerto Libertador, municipio del mismo departamento. A Hamilton Gasca, líder campesino y miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca y a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), lo alcanzaron las balas en Piamonte (Cauca). Esta última entregó un informe a la JEP en enero del año pasado sobre 532 hechos de violencia en contra de sus integrantes.

La UIA de la JEP reconoció, por ejemplo, que se capturó al supuesto asesino de Hamilton Gasca. No obstante, “para la Unidad de Investigación y Acusación (de la JEP), la situación de seguridad de las personas que ejercen un rol de liderazgo especialmente de aquellos que ejercen la vocería en las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz, y que representan los intereses de las víctimas del conflicto armado, es motivo de alerta extrema, no solo por los 6 casos observados durante la cuarentena, sino porque la evolución temporal del fenómeno, demuestra que los dos primeros meses del 2020 han sido los más altos en cifras desde la firma del Acuerdo”, se lee en el informe.

Amenazas y métodos de control social

El tercer hallazgo de la investigación tiene que ver con el papel que han tomado los grupos armados organizados pasando por encima de la autoridad del Estado en territorios que son de especial importancia para la JEP, como el pacífico nariñense, Ituango, la región del Catatumbo y, los departamentos de Arauca y Guaviare. Según el informe, la experiencia nacional e internacional  dan cuenta de que para mantener el control de territorios, estos grupos armados se imponen sobre la población civil, cooptando o sustituyendo las funciones estatales, como la administración de justicia, el cobro de impuestos y la regulación de la convivencia ciudadana.

Así, señala la Unidad de Investigación y Acusación, grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, de manera oportunista, aprovecharon las circunstancias excepcionales de la pandemia, “para pretender legitimarse con la población civil, y de esa forma abrogarse una autoridad de facto sobre la vida de las personas”. Por ejemplo, mediante panfletos, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Oliver Sinisterra y el bloque suroccidental, fijaron, por aparte, reglamentos de conducta para los municipios del pacífico nariñense.

Lo hicieron a través de panfletos que dieron a conocer públicamente en los que establecieron horarios de salida a la calle, regularon el flujo de entrada y salida de personas de los territorios, prohibieron el desarrollo de ciertas actividades económicas e impusieron toques de queda (en  Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, en la región del Urabá antioqueño, y en el sur de Córdoba). En Ituango, como otro ejemplo, la disidencia del frente 18 “Román Ruiz”, distribuyó otro panfleto donde prohíbe expresamente “salir de la casa” durante la cuarentena, bajo la amenaza de que quien incumpla esa orden, será declarado objetivo militar. En el Catatumbo, las reglas de los grupos armados fueron todavía más estrictas.

“La disidencia del frente “Mariscal Antonio José Sucre” emitió un panfleto, en el cual ordenó el cierre total de peluquerías, billares, cantinas, estancos, ferreterías, ventas de celulares y electrodomésticos, almacenes, ventas ambulantes, y comercialización de insumos agrícolas. También, fijó horarios de atención para las estaciones de gasolina y tiendas de depósito”. Además de fijar estas reglas de conducta, los hombres armados consignaron en la circular una teoría en la que aseguran que la pandemia es una guerra biológica implementada “por el imperialismo y cuyo único fin es la reducción de la población mundial para la materialización de sus políticas neoliberales”. (La fría posición de la OEA frente al asesinato de líderes sociales en Colombia)

Por otro lado, en el Guaviare, la disidencias de las Farc del “Frente Comandante Briceño” emitieron otro panfleto dirigido a todas las Juntas de Acción Comunal del departamento en el que les prohibieron participar en los proyectos agropecuarios y ambientales liderados por la OEA y la Agencia de Cooperación Internacional USAID. “En esta advertencia, estigmatizan a quienes hayan participado en esos proyectos, al considerarlos integrantes de las ‘redes de sapos’ y de auspiciar la ‘política contrainsurgente gringa’”. La Unidad de Investigación y Acusación señaló que si bien estos grupos armados han hecho evidente su control social, el Eln asumió una estrategia diferente, pero con visos similares.

Pese a que no emitió estos panfletos en semanas recientes, como sí lo hicieron los demás, y anunció un cese unilateral al fuego,  esta guerrilla, explica la Unidad, no requería de las circulares para imponer su voluntad en las comunidades donde tiene influencia. En semanas previas al inicio de la cuarentena, señala el informe, el Eln fijó un código de conductas socialmente permitidas y amenazó a quienes no las cumplieran con la pena de muerte. De hecho, en Arauca, desde el 2013, el Frente Domingo Laín, constituyó un manual de normas unitarias de comportamiento y convivencia que socializaron a la comunidad mediante su lectura por megáfonos y colocando carteles en diferentes sitios.

“En este “manual de convivencia”, el Eln prohíbe el porte de cascos a los motociclistas para poder identificar sus rostros, regula los horarios de salida nocturna, impone sanciones a personas que causen peleas, declara objetivo militar a ‘informantes’ y ‘violadores’, entre otras normas. Cuando ya era de público conocimiento que el coronavirus se había expandido, el Eln reforzó sus medidas de control al flujo migratorio y al contrabando en la frontera con Venezuela. Prohibió el paso de personas y reguló las transacciones comerciales para evitar contagios, de manera tal que los colombianos o venezolanos que traspasaran la frontera sin su autorización, eran amenazados e inclusive asesinados”, expresó la Unidad.

La Fiscalía de la JEP advirtió que cuando estas estructuras criminales logran suplantar de esta manera al Estado, y gobiernan de manera clandestina en los sectores periféricos, se prolongan los enfrentamientos con la institucionalidad, “se generan soberanías fragmentadas, se pervierte el sentido de Estado de Derecho y se crea una cultura autoritaria donde los problemas se resuelven con la muerte o la supresión de libertades individuales”.  (Vía tutela, líderes sociales buscan que se proteja su derecho a ser líderes sociales)

Homicidios de exguerrilleros

El cuarto hallazgo tiene que ver con el asesinato de excombatientes de las Farc, un delito que según su investigación se ha intensificado con las medidas de emergencias decretadas por el gobierno para contener la pandemia. La Unidad de Investigación y Acusación contabilizó tres muertes violentas de excombatientes de la guerrilla, lo que significa que, en promedio, cada 120 horas fue asesinado un desmovilizado durante el lapso observado de la cuarentena. Además, en las cifras recopiladas por esta entidad, queda claro que los asesinatos no han disminuido y aumentado, con relación a los contabilizados el año pasado. Una situación preocupante para la Unidad pues señala que los factores de riesgo persisten.

Los nombres de los exguerrilleros asesinados entre el 26 de marzo y el 3 de abril son: Vivianet Velasco Talaga (en Santander de Quilichao, Cauca); Lucero Jaramillo Álvarez (en Currillo, Caquetá); Gerardo Diaz Quintero (en Chaparral (Tolima); José Isidro Cuesta Ricas (en el Carmen del Darién, Chocó); Juan Carlos Castillo Certijama (en Puerto Asís, Putumayo); y Carlos Alberto Castillo (en Planadas, Tolima). A modo de conclusión, la Unidad señaló que si bien los informes publicados por la Policía indican una mejoría en la seguridad en todo el país, en ciertos territorios de interés para la JEP, se han prolongado, y a la vez se han creado nuevas situaciones riesgo en el contexto de la cuarentena.

“El mecanismo de monitoreo de la Unidad de Investigación y Acusación, a partir de la estimación de riesgos, visualizó que en 10 municipios, la situación de seguridad se puede deteriorar gravemente durante la cuarentena, si se tiene en cuenta el historial de enfrentamientos armados y atentados terroristas, la convergencia de una pluralidad de organizaciones criminales en un mismo territorio, la presencia de economías ilícitas, la precaria infraestructura vial del Estado y las condiciones de alta informalidad laboral y desempleo (que se pueden aumentar como ocasión del coronavirus)”, señaló la Unidad.

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