Vuelve el fantasma del paro judicial

Este lunes se define si gran parte de la Rama Judicial se va a paro o no. / Andrés Torres - El Espectador

Un nuevo paro judicial estaba casi descartado tras el encuentro de los presidentes de las altas cortes, Asonal Judicial, el procurador Alejandro Ordóñez y el Gobierno. Pero ahora un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) expedido el pasado 31 de julio vuelve a prender las alarmas y tiene a Asonal a punto de declararse en cese de actividades y al CSJ y el Consejo de Estado agarrados.

Se trata del acuerdo PSAA14-10195, mediante el cual el CSJ ordenó la supresión de por lo menos 130 juzgados, lo cual, de acuerdo con Asonal, afecta a entre 2.000 y 3.000 funcionarios de la rama y casi 1.500 procesos.

Por cuenta de este cuestionado acuerdo, el director de Asonal Judicial, Fredy Machado, hizo un llamado a los trabajadores de la Rama Judicial a “sumarse a la jornada nacional de protestas y al cese de actividades originado por la masacre laboral que implica la supresión de cargos de descongestión, y por la desidia del Gobierno para definir en la mesa de unificación del Pliego Unificado de Peticiones, temas neurálgicos y trascendentales para la continuidad del servicio de administración de justicia”.

Indicó, por tanto, que “la hora cero para convocar y consultar con las bases judiciales en todo el territorio nacional (al parecer, sobre la posibilidad de irse a paro) será las 8 de la mañana” de hoy. “No se trata de una protesta por ‘hambre’. Aquello que se pretende es evitar el colapso de la justicia, generado por la supresión progresiva e ilógica del programa de descongestión, pues mientras el número de procesos en cada sede judicial aumenta exponencialmente, la respuesta del Ejecutivo y del CSJ es la supresión injustificada de cargos y despachos judiciales”.

Por su parte, Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial S.I. (una vertiente de Asonal Judicial), le dijo a este diario que el acuerdo expedido por el CSJ fue “improvisado, totalmente improvisado. Cuando no se consultan las necesidades reales de la rama, sino que se actúa apresuradamente, se sacan unos acuerdos como este y se genera lo que se generó el viernes”.

Igualmente sostuvo que el CSJ había planteado la necesidad de suprimir algunos cargos porque no habían cumplido con sus metas. No obstante, “en este caso la decisión fue más drástica porque no solamente terminaron con los cargos que no estaban produciendo las metas esperadas sino que, además, suprimieron cargos que no era necesario suprimir, por ejemplo, administrativos y profesionales”.

Otálvaro denunció que “en algunas localidades suprimieron juzgados de conocimiento, bien sea en civil, bien sea en penal, y esto va a afectar la prestación del servicio porque a esos juzgados volverían procesos viejos que estaban en los juzgados de descongestión”. Señaló además que en el caso de Asonal Judicial S.I. se solicitaron informes a todas las seccionales sobre los perjuicios generados por este acuerdo y también se va a tratar “de forzar una reunión con el CSJ”, antes de tomar la decisión de ir a paro.

El CSJ ha dicho que el recorte de personal no es culpa suya sino de la falta de recursos. En un comunicado dado a conocer el pasado viernes, el presidente de la Sala Administrativa, el magistrado Pedro Munar, indicó que durante el encuentro entre las altas cortes y el Gobierno, “la Sala Administrativa advirtió del recorte de las medidas de descongestión que fueron admitidas y aceptadas por los asistentes a la reunión con los delegados del Gobierno Nacional”, y que “el recorte presupuestal que afecta las medidas de descongestión escapa al control de la Sala Administrativa, porque son producto del recorte fiscal y presupuestal ordenado por el Gobierno Nacional”.

Munar sostuvo al respecto que “la Sala Administrativa planteó y justificó ante el Gobierno la apropiación de recursos económicos por el orden de los $250.000 millones que se necesitan para mantener hasta el mes de diciembre de este año los cargos de descongestión creados para atender la gran demanda judicial que tiene el país”.

Sin embargo, agregó, el Gobierno “sólo dispuso de $170.000 millones, pese a los estudios fundamentados que exigen un mayor presupuesto para el funcionamiento de los despachos encargados de la descongestión judicial en el país”. Por ahora, el CSJ no se ha referido a un posible encuentro con Asonal Judicial.

Asonal no ha sido la única que le ha solicitado al CSJ un encuentro extraordinario para que esta entidad explique las razones de su decisión. A las pocas horas de conocerse el acuerdo, la presidenta del Consejo de Estado, magistrada María Claudia Rojas, lo rechazó y dijo que la entidad que preside “no ahorrará esfuerzo alguno para lograr el restablecimiento de los cargos en descongestión que fueron eliminados. Con este propósito se espera que el próximo lunes (hoy) se realice una reunión de carácter urgente con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

Por su parte, el presidente de la Sala de Consulta de esa entidad, el magistrado Augusto Hernández, le envió una carta al presidente de la Administrativa, Pedro Munar, en la que señaló que “el acto administrativo en mención es a todas luces ilegal, no sólo en cuanto al procedimiento adelantado sino también en cuanto a la naturaleza de las medidas adoptadas respecto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en particular del Consejo de Estado”. Esto debido a que, según él, para tomar esta decisión el CSJ debía consultar a la Sala de Consulta, y no lo hizo.

Hernández sostuvo que el acuerdo alteró “súbitamente, de la noche a la mañana, la normalidad del servicio de la justicia, y porque no fueron consultadas con el Consejo de Estado ni menos aún autorizadas por esta corporación”. Por eso solicitó que se tumbe el acuerdo “teniendo en cuenta la gravedad del error jurídico en que ha incurrido la Sala Administrativa y el impacto negativo que para la justicia implica lo por ella resuelto”. El paro está a la vuelta de la esquina. ¿Podrá evitarse?

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