¿Cuál es el diagnóstico de la CIDH tras la visita in loco a los territorios del país?
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Lo que advertimos en la visita en territorio tiene que ver con la ausencia del Estado y el olvido desde el centro hacia sectores de la población y hacia los territorios más excluidos. Esa falta de actuación permite desplazamiento forzado, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otros. El informe trata de revertir todo eso con recomendaciones fundamentales sobre un plan de paz y de acceso a la justicia. La ausencia del Estado tiene que remontarse y patentizar un compromiso diferente, sin minimizar todas las estrategias de fortalecimiento que ha habido en el Acuerdo de Paz y toda la estrategia institucional para atender las graves deficiencias en derechos humanos.
¿Cuál es la principal recomendación de la CIDH para superar ese abandono?
La Comisión lo que hace es escuchar a todas las autoridades del Estado, a todos los niveles de la sociedad civil, a los colectivos y fundamentalmente a las víctimas. Esa escucha le da a la CIDH una solvencia para poder entender el diagnóstico de la realidad. Una de nuestras primeras recomendaciones precisamente es un diálogo genuino con enfoque de paz para escuchar a todos los sectores, especialmente a los más discriminados. Eso incluye nuevas negociaciones, aunque puede ser muy polémico, con los grupos armados en la ruta trazada por el acuerdo de paz. Esto sin perjuicio de entender el tema de la seguridad, que es algo que tiene que avanzar para combatir el crimen organizado.
¿Cómo se puede lograr ese equilibrio entre seguridad y paz sin caer en la impunidad?
Esos son equilibrios muy importantes porque la Comisión Interamericana entiende el fenómeno de la criminalidad organizada y la concentración de grandes actos de violencia por grupos al margen de la ley. Hay que dar una mirada en el sentido de que la seguridad debe ser eficaz. Deben existir estrategias integrales que pasen por estrategias financieras, condiciones serias de investigación criminal y fortalecimiento de la independencia judicial para que no haya impunidad. Asimismo, estrategias de atención a la corrupción para que no haya implicación desde los poderes del Estado con actores criminales. Estamos pidiendo un plan de seguridad humana con perspectiva integral. Por eso, se recomienda fortalecer las instituciones encargadas de investigar los delitos financieros, lavado de activos y lucha contra la corrupción.
La violencia también se ha expresado contra la prensa, incluso desde el Gobierno ¿Cuál es la advertencia desde la CIDH?
El mensaje es para el Estado porque lo que la Comisión quiere reforzar es la interlocución con este para que haya una política integral y una apuesta hacia la paz. Desde la Comisión hay una preocupación por discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación. La CIDH tiene un tono de advertencia para señalar esa estigmatización desde las autoridades del Estado que pueden generar entornos de violencia que afectan enormemente el debate democrático. Hemos valorado las medidas que han adoptado, pero subrayamos que hay que fortalecer la implementación y garantizar un entorno seguro. Tenemos mucha preocupación porque la prensa, los medios y los periodistas puedan hacer su trabajo con entera libertad. La sociedad colombiana se merece un debate abierto y público sin interferencias de ningún tipo. Ese es un signo de una sociedad que no está enfocada en la polarización.
¿Qué viene para la Comisión en este 2026?
Esta salida del informe de la visita in loco es un paso adelante del compromiso de la Comisión Interamericana con la región y con Colombia particularmente. Esperamos poder presentarlo, tener reuniones relevantes a principio de año para que podamos abordarlo en los territorios del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
