Hace un año, Zulia María Mena recibió un prestigioso galardón que la destacó como una de las mujeres políticas más importantes del año. La semana pasada, la Fiscalía la capturó por su presunta participación irregularidades en los XX Juegos Deportivos Nacionales de Colombia. Y hoy, la Procuraduría la destituyó y la inhabilitó por 10 años al encontrar irregularidades en la contratación de un megacolegio en el municipio que, según el Ministerio Público, nunca terminó de construirse.
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De acuerdo con la determinación del ente de control, Mena firmó un contrato para la construcción de un megacolegio en Quibdó conocido como MIA Fase 2, por más de $13 mil millones. “La Procuraduría cuestionó la suscripción del contrato con estudios previos insuficientes e inadecuados, que conllevaron a que la construcción del megacolegio no fuera terminada en su totalidad”, explicó la Procuraduría.
El Ministerio Público, además, criticó el hecho de que con esta falta se haya afectado el derecho a la educación de los niños del municipio. Mena no fue la única sancionada en esta determinación. Andrés Samir Bejarano Martínez, exsecretario de Infraestructura, fue inhabilitado por 15 años. Según la Procuraduría, el exfuncionario desconoció los principios de la contratación estatal al firmar los estudios previos del contrato para la obra del colegio.
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Además de este proceso, Mena tiene otro más por presuntas irregularidades en un contrato por más de $3 mil millones destinado para la construcción en el ESE Hospital Ismael Roldán Valencia de la capital chocoana. Según las pesquisas preliminares de la Procuraduría, el hospital y la alcaldía se habrían saltado una licitación pública para encontrar a la empresa idónea para que se hiciera cargo de la obra.
La Fiscalía, por su parte, capturó a la exmandataria el pasado 27 de noviembre, por su presunta participación en un entramado entre varios funcionarios que habrían modificado la ley para cambiar el uso del suelo de varios municipios del país para la construcción de los escenarios para las justas deportivas. El ente investigador también indagan si adquirieron predios, al parecer, con sobrecostos superiores al $1.000 %.
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Por Redacción Judicial
