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Cuando Fabián Mulcué, a sus 15 años, intentó ingresar a la guardia indígena en el municipio de Páez (Cauca), varios actores armados enviaron amenazas a su familia porque ya habían sido advertidos de su reclutamiento. “Yo iba a ser la ‘cuota’ de guerra, pero mis padres me sacaron a tiempo del territorio”, recuerda. A esa edad, logró zafarse de sumar a las filas de un grupo guerrillero y entró a una escuela de formación de guardias indígenas que, años más tarde, lo llevaron a convertirse en gobernador de su resguardo. Hoy, a 20 años de ese comienzo, es uno de los guardias que está en el departamento del Guaviare en busca de los cuatro niños indígenas perdidos en la selva.
Fabián atendió esta llamada antes de internarse por siete días en una de las selvas inexploradas en ese departamento. Al otro lado del teléfono, sonaban de fondo los helicópteros que lo llevarían a él y a otros 64 indígenas del Cauca a una de las zonas desde donde comenzarán su caminata en busca de los cuatro menores de edad desaparecidos. Esperan darle buenas noticias al país el próximo sábado 27 de mayo, si logran encontrarlos.
Su labor como guardia indígena puede describirse en esa labor, la de proteger el territorio y ser guías ancestrales, no solo en su departamento, sino también en otras zonas del país donde haya incidencia étnica. La guardia indígena en Colombia es reconocida constitucionalmente como parte de las autoridades étnicas del país que gozan de autonomía e independencia. En el Cauca, por ejemplo, hay 6.000 guardias y se estima que en el resto de Colombia son más de 35.000.
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Las guardias indígena, campesina y cimarrona en Colombia, funcionan como mecanismo de autoprotección para las comunidades en la ruralidad. Según Mulcué, en contextos de conflicto armado los guardias cumplen la función de acompañar y proteger a las comunidades, así como de mediar con actores armados para pedir que dejen a la población civil por fuera de las confrontaciones. Si pudiera describirse de manera gráfica, podría decirse que son algo así como una capa protectora entre los pueblos y actores externos.
Los guardias indígenas son reconocidos por llevar un bastón de mando, un chaleco azul que los identifica y las banderas de sus pueblos ancestrales. Caminan el territorio, usualmente entran a zonas del conflicto donde no llega el Estado y tienen una sólida línea política que busca la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El himno de la guardia en el Cauca, reza una frase célebre que repiten hasta el cansancio en todos los pueblos étnicos de ese departamento: “Porque por un indio muerto, otros miles nacerán”. Esa es la respuesta que da Fabián Mulcué cuando le preguntan por las amenazas que ha recibido por su labor.
Las primeras luchas de la guardia indígena, que nació en el departamento del Cauca, se remontan a 1971, cuando a través del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), varios hombres y mujeres se organizaron para defender los territorios colectivos de las invasiones. “Desde ahí empezó a configurarse qué era un guardia, y con el tiempo se consolidó la guardia como justamente los guardianes del territorio, no solo de los peligros de la guerra, sino también de los colonizadores, de los riesgos del medio ambiente, de los proyectos extractivistas, etc”, señala Mulcué.
Pasaron dos décadas desde la consolidación de la guardia para que, en la Constitución de 1991, se les diera el reconocimiento constitucional y su organización se volviera más robusta. Ahora tienen comités políticos, sociales y culturales, con los que buscan abarcar todas las necesidades de los pueblos étnicos y garantizar su permanencia a través de la escuela de guardias indígenas, a la que pueden asistir niños y niñas desde los 15 años, para empezar el proceso de formación.
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Pero la resistencia de los pueblos étnicos en Colombia no ha sido únicamente por los indígenas. En 1995, con la Ley 70 que reconoce a las comunidades negras y su derecho al acceso colectivo a la tierra, también comenzaron los procesos organizativos que, diez años más tarde, se materializaron en la guardia cimarrona. La Comisión de la Verdad, en su Informe Final, los definió como un “proceso histórico de resistencia al pueblo”. Un proceso que, aunque valioso, no tiene reconocimiento por la Constitución y, por tanto, no tiene una figura jurídica formal en el país.
Diego Madrid, líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN), explica que la guardia cimarrona en el Pacífico colombiano actúa, también, como autoridad étnica que protege el territorio. Sus principios, aunque distintos a los de los indígenas, tienen el mismo fin: ser una especie de escudo que proteja a las comunidades con acciones integrales como la de hacer presencia en las zonas donde hay crisis humanitarias.
Por ejemplo, en la zona del Bajo Calima y el río San Juan, los guardias acompañan constantemente a las comunidades para conocer sus problemáticas y para poder convertirse en los voceros, ante eventuales casos de crisis. “La guardia cimarrona cumple las veces de representante de las comunidades en algunos casos, porque nos hemos formado con unas capacidades específicas para poder hacer la labor de acompañamiento y veeduría, pero bajo ninguna circunstancia hacemos las veces de Fuerza Pública”, explica.
Y esa, justamente, es la lucha que han tenido que librar durante décadas, cuando desde varios sectores de la sociedad han sido señalados y estigmatizados por su funcionamiento y hasta los han llegado a comparar con grupos de autodefensas. “Cuando nos referimos a que hacemos defensa del territorio, es porque la presencia de guardia cimarrona en los territorios garantiza que si existe alguna violación a los derechos humanos, se podrá identificar y hacer la respectiva denuncia”.
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Los guardias cimarrones son también hombres y mujeres, identificados con chalecos que cargan también bastones de mando como símbolo de autoridad. A diferencia de los pueblos indígenas, la guardia cimarrona sí puede llegar a ser una instancia a través de la cual se puede aplicar la justicia ancestral. Es decir, pueden ser los receptores de denuncias, mediadores de conflictos sociales al interior de sus consejos comunitarios y los voceros para que algunos casos escalen a la justicia afro.
Una de las figuras más recientes en esta lucha por buscar autonomía, son las guardias campesinas. Guillermo Quintero, coordinador de la guardia campesina del Catatumbo, cuenta que esta instancia nació en 2013, después del paro agrario, como una forma organizativa para las comunidades campesinas en esa región del país frente a los incumplimientos del Gobierno. “Como guardias campesinas somos representantes de las comunidades en los territorios. Elevamos sus peticiones y necesidades y documentamos casos de violaciones a los derechos humanos, cuando se presentan”, dice.
La guardia campesina es menos visibilizada frente al reconocimiento que tienen la indígena y la cimarrona. Una de sus luchas, de hecho, es lograr el reconocimiento del Estado para que sus acciones de protección en departamentos como el Cauca, Nariño, Magdalena Medio, Catatumbo y Meta, sus acciones tengan un grado de formalidad y respeto por el Estado. Sin embargo, cargan un estigma que pesa incluso sobre las Zonas de Reserva Campesina, en el que las han señalado de ser asociadas a la insurgencia.
“La lucha de las guardias campesinas es contra los grupos armados, no con ellos. De hecho, tenemos la responsabilidad de proteger los territorios de diferentes actores que buscan utilizar a la población civil para sus fines insurgentes”, explicó Quintero. La guardia del Catatumbo está conformada por 300 personas que hacen presencia en los municipios de El Zulia, Tibú, Sardinata, El Tarra, San Calixto, Hacarí, Teorama y Convención y en zona rural de Cúcuta.
Su labor se hizo más visible el pasado mes de marzo, cuando la Guardia Campesina Losada-Guayabero acompañó la reunión del Estado Mayor Central en los llanos del Yarí, como garantía de participación de la sociedad civil, aunque varias personas los señalaron de haber sido cercanos al grupo armado por su presencia. Sin embargo, a ese encuentro fueron también periodistas, organizaciones sociales y territoriales, presidentes de juntas de acción comunal y mecanismos de verificación como la ONU y la MAPP-OEA.
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La lucha de la guardia campesina por alcanzar un reconocimiento se elevó hasta el Congreso de la República. En 2022, el partido Comunes radicó un proyecto de ley para “reconocer y reglamentar las guardias campesinas como mecanismo comunitario de protección permanente”. Algo similar al reconocimiento que tienen hoy las guardias indígenas, y por el que luchan también las comunidades afrocolombianas para que los cimarrones no sean sólo un saludo a la bandera en la ley.
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