Los abogados que abren la puerta a la justicia, incluso para quien no puede pagarlo

Programa de Justicia Inclusiva, Montelibano(Cordoba)

Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Los altos costos y el desconocimiento del Estado son dos barreras que impiden que muchos colombianos accedan a la justicia. Así lo han ratificado encuestas del DANE y el informe “Acceso efectivo a la justicia para todas las personas”, publicado este año por el Departamento Nacional de Planeación. En muchas ocasiones, para solucionar sus conflictos, los ciudadanos necesitan a alguien que les ayude a navegar por el mundo jurídico. En Colombia, un grupo de abogados ofrece de forma gratuita sus servicios desde hace años. Aunque el grupo surgió en Bogotá y ya se han abierto camino en otras ciudades, ahora buscan sumar voluntarios en las regiones con mayores necesidades.

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“Hay personas que no logran realizar sus derechos porque no saben que los tienen”, dice Ulises Canosa, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (ICDP), vicepresidente jurídico del banco BBVA y miembro de la Fundación Pro Bono, que desde 2009 impulsa la cultura del trabajo para el bien público entre los abogados. Además de quienes no conocen sus derechos, Canosa añade que otros colombianos “saben que tienen un derecho, pero no conocen los trámites. Y, finalmente, hay quienes no acceden porque requieren un abogado y no logran pagarlo, circunstancias todas que se constituyen en obstáculos para el acceso a la justicia”.

Las cifras le dan la razón a Canosa. Según el DANE, más del 70 % de los colombianos creen que acceder a la justicia es muy costoso. A su vez, la encuesta global del World Justice Project encontró que apenas el 20 % de los colombianos con algún tipo de problema recibió asesoría para resolverlo. Y el estudio publicado este año por el DNP encontró que, primordialmente los jóvenes, las personas que habitan en la ruralidad y las que reciben bajos ingresos han identificado los costos como la principal barrera que tienen para acceder al sistema judicial. En otras palabras, a todos ellos les caería bien un abogado que los asesore sin cobrarles.

Esa es una de las cosas que hace la Fundación Pro Bono, pero no la única, dice Carolina Ariza, abogada y socia de la firma Ariza & Marín, con sede en Medellín. Ella ha sido una de las precursoras de llevar este trabajo voluntario a la capital antioqueña, y uno de los argumentos que utiliza para invitar a otros colegas, empresas y firmas a sumarse a la iniciativa es que “uno solito no logra el impacto que tiene la fundación”. Por ejemplo, organizan brigadas jurídicas en regiones alejadas de las grandes ciudades, donde se han encontrado muchas personas que necesitan asesoramiento jurídico y que difícilmente lo encontrarían de manera gratuita.

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Ariza señala que allí está un tercer diferencial del trabajo de la Fundación: “Nos pone a conocer el país, las dificultades de una serie de grupos vulnerables, porque hemos tenido de todo tipo de casos”. Y añade: “En cuarto lugar, otra cosa muy importante que crea la Fundación es una red entre los abogados. Nos une y fortalece ese sentimiento gremial entre las firmas, que finalmente, como nuestro trabajo es tan adversarial, a veces es difícil”. Precisamente, de la mano del programa Justicia Inclusiva de USAID, ahora están dando un paso más: generar una red de abogados regionales que les permita llegar a las regiones donde las brechas para acceder a la justicia son mayores.

Como dijo Canosa, en diálogo con este diario, “las grandes necesidades del país, si bien hay en las grandes capitales, están también en otras ciudades más pequeñas e incluso en nuestras zonas rurales: el campesinado colombiano, la gente que vive en las zonas más dispersas tiene muchas necesidades de acceso a la justicia”. Por esa convicción de que el trabajo pro bono puede romper esas barreras, él ha impulsado que las dos entidades en las que trabaja, el BBVA y el ICDP, colaboren con la Fundación. Abogados del banco, si así lo quieren, participan de las brigadas jurídicas en esas regiones donde, como dice Canosa, las carencias son más apremiantes.

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Valentina Franco, abogada que coordina el trabajo pro bono en Ariza y Marín, recuerda especialmente una brigada jurídica en Córdoba que ilustra la dimensión de las necesidades: “El alcalde y los medios se enloquecieron con la convocatoria cuando venía la Fundación. Nosotros esperábamos atender a 90 personas en tres días y llegaron como 500. Había fila desde las 5:00 de la mañana”. También explica que ese trabajo voluntario le ha permitido conectarse con la “función social que cumple la profesión de abogado” y se ha dado cuenta de que pocas horas de su tiempo pueden marcar una diferencia en las vidas de las personas que asesora.

Ella, por ejemplo, ha participado en varias de las 19 brigadas de atención que ha hecho Pro Bono en varios municipios de la Colombia más rural. En sus palabras, esa experiencia la ha “transformado”, porque ya no se enfrenta con el expediente en abstracto. “No, a uno ya le toca enfrentarse con el factor humano. Muchas de estas personas tienen mucho dolor, tienen problemas. A veces, ni siquiera necesitan tanto una ayuda jurídica, sino a alguien que los escuche. En esa medida, creo que todos deberíamos vivirla, porque nuestra función de abogado es servir a la comunidad”, dice Fajardo, quien ha visto de primera mano el impacto de su trabajo.

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Por ejemplo, lo vio con un caso que tomaron en un municipio del Urabá antioqueño. Un hombre llegó a la brigada en búsqueda de un abogado porque su EPS no quería atenderlo. Uno de sus brazos estaba tan hinchado, que Franco recuerda el momento en que lo vio, así: “Nosotros, sin ser médicos, dijimos: eso está urgente, ¡este señor necesita una intervención ya!”. Uno de los abogados de la firma escribió una acción de tutela, pidiendo como medida provisional que atendieran de inmediato al hombre. La radicaron en cuestión de horas y el juez les dio la razón. “Él estaba muy agradecido, nos decía que llevaba ya dos o tres semanas peleando por la atención y lo consiguió”.

Además de las brigadas jurídicas en las que participan sus abogados, en Ariza & Marín, que es una firma especializada en derecho corporativo, también hacen trabajo con Pro Bono desde sus especialidades. Ya asesoraron la constitución de una fundación que trabaja con personas LGBTIQ+ de la ciudad. Están por comenzar un litigio por el uso inapropiado de la marca de una corporación de baile que trabaja con jóvenes vulnerables. Hace un par de años, también acompañaron a la comunidad raizal de San Andrés y Providencia en una intervención que enviaron a la Corte Constitucional en medio de un proceso por la reconstrucción de la isla tras los estragos del huracán Iota.

Así, mientras la Fundación busca crecer en otras regiones, también le ha apostado a inculcar a los abogados esta forma de trabajo voluntario desde fases muy tempranas. Por ejemplo, tienen un convenio con la Universidad San Buenaventura de Cali para que los estudiantes de Derecho hagan sus prácticas. Carolina Serna, coordinadora del consultorio jurídico allí, explicó que, desde jóvenes, sus estudiantes pueden involucrarse con esta labor: “Alguien de cuarto semestre participa de las brigadas que hacen los de octavo. Empiezan a ver cómo lo teórico se vuelve práctico y ya tienen el sentido de quién es el usuario: una persona en situación de vulnerabilidad”.

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Serna explicó que atender casos de su realidad más cercana les permite a los jóvenes abogados formarse en la parte humana. La idea del acuerdo que firmaron, entonces, es que cuando una empresa o firma requiera un practicante para el trabajo que hacen con Pro Bono, ahora puedan acudir a la Universidad San Buenaventura o a otras universidades con las que tienen convenios, como la Tecnológica de Bolívar o la Pontificia Bolivariana. En últimas, como dice Serna, “la tecnología, los cambios sociales y tantos desafíos pedagógicos que nos genera la inclusión merecen que salgamos de la oficina, que caminemos”.

En su experiencia como docente, Serna ha visto los cambios en sus estudiantes luego de que tienen la experiencia de llevar casos en el consultorio: “Les permite conocer que acá hay unas necesidades. No estamos estudiando en África, estamos en el Pacífico colombiano. Por ejemplo, aquí nos llegan muchas consultas de Istmina, Chocó, y llevar esos casos les ha dejado ver a los estudiantes que no hablamos un idioma distinto, no es que seamos otra clase de seres humanos. Por eso, un porcentaje altísimo de los que pasan por aquí agradecen que el consultorio les haya tocado de manera tan directa con este tipo de experiencias”.

Pero los abogados que se suman desde las regiones al trabajo pro bono no solo se pueden involucrar llevando casos. Leobardo Latorre, abogado penalista de Bucaramanga, por ejemplo, ha hecho, sobre todo, una labor de pedagogía. En noviembre pasado, cuando en varias zonas del país se votaron las elecciones de los jueces de paz —líderes que solucionan los conflictos de sus comunidades— aún había muchas preguntas sobre los límites que tendrían en sus funciones. La Fundación Pro Bono elaboró recursos pedagógicos para resolver esas dudas y, como Latorre hace parte de la red de abogados regionales, sumó su conocimiento penal para afinarlos.

Para él, “uno de los requisitos para ser penalista es tener un gran sentimiento de humanidad, una gran responsabilidad social”. Por eso decidió sumarse al trabajo que hace la fundación, pues sabe de las grandes necesidades en la población de migrantes venezolanos que hay en su departamento, Santander. “Eventualmente, se les invita a acceder a Defensoría del Pueblo o a la Procuraduría, que están muy congestionadas. Entonces, esta red de abogados en la que la Fundación Pro Bono canaliza todos los casos, nos permite coadyuvar la administración de justicia en ese sentido y entrar a apoyar a aquellas personas que realmente lo necesitan”, añade.

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En eso está de acuerdo Canosa, del IDPC: “El fin primordial del trabajo pro bono es derribar barreras de acceso a la justicia y promover la prestación de servicios legales calificados para toda la población”. En diálogo con este diario, explica que, precisamente, desde el Instituto, que ya tiene más de 1.000 miembros en el país, han puesto sobre la mesa una idea: “Capacitar a las personas de todas las regiones a través de los que son jueces o funcionarios públicos en Arauca, Leticia, Riohacha, Nariño y Chocó, para que los abogados que tengan interés se pongan a disposición de las personas de escasos recursos de sus municipios”.

Los territorios que enumera Canosa son apenas algunos de los que quieren abarcar, también, con la red de abogados regionales. Como dice Ariza, “no somos solo firmas”, pues además le apuntan a que más profesionales que trabajan en solitario se sumen. Su trabajo puede consistir, como ha sido la experiencia de Ariza & Marín, desde llevar la representación de personas de bajos ingresos hasta hacer litigio estratégico en las altas cortes o emitir conceptos para políticas públicas. Todo esto, mientras los abogados voluntarios reciben formación y acompañamiento. Ese proceso ha sido lento, pero han crecido constantemente y, sobre todo, dice la abogada, sus vidas ya no son las mismas.