Se cumplen cinco años de la primera condena por feminicidio a una persona trans

Durante 2023 han sido asesinadas al menos 55 mujeres trans, según la Defensoría.

Foto: Santamaría Fundación

Hace cinco años, el 18 de diciembre de 2018, la justicia colombiana tomó una decisión de avanzada en su campo. Se trata de un fallo que un juzgado de Garzón, Huila, tomó frente al caso de Ányela Ramos: una mujer trans que fue asesinada por un disparo debido al “odio de su agresor hacia su condición sexual”, según explicó la Fiscalía en aquel entonces.

La decisión fue catalogada por varios expertos y expertas en género como un fallo histórico, pues fue la primera vez que la justicia procesó y condenó el asesinato contra una mujer trans como feminicidio. En los argumentos que presentó la Fiscalía para procesar al agresor se hizo énfasis en que este tipo de violencia fue motivado por un prejuicio (la identidad de género de la mujer asesinada) y que su asesinato se debió “precisamente por ser mujer”. La decisión del Juzgado Segundo Penal de Garzón fue la primera condena por feminicidio, o también conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, desde que este delito fue incluido dentro del Código Penal.

De acuerdo con ese conjunto de normas, el feminicidio tiene una pena que oscila entre los 20 y 40 años de prisión. “Se constituye la vida de la mujer como un bien jurídico protegido por el derecho a través de esta medida de política criminal (...) y es agravado cuando: se comete contra alguien menor de 18 o mayor de 60 años; sea cometido por varias personas; le anteceda una agresión sexual o sea cometido por la pareja o expareja de la víctima”, explica Tatiana Gelvez, investigadora en temas de género y profesora de la Universidad Externado.

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Durante el juicio contra el feminicida de Ányela, Dávinson Erazo, un hombre de 23 años que antes de cometer el hecho ya la había agredido físicamente, el Juzgado de Garzón lo sentenció a 20 años de “medida de seguridad, la cual deberá cumplirse en el establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado en donde se le prestará la atención especializada requerida, bajo vigilancia del INPEC”, se lee en la sentencia, pues el acusado sufría de un trastorno mental permanente. El juzgado reconoció a Erazo como autor responsable por el delito de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Sin embargo, en el momento del juicio se presentó un inconveniente, pues Ányela Ramos aparecía legalmente en sus documentos con el nombre que tenía al momento de nacer: Luis Ángel Ramos. El juez del despacho explicó en ese entonces que, aunque el nombre que aparecía en la cédula de la víctima era la de un hombre, prevalecía su orientación sexual e identidad de género.

“No existe duda que la identidad de género de Luis Ángel Ramos era como una mujer trans (...) Su vivencia no corresponde con el sexo masculino asignado al momento de nacer, razón por la cual su calidad como sujeto pasivo de la conducta investigada resulta adecuada al ejercerse e contra de una mujer y específicamente por su identidad de género de mujer trans”, argumentó la Fiscalía en 2018.

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La violencia contra mujeres transgénero no ha disminuido desde entonces aunque haya sentencias judiciales que las castiguen. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, denunció que hay al menos 55 casos de mujeres trans asesinadas en el país durante 2023: un promedio de cuatro homicidios al mes.

Los abogados de la familia de la víctima le dijeron a la organización Colombia Diversa que la decisión del juzgado de Garzón fue un acierto al reconocer a Ányela como mujer. “Esto evidencia un cambio en la manera como la judicatura y la Fiscalí­a están abordando los delitos basados en prejuicios. Claramente falta mucho por hacer y tanto en el Estado como en la sociedad civil estamos llamados a aportar lo que podamos. Para nosotros es un honor poder trabajar de la mano con Colombia Diversa en casos como este”.

¿Cómo está el panorama de violencia contra la población trans?

No son solo hostigamientos. Durante el último año, la Defensoría del Pueblo ha registrado que la población trans es blanco de todo tipo de agresiones que atentan contra sus derechos y ha documentado al menos 200 casos. La explicación que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la violencia por prejuicio (VPP): una hostilidad “que es ejercida contra las personas que se perciben como trasgresoras de las normas tradicionales de género”.

La Defensoría asegura que en sus registros hay varios tipos de agresiones durante el último año contra esta población: violencia psicológica (120 registros), física (49), económica (29) y sexual (11); pero en más de 100 casos se efectúa la violencia institucional, principalmente cuando tiene que ver con barreras de acceso a servicios de salud y violencia policial. Eso sin mencionar los hechos relacionados con violencias a quienes ejercen la prostitución (54 casos), y las tentativas de feminicidio (16 registros).

Para Caribe Afirmativo, una organización que vela por los derechos LGBTIQ+, “este tipo de violaciones son hechos recurrentes que gozan de un alto índice de normalización y de complicidad social, por lo que se siguen legitimando, justificando y ocurriendo frente a la mirada omisiva de la justicia y la institucionalidad”, según explica su informe ‘No se mata lo que no se olvida’.

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Aunque no es un problema solo en Colombia, el país volvió a ocupar, por tercer año consecutivo, los primeros puestos de las listas negras de cifras donde las personas de identidad de género diversa son asesinadas. Por ejemplo, Colombia, después de Brasil, es el país latinoamericano donde más homicidios contra la población LGTBIQ+ se registraron. Pero a nivel mundial ocupa el cuarto puesto, con al menos 21 asesinatos acorde al conteo que lleva el Observatorio de Personas Trans Asesinadas. De acuerdo con las cifras de la Defensoría, las más afectadas por esta violencia son las mujeres trans: 26 feminicidios y al menos 171 casos de hechos violentos.

Para Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, esta violencia puede traducirse como una combinación de factores que tienen que ver con el entorno familiar y educativo. “Desde una falta de reconocimiento de la identidad de género y su diversidad, en el entorno laboral, que impone barreras. Nuestra cultura aún sigue siendo machista, que le teme a lo femenino porque lo ve desde lo débil y desde lo que nos han inculcado desde hace décadas”, dijo.

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