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La Corte Constitucional se pronunciará este miércoles sobre el futuro de la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, que prohíbe de forma progresiva las corridas de toros en Colombia. La norma, aprobada por el Congreso hace poco más de un año, enfrenta actualmente una demanda interpuesta por sectores taurinos, quienes alegan una supuesta vulneración al derecho a la cultura, al trabajo y otros aspectos constitucionales.
La ley fue impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, una de las voces más visibles del movimiento antitaurino en el país. En entrevista con El Tiempo, la congresista recordó que desde la aprobación de la norma “empezaron a llover una cantidad de demandas a la Corte Constitucional, con distintos cargos: el derecho a la cultura, el derecho al trabajo, cargos de forma”, dijo. La senadora señaló que el objetivo de estas acciones jurídicas es claro: tumbar la ley.
Según Hernández, lo que está en juego va más allá del texto legal. “Mañana nos jugamos no solamente la aprobación de una ley que se dio hace un año, sino toda la historia de una lucha social, una lucha del movimiento animalista, del movimiento antitaurino de décadas en Colombia”, afirmó a El Tiempo.
La congresista ha insistido en que la medida es constitucional y refleja una transformación profunda en la conciencia sobre el trato a los animales. “Lo que sucedió el año pasado simplemente fue la materialización de un rechazo generalizado de la ciudadanía a una práctica donde el centro del espectáculo es la tortura, la matanza, la muerte de un ser que tiene la misma capacidad de sentir dolor, miedo y angustia que nosotros”, agregó.
Hernández también destacó que esta discusión llega en un momento decisivo para el país. “Seguramente la ciudadanía no lo tiene tan claro, pero es un momento decisivo. Todo lo que hemos logrado existe un riesgo de que lo podamos perder, o —como espero y creo— que la Corte ratifique la constitucionalidad de la ley y quede en firme la prohibición en Colombia”, expresó.
En declaraciones previas, la senadora ya había subrayado que la ley fue aprobada cumpliendo todos los requisitos del procedimiento legislativo ordinario, lo que refuerza su legitimidad jurídica. Además, recordó que no es la primera vez que en Colombia se prohíben prácticas culturales por motivos éticos o ambientales, como ocurrió con el uso de animales en circos o la experimentación cosmética.
Sobre los argumentos de los demandantes, que apelan al carácter cultural de la tauromaquia, Hernández respondió que el concepto de cultura no debe ser usado para justificar el maltrato animal: “Estamos en otro momento de la historia del país y del mundo, donde hay otra conciencia. Jamás podrá llamársele justamente cultura a la tortura y al sufrimiento de un animal en razón de la diversión humana”.
La Corte Constitucional tiene ahora en sus manos una decisión clave, que determinará si la ley se mantiene vigente o si es declarada inexequible.
Nota del editor: El nombre de la ley que prohíbe la tauromaquia en el país es la Ley 2385 de 2024, no la Ley 2138 de 2024.
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