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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció nuevos avances en la investigación por la muerte de Limonar, un perro que hacía parte del equipo canino de seguridad del aeropuerto El Dorado de Bogotá y que9 falleció en 2023 en circunstancias que, según las autoridades, evidencian graves irregularidades.
Durante una visita de inspección, la entidad constató que la empresa Logiscan Limitada realizaba actividades con perros sin contar con la licencia de funcionamiento requerida y mantenía a los animales en condiciones inadecuadas. Limonar habría muerto por asfixia, en un hecho que inicialmente fue reportado como un accidente.
Ante estos hallazgos, la Superintendencia ordenó la suspensión inmediata de las actividades con caninos de dicha empresa y compulsó copias a la Fiscalía, la Policía Ambiental y el Instituto de Bienestar Animal para continuar con las investigaciones correspondientes.
El superintendente Larry Álvarez explicó que el caso fue retomado luego de haber permanecido detenido por varios meses. “El 7 de noviembre de 2023 recibimos una denuncia ciudadana con fotos y videos que mostraban el estado en el que se encontraba Limonar. Diez días después verificamos que la empresa no cumplía con las condiciones mínimas de bienestar ni con el cuidado adecuado de los animales a su cargo”, afirmó el funcionario.
Álvarez agregó que la entidad trabaja actualmente bajo un enfoque renovado, comprometido con el bienestar animal dentro del sector de la vigilancia privada. “El pasado 21 de octubre expedimos la resolución que reglamenta lo establecido en la Ley Lorenzo, norma que busca garantizar el trato digno y el reemplazo progresivo de los animales por medios tecnológicos en los servicios de seguridad”, precisó.
Asimismo, la Superintendencia abrió un proceso sancionatorio administrativo contra el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que había contratado los servicios de Logiscan sin la autorización correspondiente.
La Ley Lorenzo y el bienestar animal en la seguridad privada
La Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, establece estándares mínimos de alimentación, descanso, salud, atención veterinaria y entrenamiento para los animales que prestan servicios de vigilancia. También prohíbe métodos de adiestramiento basados en castigos o violencia y promueve su retiro digno.
El propósito de la norma es garantizar condiciones adecuadas mientras se avanza hacia la eliminación del uso de animales en la seguridad privada, reemplazándolos por sistemas tecnológicos.
Con estas medidas, la Superintendencia reafirma su compromiso de asegurar que los servicios de vigilancia se desarrollen bajo el respeto y la protección de los seres sintientes, y que casos como el de Limonar no vuelvan a repetirse.
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