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El 19 de septiembre es un día que para los mexicanos no es de grata recordación. En esa fecha, México conmemora el aniversario no de uno, sino de dos terremotos que sacudieron a la Ciudad de México, el último de ellos en 2017, que dejó 230 muertos y más de 6.000 viviendas afectadas.
Aunque los daños fueron inferiores a los del terremoto de 1985, en el que murieron cerca de 10.000 personas, los mexicanos todavía no se recuperan de lo ocurrido hace un año. Doce meses después del sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter, la ciudadanía reclama que la reconstrucción se ha demorado más de lo esperado y se pregunta cómo es que 23 años después del primer terremoto se sigan presentando los mismos problemas.
“Es indignante que cada vez que tiembla en Ciudad de México parece que tiembla por primera vez”, afirmó Héctor de Mauleon, periodista y escritor, a la Agencia France-Presse. “Se suponía que el sismo de 1985 marcaría un antes y un después, pero esto no ha ocurrido”, agrega.
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Es común la ocurrencia de sismos entre los estados de Puebla y Morelos. México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe.
Sin embargo, de acuerdo con ingenieros, investigadores y activistas, las autoridades no han aprendido las lecciones. Afectados por el terremoto, como Miguel Rodríguez, un hombre de 58 años, que se hizo administrador de su edificio en ruinas, afirman que la ayuda por parte del Gobierno es escasa y que gran parte de la responsabilidad se la han achacado a la sociedad civil. “Nos engañaron, se van lanzando la bolita y nos ponen trabas”, dice en entrevista con El País.
Así como muchos mexicanos, Rodríguez no pide nada extraordinario. Él y sus vecinos sólo quieren volver a sus casas, pero las soluciones que el Gobierno les ha propuesto no los convencen. Su edificio, aunque aguantó el temblor, quedó dañado. Los peritos de la Alcaldía indicaron que el bloque sufrió daños permanentes en las columnas y que requería de acciones inmediatas. Al principio, el Gobierno proponía un esquema de reconstrucción que no complacía a los vecinos. Les ofrecían dos opciones: o bien que pidieran créditos para costear la reforma, o que aceptaran programas de redensificación, esto es, construir más casas en el mismo lugar y pagar las viviendas de los viejos propietarios con las ventas.
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Y así como los vecinos de Miguel Rodríguez, la situación para muchos mexicanos es la misma. De hecho, para hoy, en horas de la mañana, está convocada una marcha de un grupo denominado Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que protestará, entre otras cosas, por las intenciones del Gobierno de “trasladar su responsabilidad de la reconstrucción a las personas damnificadas”.
Pero si en Ciudad de México las cosas no van bien, en los alrededores de la capital mexicana las obras prácticamente no han comenzado. La reconstrucción ha sido mucho más lenta en los estados centrales, también duramente afectados por el sismo, como en Morelos, a 120 km de la capital. Y todavía más en Oaxaca y Chiapas, en el sur, golpeados por un sismo de 8,5 el 7 de septiembre de 2017 que dejó 99 muertos.
Deslice para ver el antes y el después:
“En las grandes ciudades se ha avanzado bastante rápido, pero en las pequeñas poblaciones aledañas las cosas se han ido moviendo más lentamente”, cuenta a El Espectador Marcelo Fernández, jefe de la delegación de Médicos Sin Fronteras que atendió la emergencia hace un año. “La sociedad civil ha sido muy importante para poner sobre la mesa el tema, pues en varios de los asentamientos afectados todavía se ven ruinas y escombros”, explica el socorrista.
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Aunque el gobierno de Ciudad de México prometió un fondo de arranque de 90.000 pesos mexicanos (aproximadamente US$4.700), muchos de los damnificados se quejan de que ha sido imposible adquirir las ayudas. “Estamos en una etapa ambigua. Avanzamos, pero sufrimos un laberinto de trámites. Parece que están haciendo lo imposible para que no accedamos a los recursos”, señala Juan Pablo Guerrero, uno de los representantes de Damnificados Unidos, plataforma de vecinos de la capital afectados por el terremoto. “El tema de la ayuda gubernamental ha sido espinoso”, dice.
“Colgaron unas mantas de que las autoridades locales van a reconstruir gratuitamente, y nada. Hemos tenido que movernos por nuestra cuenta”, señaló Guadalupe Vázquez, una exmontañista de 80 años que habitaba uno de los 38 inmuebles colapsados en la capital y que ahora alquila una pequeña habitación en un departamento del mismo barrio.
Pero aunque las dificultades han sido varias, Guadalupe Vázquez y los demás vecinos de su complejo todavía guardan la esperanza de que pronto puedan volver a sus hogares. “Seguimos en pie de lucha, trabajando con las mismas ganas de siempre”, dijo Enrique Alcántar, otro habitante del inmueble, con una sonrisa y mirada esperanzadora.