Organizaciones ambientalistas pidieron este martes a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que restaure un fallo judicial de una jueza para ordenar el cierre de Alligator Alcatraz (Alcatraz de los Caimanes), el polémico centro de detención migratoria al oeste de Miami.
Los demandantes pidieron, en argumentos orales, reponer la decisión de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, quien el 21 de agosto pasado había fijado un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, una decisión que el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones bloqueó el pasado 4 de septiembre.
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Asociaciones ambientales como Friends of the Everglades demandaron a la Administración de Donald Trump y al Gobierno de Florida por la apertura de Alligator Alcatraz en julio de 2025 en medio de un área natural protegida con decenas de especies endémicas en peligro, como caimanes, panteras, cocodrilos y serpientes.
“Por nueve meses, Alligator Alcatraz ha dañado los Everglades en violación de la ley ambiental federal en terrenos públicos rodeados por la primera preserva nacional de nuestro país”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, en un comunicado tras la audiencia.
Tras estos argumentos, el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones resolverá el asunto de fondo y decidirá si ordena cerrar el sitio, que se ha convertido en un emblema de la política de detención de migrantes de la Administración de Trump.
La demanda de las agrupaciones ambientales argumenta que Florida no debió construir el centro sin un análisis de impacto ambiental, pues afecta a una zona con decenas de especies endémicas en peligro, además de denunciar la opacidad del sitio, cuya cifra oficial de detenidos se desconoce.
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Esta se suma a otro recurso legal de organizaciones que defienden migrantes, como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) y Sanctuary of the South, que han denunciado violaciones al debido proceso en ‘Alligator Alcatraz’.
Por esa otra demanda, una jueza federal ordenó el 27 de marzo al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que permita que los migrantes detenidos en el sitio accedan a abogados, mientras senadores demócratas exigieron una investigación por supuestos “abusos” en el sitio.
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