Hace casi dos años, en septiembre de 2024, Perú despidió con honores, como lo dispuso el entonces gobierno de Dina Boluarte, a pesar de las críticas, al exmandatario Alberto Fujimori, que estuvo preso por más de una década por delitos de lesa humanidad. Hubo luto nacional por tres días, un cortejo fúnebre que recorrió las calles de Lima y sus restos fueron velados en la sede del Ministerio de Cultura. Ahora, en unas horas decisivas para el país, su hija Keiko Fujimori se perfila como la ganadora de las elecciones presidenciales, en su cuarto intento por llegar a la Casa de Pizarro. Su contrincante, Roberto Sánchez, heredero político de Pedro Castillo, dijo que no reconocerá el gobierno de Fuerza Popular. Como ocurrió en la primera vuelta, y como ha pasado en elecciones pasadas, volvió a sonar el discurso del fraude electoral.
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“Falso demócrata”, así calificó el diario El Comercio al candidato de Juntos por el Perú en su editorial del miércoles. Dijo que aceptaría los resultados, pero 18 días después se contradijo: “La promesa duró exactamente lo que tardó en perder (...). La democracia no es un discurso que se enarbola como un traje que uno se pone cuando va ganando. O se lleva siempre, con todas sus incomodidades, o no se lleva en absoluto”. Y es que Perú, al menos en sus últimas elecciones, se ha movido en ese delicado péndulo. No es la primera vez que un candidato habla de fraude; incluso la misma Keiko Fujimori lo hizo en 2021, cuando su partido pidió anular 200.000 votos en medio de su disputa en las urnas con Castillo.
En los comicios de los últimos años, que se han definido por márgenes muy estrechos, se ha visto a quien resulta perdedor como una caja de resonancia de reclamos de vicios e irregularidades, y no es algo muy distinto a lo que se está escuchando ahora. En el fondo, “esto es simplemente la continuación de un comportamiento electoral que se viene teniendo desde al menos las últimas tres elecciones, tras las cuales el rival se ha negado a reconocer la derrota”, aseguró Gonzalo Banda, analista político e investigador doctoral en la University College London (UCL).
En abril, cuando se desarrolló la primera vuelta presidencial, esos reclamos (sin pruebas) vinieron de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien aseguró que hubo fraude y llamó a la insurgencia. La diferencia con Sánchez, al menos según Banda, es que el también empresario tuvo una concentración de votos urbana y sobre todo limeña, y eso limitó su capacidad de convocar movilizaciones. En cambio, el candidato de izquierda sí tiene un importante respaldo en las zonas rurales, y su postura puede llevar las tensiones alrededor de las elecciones a una escalada mayor. Más si se tiene en cuenta que en las últimas horas fue aprobada por el Congreso, favorable a Fujimori, una ley que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria.
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Esa iniciativa, apoyada en gran medida por las bancadas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, corre el riesgo de caer en la impunidad y de que los agentes no midan la fuerza ni respondan ante la ley, de acuerdo con lo dicho por algunas voces desde el Legislativo, donde también se hizo un llamado al fujimorismo: que, de llegar al Gobierno, elimine “las malas prácticas” que tuvo durante el tiempo de Alberto Fujimori. Otras más, en cambio, hicieron una defensa del fuero militar y policial.
“Hay una pirámide generacional que cada vez es más mayor y ya no le tiene tanta aversión al proyecto de Keiko Fujimori, si además se tiene en cuenta que su padre murió con un funeral de Estado”, precisó Banda: “Esa es una paradoja. Las nuevas generaciones no tienen muchos recuerdos del gobierno de Alberto Fujimori, sumado a que en el mundo se está votando más por proyectos de derecha”. Entonces, existe y persiste la histórica dicotomía entre fujimorismo y antifujimorismo, pero el trasfondo del asunto responde más a un desprecio por la democracia.
Hay una crisis de confianza, y eso en parte se refleja en el hecho de que Fujimori y Sánchez pasaron a la segunda vuelta presidencial con unos porcentajes que apenas superaban el 18 % de los apoyos dentro de todo el censo electoral. Además, de cara a los comicios de abril, una encuesta de Ipsos reveló que tres de cada cinco peruanos, el 61 % de ellos, evitarían confiarle las llaves de su casa a cualquiera de los postulantes a la Presidencia. De acuerdo con el Barómetro de las Américas, solo el 17 % de los ciudadanos dijo tener confianza en las elecciones en el último año, confirmando una tendencia a la baja desde al menos 2012 y teniendo en cuenta los valores para toda América Latina, que desde entonces han oscilado entre el 44 % y el 39 %.
“En Perú no hay partidos políticos que puedan canalizar la demanda ciudadana desde una racionalidad”, concluyó Banda: “El Estado y los peruanos tienen una relación asimétrica, pues no los socorre en salud, educación, en seguridad, y, además, los ha desencantado. Eso se vio, por ejemplo, con Pedro Castillo, quien recibió un mandato reformista y, en lugar de apuntar a reformas, formó un gobierno improvisado e intentó un autogolpe. Eso colapsó. Luego llegó Dina Boluarte y decepcionó al electorado al decidir liderar con la derecha”. En lugar de una reconciliación, hubo represión y muerte: “La gente tiene muchas razones para preguntar qué clase de democracia es de la que le hablan”. Se prevé, entonces, más inestabilidad. Aunque el peruano se ha acostumbrado a ello, está aún en juego el difícil camino que ha recorrido el país desde el fujimorismo para reconstruir en algo sus instituciones.
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